La Junta de Castilla y León ha avanzado este jueves, 1 de octubre, que recurrirá los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de España a raíz del desahucio de Maricarmen en Madrid en caso de que estos sean convalidados en el Congreso de los Diputados.
Así lo ha trasladado el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, tras el Consejo de Gobierno, una vez ha considerado que estos "perjudican los intereses de Castilla y León" e "invaden claramente competencias autonómicas".
Carriedo ha defendido la posición del Ejecutivo autonómico en esta materia, que aboga por actuaciones dirigidas a aumentar la oferta de vivienda y por dar "estabilidad, seguridad y confianza" jurídica para que los propietarios puedan sacar sus viviendas al mercado.
Sin embargo, los dos nuevos decretos aprobados por el Gobierno ha considerado que "complican" estos objetivos y generan "más inseguridad jurídica, menos confianza, desincentivan poner las viviendas en alquiler y no facilitan el aumento de la oferta mediante nueva construcción".
Por ello, ha avanzado "un efecto absolutamente distinto del que se anuncia que se pretende" y ha lamentado que no se haya tenido en cuenta la opinión de las comunidades autónomas a la hora de elaborarlos, ya que hay alguna cuestión que afecta a sus competencias.
"No se nos ha querido escuchar. Ha habido una exclusión total de las comunidades y sobre nosotros recae una serie de obligaciones como que nos imputan en algunas circunstancias cuando un inquilino no pague la vivienda, que lo vamos a tener que hacer nosotros", ha señalado.
Es un "trabalenguas"
También ha calificado como un "trabalenguas" el hecho de que los decretos se hayan dividido en dos paquetes diferentes, provocando que el sábado "no sabemos si la legislación será la misma que teníamos el miércoles, el jueves o viernes".
De la misma manera, ha cargado contra la "política equivocada" actual del Gobierno nacional cuyo resultado ha sido que la "vivienda ha pasado a convertirse en el primer problema de los españoles".
Por otro lado, ha reivindicado las políticas que impulsa la Junta dirigidas a "ofrecer vivienda, dar seguridad jurídica e intentar que los jóvenes puedan acceder".
Es por ello por lo que ha avanzado que estudiarán a fondo los decretos para presentar a la postre los correspondientes recursos en el caso de que estos sean convalidados en el Congreso de los Diputados.
"Son medidas claramente contrarias a los intereses de nuestra comunidad autónoma, detraen oferta, crean inseguridad jurídica e invaden competencias autonómicas", ha insistido el portavoz.
Asimismo, ha avanzado que desde la Junta mantendrán su posición de "no adherirnos a las zonas tensionadas", ya que ha considerado que "el tiempo nos ha dado la razón".
"Donde hay más problemas de vivienda, donde más desahucios es en las comunidades donde han desarrollado esta política de zonas tensionadas. Ha servido para reducir la oferta y nos encontramos con muchas personas sin posibilidad de acceder. Esto ha fracasado totalmente en España", ha concluido Carriedo.