La nueva vuelta de tuerca a la regulación del alquiler, el famoso ‘decreto Maricarmen’, ha encendido las alarmas entre los propietarios de viviendas en Valladolid.
La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid (CAMPRUVA) advierte de que la acumulación de nuevas obligaciones, prórrogas e indemnizaciones puede terminar provocando un efecto contrario al que persigue la norma.
Es decir, que cada vez más propietarios decidan no poner sus viviendas en el mercado del alquiler.
La advertencia llega después de la entrada en escena del segundo Real Decreto-ley en materia de vivienda, al que en algunos ámbitos se ha comenzado a denominar coloquialmente ‘decreto Maricarmen’.
Una denominación que se ha utilizado para referirse a este nuevo paquete de medidas y que ha empezado a circular en el debate sobre la vivienda.
Desde ayer, según explica CAMPRUVA, numerosos propietarios han acudido a la organización para trasladar su “alarma y desconcierto” ante las nuevas medidas.
Algunos, asegura la Cámara, ya estarían estudiando cambiar el destino de sus inmuebles: venderlos, retirarlos del alquiler habitual o recurrir al alquiler temporal.
La organización considera que el nuevo escenario llega, además, en un momento especialmente delicado para el mercado inmobiliario, marcado por la escasez de vivienda disponible para alquilar.
Su temor es que el incremento de las obligaciones para los arrendadores termine reduciendo todavía más la oferta.
Uno de los puntos que más preocupa a los propietarios es el régimen de prórrogas. Una vez transcurridos los cinco años mínimos de duración del contrato —siete cuando el arrendador sea una persona jurídica—, los alquileres podrán quedar sujetos a prórrogas sucesivas de cinco años, o siete en el caso de las personas jurídicas, salvo que alguna de las partes comunique su voluntad de no prorrogarlo.
En el caso del propietario, esa comunicación deberá realizarse con seis meses de antelación.
A esta previsión se añade otra de las novedades que CAMPRUVA considera especialmente relevante: si el arrendador comunica válidamente su voluntad de no prorrogar el contrato, deberá indemnizar al inquilino con una cantidad equivalente, como mínimo, a doce mensualidades de renta de una vivienda de características análogas.
Para la Cámara, la combinación de ambas medidas incrementa los riesgos asociados a la decisión de alquilar una vivienda.
“Si cada vez resulta más difícil recuperar una vivienda, más costoso finalizar un contrato y mayor la incertidumbre sobre las condiciones futuras, el propietario puede optar sencillamente por no alquilar”, advierte CAMPRUVA.
El temor a un efecto contrario
La organización vallisoletana considera que la sucesión de cambios normativos puede modificar el comportamiento de los propietarios y generar un efecto no deseado sobre el propio mercado del alquiler.
El razonamiento de la Cámara es que, si una parte de los propietarios decide retirar sus viviendas del mercado residencial, la oferta disponible podría reducirse todavía más. En un contexto de escasez, CAMPRUVA sostiene que esa menor disponibilidad podría traducirse en una mayor tensión sobre los precios y en más dificultades para quienes buscan una vivienda.
La preocupación se extiende también al conjunto del mercado inmobiliario.
Según la Cámara, el aumento de la incertidumbre puede influir en las decisiones de quienes ya tienen viviendas alquiladas y de quienes estaban valorando incorporar nuevos inmuebles al mercado.
El nuevo decreto se suma, además, a las medidas aprobadas apenas un día antes mediante el primer Real Decreto-ley de vivienda, que ya contemplaba una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos vigentes.
Para CAMPRUVA, esta sucesión de modificaciones concentra en muy poco tiempo nuevos condicionantes sobre los propietarios.
La Cámara reclama por ello un análisis de las consecuencias que el nuevo marco puede tener a medio y largo plazo.