El Grupo Popular ha logrado el apoyo de la mayoría de las Cortes de Castilla y León para exigir al Gobierno de España que paralice la tramitación del real decreto por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado.
La iniciativa −que ha contado con 49 votos a favor, 30 en contra y tres abstenciones− reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez, además, que destine la cuantía de 90 millones de euros al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con el fin de financiar políticas de vivienda en el conjunto de las comunidades autónomas.
Los populares han señalado que este real decreto es "la prueba del fracaso del control de precios, ya que el Estado tiene que financiar los efectos negativos de la medida y que su resultado es una contracción de la oferta de vivienda".
"Ante ello se tienen que financiar a aquellas comunidades para la promoción de viviendas, la urbanización de suelo, la adquisición de viviendas o el aval de rentas, resultando claramente discriminatorio para las comunidades que no son beneficiarias de tales ayudas", han apuntado.
El procurador popular José Luis Sanz Merino ha asegurado que el real decreto "penaliza a las comunidades que rehúsan aplicar la intervención de precios". "Es la prueba del fracaso de las políticas de vivienda de la izquierda", ha afirmado.