El segundo pleno ordinario del curso político en las Cortes de Castilla y León, celebrado este martes, nació ya cargado de eco nacional. No era una sesión de trámite ni un debate técnico sobre competencias autonómicas. Era el primer gran escenario parlamentario en el que PP y Vox trasladaban al hemiciclo su pulso con Pedro Sánchez.
La inmigración ocupaba el centro. Ceuta era la herida abierta. El campo y las carreteras de Ávila servían de pórtico. Y el relato de fondo no dejaba margen a la duda: PP y Vox no llegan divididos ni a la política migratoria ni al reproche por la gestión de la crisis en la frontera sur.
En el ambiente se respiraba algo más que control al Ejecutivo autonómico. Se discutía quién tiene derecho a las ayudas públicas, qué significa ser tierra de acogida, hasta dónde llega la tutela de 164 menores y si Ceuta es la prueba de que el Gobierno de España no ha defendido las fronteras.
El PSOE eligió el terreno moral y humanitario. El Gobierno autonómico, el de la legalidad, el arraigo, la saturación de plazas y la acusación directa a Moncloa. Entre ambos, un pacto de coalición que ya no se esconde: prioridad nacional, requisitos de vinculación al territorio y repatriación como horizonte político.
La defensa del campo
La sesión arrancó a las 17:30 con esa tensión contenida. Antes de que el bloque migratorio ocupara el centro del debate, el sector primario sirvió de primer choque entre el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, y Mañueco.
Martínez no preguntó solo por ayudas, precios o sequía. Preguntó por lealtades y quiso saber de qué lado se sitúa la Junta cuando el campo protesta. Mañueco aseguró que el Gobierno de Castilla y León "siempre trabaja por el sector primario".
"Aquí la pregunta que nos hacemos todos es con quién está usted. Usted está con el ministro Planas", lanzó el presidente de la Junta, que acusó al titular de Agricultura de estar "de fiesta en la embajada de Marruecos cuando Ceuta estaba siendo invadida".
El cierre fue seco y calculado: "Ha quedado todo bien claro, usted con Planas y este Gobierno con los agricultores y ganaderos".
"Hechos y no palabras huecas"
El socialista convirtió su respuesta en un reproche de inacción. "Hechos y no palabras huecas es lo que le está reclamando el campo en Castilla y León. No le pido que controle el precio mundial del petróleo, le pido que deje de engañar al campo". Le exigió ejercer competencias, usar su influencia en el partido, en España y en Europa, y "de una vez por todas" gobernar la Comunidad.
Mañueco respondió con el tono de quien no quiere discutir lealtades simbólicas, sino balances. "Nuestros agricultores y ganaderos tienen retos lo suficientemente importantes que afrontar y no merecen su demagogia", dijo.
Enumeró las rebajas fiscales que sostiene la Junta: el 50% del IVA de la luz y el gas, el 66% del impuesto de hidrocarburos y el 100% del de electricidad. Cifró en 164 millones las ayudas desde marzo a agricultores, ganaderos, transportistas y familias. "Es la Junta la que ayuda", insistió.
Después llevó el debate al terreno en el que el PP se siente más cómodo: la PAC. Anunció un anticipo de 600 millones "antes que nunca y como siempre los primeros" y reivindicó haber negociado con las OPAS una postura común.
El golpe al PSOE fue directo. "Dónde estaban ustedes, si es que salieron corriendo, prefirieron quedarse fuera de ese acuerdo", le espetó Mañueco a Martínez.
Y cerró con una frase de desgaste: "El campo de Castilla y León ni les apoya ni cree sus palabras porque ustedes abandonaron a los agricultores y ganaderos, por eso este Gobierno tiene su respaldo y ustedes su rechazo", señaló.
El desdoblamiento de la M-501
El pleno cambió entonces de geografía. El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, llevó a Mañueco al sur de la provincia abulense, al desdoblamiento de la CL-501 y a su vínculo con la M-501 madrileña.
No era un asunto menor. Es una reivindicación antigua, cruzada de informes, recursos y expectativas vecinales. El presidente no prometió milagros. Reconoció que el proyecto "ha sido frenado por distintos motivos: unas veces razones técnicas, otras razones ambientales e incluso razones judiciales".
Añadió que cualquier actuación en esa parte de la Comunidad "se tiene que hacer de la mano y en plena coordinación con la Comunidad de Madrid".
Mañueco habló de contactos "a los más altos niveles" y de una posible "variante global de tres municipios", siempre con los ayuntamientos. Dejó una puerta abierta: la ampliación del desdoblamiento de la M-501 "puede facilitar el desdoblamiento de la CL-501".
Y desplazó el foco hacia un plan más amplio de dinamización del Valle del Tiétar, en la zona afectada por los incendios, con más de 64 millones para carreteras estratégicas, además de la bonificación de peajes a conductores recurrentes.
"Seguimos trabajando con seriedad y con responsabilidad", zanjó.
