Comisiones Obreras (CC.OO.) alertó que el coste de la vivienda "se aleja cada vez de los salarios de los trabajadores", por lo que reclamó a la Junta de Castilla y León "medidas urgentes y efectivas con parques públicos de alquiler social, que analice la declaración de zonas tensionadas y convertir las ayudas a la vivienda en un derecho subjetivo".
El sindicato señaló que los salarios medios en la Comunidad "no crecen al ritmo que sube el coste de la vida", por lo que advirtió que el problema de la vivienda "se agrava por la pérdida de poder adquisitivo y genera una brecha, cada vez mayor, entre lo que cuesta vivir y lo que se cobra en el mercado laboral".
"Con los salarios actuales, pagar una vivienda se ha convertido para muchas personas en un esfuerzo inasumible. No podemos aceptar que tener un empleo no sea suficiente para poder acceder a una vivienda digna", señaló la secretaria autonómica de Mujeres, Políticas Sociales, Vivienda de Comisiones Obreras, Yolanda Martín.
El sindicato consideró "especialmente preocupante" la situación en las capitales de provincia, donde el precio del alquiler absorbe una parte cada vez mayor de los ingresos salariales.
Para CC.OO., el problema no puede abordarse únicamente desde la perspectiva del mercado inmobiliario, sino que debe analizarse también como "un problema laboral, salarial y de desigualdad".
"No podemos hablar de empleo de calidad si una persona que trabaja no puede permitirse una vivienda. El salario debe permitir vivir, no únicamente trabajar para pagar el alquiler", añadió Martín.
Ante esta situación, CC.OO. reclamó a la Junta que "deje de abordar la vivienda mediante medidas aisladas y ponga en marcha una estrategia pública de vivienda a largo plazo, con recursos suficientes y objetivos" acordados en el Diálogo Social.
Entre las principales propuestas del sindicato se encuentran incrementar "sustancialmente" el parque público de vivienda, especialmente en régimen de alquiler social; garantizar que las viviendas públicas mantengan de forma permanente su condición de protegidas y no puedan terminar en el mercado especulativo.
También reconocer el acceso a una vivienda asequible como un derecho subjetivo, con ayudas estables y no dependientes exclusivamente de convocatorias; declarar zonas tensionadas allí donde el precio de la vivienda dificulte el acceso de la población trabajadora.
Además, actuar sobre los pisos turísticos y los alquileres de temporada cuando reduzcan la oferta de vivienda residencial; crear un Fondo Público de Vivienda Asequible que permita aumentar de manera sostenida la oferta pública y contar con un registro de viviendas vacías.
Y establecer mecanismos para incorporarlas al alquiler residencial; reforzar los programas públicos de alquiler asequible y seguro, con la administración como garante; incrementar las políticas de rehabilitación y eficiencia energética, especialmente en viviendas y barrios con mayor vulnerabilidad.
Por último, desarrollar políticas específicas para garantizar el acceso a la vivienda en el medio rural y en los municipios de menor tamaño.
El sindicato demandó asimismo a la Junta que "cumpla y desarrolle el Plan de Vivienda Estatal en su totalidad".
También que se articulen todas estas medidas y se permita "desarrollar una política autonómica estable, coordinada con los ayuntamientos y diputaciones y basada en el principio de que la vivienda es un derecho y no un bien exclusivamente sometido a las reglas del mercado".