PP y PSOE han acordado este miércoles la continuidad de Tomás Quintana como Procurador del Común de Castilla y León durante un segundo mandato, después de que estuviera pendiente su renovación desde hace casi cuatro años.
Así lo recoge el escrito dirigido al presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, y firmado por la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, y por el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, que se ha registrado pasadas las 13:55 horas de este miércoles.
Quintana, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, fue elegido procurador del Común por el pleno de las Cortes el 10 de octubre de 2018, por lo que estaba a punto de cumplir cuatro años con el mandato caducado.
Entonces la Cámara tenía 84 procuradores y llegaba a su fin la novena legislatura. En aquel momento, PP y PSOE acordaron su nombramiento en sustitución de Javier Amoedo. La oposición −Podemos, Ciudadanos, IU y UPL− se abstuvo por no haberles hecho partícipes del consenso.
De acuerdo a la ley de creación de la institución, la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común es la encargada de presentar a la Mesa de las Cortes el nombre del candidato para su elección por el pleno de la cámara.
Su titular es elegido para un periodo de cuatro años por una mayoría de tres quintos, pero puede ser reelegido para un segundo, como en este caso. No obstante, la ley de altos cargos establece un límite de dos mandatos o un máximo de ocho años, condición que en unos días impedía que fuera reelegido.
Tomás Quintana es el tercer Procurador del Común. El primer titular de la institución, creada en 1994 y recogida en el Estatuto de Autonomía, fue Manuel García Álvarez, catedrático de Derecho Constitucional de la ULE, entre los años 1995 y 2005.
Fue sustituido por el entonces fiscal jefe de la Audiencia de León, Javier Amoedo, quien ostentó el cargo desde noviembre de 2005 hasta octubre de 2018.
Renovaciones pendientes
El acuerdo político de PP y PSOE deja pendiente todavía la renovación de otras instituciones, el Consejo Consultivo y el de Cuentas, cuyos presidentes, Agustín Sánchez de Vega, y de Cuentas, Mario Amilivia, tienen también vencidos su mandato desde hace tres años y medio.
Ambos fueron elegidos, por un pacto PP-PSOE, en febrero de 2019, cuando llegaba a su fin la novena legislatura, la del empate a 42 procuradores.
Particular es la situación del Consejo Consultivo, donde cesó el expresidente Juan Vicente Herrera, así como María del Valle Ares González, nombrada secretaria general de la Consejería de Educación.
Actualmente, sus miembros son el presidente, Agustín Sánchez de Vega, y el consejero electivo Francisco Ramos, nombrado a propuesta del PSOE.
Finalmente, sigue pendiente de renovación el Consejo Económico y Social (CES), ya que su presidente, Enrique Cabero, debería haber sido reelegido o relevado hace casi tres años.
El salmantino, experto propuesto por la Junta, fue elegido en noviembre de 2019 por unas Cortes en las que el PSOE era el grupo mayoritario.