El choque por la inmigración
Hasta ahí, el pleno había sido duro, pero previsible. El verdadero choque político llegó entre la socialista Nuria Rubio y el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta, Carlos Pollán, de Vox.
La socialista formuló la pregunta que resume el temor de la izquierda al pacto PP-Vox: si la Junta garantiza que nadie será discriminado en el acceso a las ayudas públicas por razón de su origen. No era una duda administrativa. Era una acusación anticipada.
Pollán no eludió el acuerdo de gobierno ni buscó ambigüedad. "El acuerdo de Vox y PP establece el principio de prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas públicas siempre dentro de la legalidad vigente", recordó.
Añadió que "ninguna persona será discriminada por razón de su origen" y devolvió el golpe al PSOE: "Busque otro argumento para convencer a los votantes socialistas que ya creen en la prioridad nacional", le espetó a Rubio.
Ahí se vio la unidad. No hubo distancia entre el lenguaje de Vox y el marco que sostiene la parte popular del Ejecutivo autonómico. Rubio intentó romperlo con un relato de pertenencia. "Quien vive aquí, trabaja aquí y contribuye aquí pertenece a Castilla y a León, no es menos por haber nacido en otro territorio", señaló.
Advirtió que "jugar" con ese derecho "no es gobernar, es decidir quién merece ayuda y quién no según sus prejuicios y sus odios". Y llevó el debate a los 164 menores tutelados. "Son niños y niñas solos, lejos de sus familias y bajo su responsabilidad", aseguró.
La procuradora socialista acusó al Gobierno autonómico de "utilizar a niños y niñas vulnerables para fabricar miedo" y de enfrentar a "quienes nacimos aquí con quienes vinieron después".
El dardo más duro fue para Mañueco: "Puso al zorro a cuidar al gallinero y lo vamos a pagar muy caro". El cierre fue personal e institucional a la vez. "El racismo no entra solo en las instituciones, alguien tiene que abrirle la puerta, y en esta comunidad el señor Mañueco siempre tendrá ese infame honor", zanjó.
Pollán respondió con doctrina. "Igualdad no equivale a ausencia de requisitos y prioridad no significa discriminación", aseguró. Las ayudas, dijo, deben otorgarse con criterios objetivos y transparentes, inspiradas en un periodo mínimo de arraigo, en la exclusión de quienes estén en situación irregular y en la trayectoria de contribución.
"Cuando se administran recursos públicos limitados se debe tomar en consideración la vinculación efectiva de las personas con el territorio", añadió. Insistió en que la prioridad nacional "no consiste en excluir a nadie, siempre dentro de la legalidad".
Y no dejó pasar la ofensiva personal: "Esta semana Martínez se ha permitido llamarme ilegal, pero a los líderes de su grupo los ha elegido Ábalos, Cerdán y Sánchez", recordó.
Una "tierra de acogida"
El mismo eje recorrió el intercambio entre la viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, y la vicepresidenta segunda, la popular Isabel Blanco. La socialista preguntó si Castilla y León sigue siendo "tierra de acogida".
Blanco no dudó. "Sí. Cualquier persona que quiera venir a trabajar, a integrarse y a cuidar tiene una oportunidad en Castilla y León", señaló.
Gómez Urbán aceptó la premisa para invertirla. "Estoy de acuerdo, los castellanos y leoneses son solidarios, los que no lo son son ustedes". Su tesis fue de involución política. El discurso del PP, dijo, ha cambiado "en la medida que involucionaba el discurso de su líder, el señor Feijóo".
Recordó que en la Comunidad "había espacio para 244 menores ucranianos y ahora 164 supera la capacidad". Lo que ha cambiado, según ella, no es la capacidad real de la Comunidad, sino el miedo a "cabrear a sus socios de Gobierno" para que no se vayan como en 2024.
Blanco no aceptó ese marco. Situó el cambio no en Génova, sino en Ceuta, y convirtió la pregunta en un ataque a la gestión del PSOE. "Yo he reclamado siempre una política migratoria inexistente, competencia del Gobierno de España. ¿Qué ha cambiado? Ceuta ha cambiado", señaló.
Dijo haber pedido control de fronteras cuando llegaban pateras a Canarias y que el Gobierno no hizo nada. Ahora, con Sánchez "de vacaciones", habló de "una invasión en Ceuta".
Y cerró con la frase más nítida de la tarde: "Ustedes no han defendido las fronteras españolas porque Ceuta es la frontera sur de España y de Europa y aunque les pese a ustedes ahora mismo, Ceuta es España".
Ahí se cerró el círculo. PP y Vox no solo cerraron filas en defensa de la prioridad nacional que recoge su acuerdo de Gobierno en Castilla y León.
También usaron Ceuta como prueba de cargo contra Sánchez: una frontera desbordada, la ausencia de control y un Ejecutivo central al que acusan de imponer a las comunidades las consecuencias de una crisis que no ha contenido.