La Junta de Castilla y León y las nueve diputaciones provinciales han firmado este miércoles, 16 de septiembre, la renovación del acuerdo de colaboración para gestionar el fondo de cohesión territorial, que incorpora, como novedad, un criterio de solidaridad.
El objetivo es reforzar su impacto en las provincias con mayor dificultad demográfica. El plan dispone de una dotación anual de 20 millones de euros para financiar proyectos de inversión en obras e infraestructuras definidos por los ayuntamientos en el ámbito rural.
Según ha explicado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, el criterio de solidaridad destinará más aportaciones económicas a las zonas con una mayor dificultad demográfica, que será cuantificada "a través de la tasa de paro y del nivel de despoblación de cada provincia".
Los proyectos permitirán impulsar obras para reforzar servicios locales básicos, como el arreglo de plazas y calles, el abastecimiento de agua, la adecuación de edificios municipales, el mantenimiento de parques o la instalación de alumbrado.
Este modelo de financiación estable y anual es mantenido por la Junta desde 2014 y está destinado a apoyar a las corporaciones locales en el ejercicio de sus competencias y en la prestación de los servicios públicos, fruto del acuerdo firmado por las principales fuerzas políticas de las Cortes de Castilla y León.
Dicho modelo se articulaba en un inicio a través del fondo de participación en los tributos propios y del fondo de cooperación local general, pero, en 2022, a esta financiación se le sumó el nuevo fondo de cohesión territorial.
La dotación de 20 millones anuales permitió incrementar en más de un 24% los recursos que se destinan a las entidades locales.
Asimismo, la aportación de las diputaciones y de los propios ayuntamientos contribuirá a movilizar en 2026 un mínimo de 33,2 millones de euros.
El nuevo criterio de solidaridad se refleja en el reparto establecido para 2026, con el que varias provincias reciben un porcentaje del fondo superior al que les correspondería si se aplicaran exclusivamente los criterios generales de financiación local.
De esta forma, Soria obtiene un 102% más, Zamora un 33%, Palencia un 19% y Ávila un 14%.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en la firma del Fondo de Cohesión Territorial de la Junta.
Con el objetivo de favorecer la gestión administrativa y económica del fondo, la Junta y las nueve diputaciones han suscrito este miércoles la adenda al convenio que articula su colaboración.
Concretamente, las instituciones provinciales participan en la cofinanciación y gestión de las inversiones correspondientes a los municipios de menos de 1.000 habitantes, mientras que la Junta asume la gestión para los de más de un millar de vecinos.
Este fondo beneficia a los 2.232 municipios de Castilla y León con menos de 20.000 habitantes, lo que representa el 99,3% del total.
En el caso de los de menos de 1.000 habitantes, la Junta asume el 50% de la inversión, la diputación correspondiente el 25% y el ayuntamiento se encarga de financiar el 25% restante.
De esta manera, el sistema llega a los 2.008 municipios de menos de 1.000 vecinos de la Comunidad, en los que viven cerca de 430.000 personas. En la resolución correspondiente a 2026, estas localidades disponen de más de 9,8 millones de euros de aportación del Ejecutivo autonómico.
González Gago ha querido poner en valor el papel de las diputaciones provinciales, "cuya labor es fundamental para el funcionamiento de los municipios, y que conocen la realidad local mejor que cualquiera".
Respecto a los 224 municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes, donde viven más de 700.000 personas, la Junta destinará cerca de 10,2 millones, que representan el 75% del coste de las actuaciones.