Castilla y León quiere poner menos trabas administrativas a quienes instalen placas solares para autoconsumo o nuevos puntos públicos de recarga para vehículos eléctricos.
El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este jueves el proyecto de modificación del decreto que regula las autorizaciones de las instalaciones eléctricas en la Comunidad, una reforma que afecta especialmente a las instalaciones de menor potencia y que pretende reducir los permisos necesarios para ponerlas en funcionamiento.
La medida tendrá impacto, según las estimaciones de la Administración autonómica, sobre más de 5.000 instalaciones de autoconsumo que se tramitan cada año en Castilla y León.
Los datos de 2025 reflejan unas 5.000 instalaciones de menos de 100 kilovatios (kW) y alrededor de otras 25 de entre 100 y 500 kW.
La Junta considera que la cifra podría aumentar una vez entre en vigor la modificación, al reducirse parte de la carga administrativa asociada a estos proyectos.
¿Qué cambia para quien quiera instalar placas solares?
Hasta ahora, determinadas instalaciones eléctricas debían pasar por diferentes autorizaciones administrativas —previa, de construcción y de explotación— antes de poder ponerse en servicio, además de repetir parte de estos trámites cuando se realizaban ampliaciones o modificaciones.
El nuevo decreto introduce cuatro apartados en el artículo 3 para establecer excepciones y procedimientos más sencillos.
Una de las principales novedades afecta a las instalaciones de distribución y a las de producción de hasta 500 kW.
Cuando sea necesario realizar modificaciones para conectar nuevos suministros, podrán obtener directamente la autorización de explotación sin tener que solicitar previamente las autorizaciones administrativa previa y de construcción.
Para acogerse a este procedimiento deberán cumplirse varias condiciones: que la actuación no esté sometida a evaluación de impacto ambiental, que existan los acuerdos necesarios con los particulares afectados y que se disponga de los informes favorables de las administraciones y empresas de servicios de interés general que correspondan.
El cambio también alcanza de forma específica a las instalaciones de autoconsumo de hasta 100 kW conectadas a redes de baja tensión.
En estos casos, si se cumplen los requisitos establecidos, la autorización de explotación podrá acreditarse mediante la correspondiente certificación reglamentaria, siempre que esté debidamente registrada ante el órgano competente.
En la práctica, el objetivo es que buena parte de las instalaciones de menor tamaño puedan pasar por un procedimiento administrativo más sencillo.
También para los puntos de recarga
La reforma está vinculada además al despliegue de nuevas infraestructuras de recarga pública para vehículos eléctricos. La reducción de trámites busca facilitar la conexión de estos puntos a la red y acompañar el crecimiento de la movilidad eléctrica en la Comunidad.
Castilla y León parte, además, de una posición destacada en este ámbito. El último Barómetro de Electromovilidad de ANFAC, correspondiente a junio de 2026, sitúa a la Comunidad en el primer puesto de su indicador de infraestructuras de recarga eléctrica, con 23,7 puntos sobre 100.
El indicador coloca a Castilla y León por delante de Cantabria, con 22,2 puntos, y Navarra, con 21,7, mientras que la media nacional se sitúa en 15,4 puntos. Se trata de un indicador que mide el grado de desarrollo de la infraestructura de recarga pública.
Más de 3.600 puntos de recarga públicos
En la actualidad, Castilla y León cuenta con 3.659 puntos de recarga de acceso público. De ellos, 470 superan los 250 kW de potencia y se consideran puntos de alta potencia.
Este tipo de cargadores permite reducir los tiempos necesarios para recuperar autonomía y acercarlos a los tiempos asociados al repostaje de los vehículos con motor de combustión, aunque el tiempo concreto depende de factores como la potencia del cargador y las características del propio vehículo.
La modificación del decreto pretende así actuar sobre uno de los pasos previos al despliegue de estas instalaciones: los procedimientos administrativos necesarios para su autorización y conexión.
El cambio afecta tanto a las nuevas instalaciones como a determinadas ampliaciones y modificaciones de las ya existentes y forma parte del proceso de simplificación administrativa aplicado por la Junta al ámbito de las instalaciones eléctricas.