El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, ha advertido a la Consejería de Sanidad de la necesidad de justificar y fiscalizar con la máxima rigurosidad las contrataciones temporales de médicos de familia extracomunitarios.
La resolución llega tras la investigación abierta a raíz de una queja por la presencia de cinco facultativos sin el título de especialista en un centro de salud del norte de la provincia de Palencia.
Eso sí, la Institución del Defensor del Pueblo autonómico aclara que los profesionales sí cuentan con la titulación general de Medicina homologada en España.
Desmintiendo la carencia absoluta de título señalada por la reclamación inicial, pero subraya que la homologación no equivale al reconocimiento oficial de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.
El informe del Común incide en que la acuciante falta de médicos de familia en el sistema público y en las bolsas de empleo justifica recurrir a medidas excepcionales para asegurar la atención rural.
Sin embargo, recuerda que estas vías de contratación urgente no pueden perpetuarse como "una solución estructural".
“La escasez de profesionales es una circunstancia objetiva, pero no permite prescindir de los requisitos de cualificación profesional establecidos por la normativa”, advierte el Procurador del Común en su resolución remitida a la Consejería de Sanidad.
La Junta responde
Para justificar la contratación temporal de estos cinco médicos con título homologado de Medicina pero sin especialidad reconocida, la Junta apela al marco del Real Decreto-ley 30/2021 de medidas urgentes ante la crisis sanitaria.
Este mecanismo permite nombramientos asistenciales mediante períodos sucesivos de tres meses hasta un tope máximo de doce meses de duración.
También justifica que son "contrataciones que se encuadran en la actual situación excepcional, por lo que tienen carácter temporal y extraordinario, justificado por la imposibilidad de cobertura por parte de especialistas, sin consolidación de plaza ni reconocimiento de la condición de especialistas".
Además, deja la situación en manos del Gobierno central, ya que "La solución a este problema [...] excede del ámbito competencial autonómico, correspondiendo al Ministerio de Sanidad adoptar medidas en su ámbito competencial, en cuanto que le incumbe planificar las necesidades de profesionales".
Por último, también se apoya en el aval de la Justicia y la ausencia de quejas de los pacientes
“No existen sentencias anulatorias firmes contra Sacyl en este ámbito y existe un archivo de diligencias penales por la Fiscalía de Castilla y León”.
Tampoco consta ninguna reclamación ni queja por parte de pacientes y/o familiares relativa “al desempeño o falta de conocimientos por parte de los profesionales objeto de este expediente”.
Control individualizado y supervisión
Entre las exigencias trasladadas al departamento sanitario, el Defensor autonómico pide revisar “individualmente la situación profesional de los cinco médicos” para dejar constancia documental del marco legal específico que ampara su contratación y el nivel de supervisión al que están sujetos.
“Las soluciones excepcionales deben mantenerse dentro de los límites del ordenamiento jurídico y responder a una necesidad asistencial real, acreditada y temporal”, remarca el texto oficial firmado por Tomás Quintana.
A pesar de que no constan quejas de pacientes ni expedientes por deficiencias asistenciales en dicha Zona Básica de Salud (circunstancia valorada positivamente por el Procurador), la resolución recalca que el derecho a la protección de la salud exige conciliar la continuidad asistencial en zonas de difícil cobertura con la calidad y la seguridad jurídica del servicio.
Por todo ello, la Institución autonómica ha concedido un plazo de dos meses a la Junta para comunicar la aceptación motivada de estas recomendaciones y avanzar hacia la cobertura estable de estas plazas mediante especialistas habilitados.
Falta de médicos
El informe remitido por la Consejería de Sanidad a la Institución autonómica describe un escenario de déficit de facultativos a nivel nacional, acusándose especialmente en Medicina Familiar y Comunitaria.
En el caso de Castilla y León, la Administración argumenta que las bolsas de empleo están agotadas, aunque destaca que desde el año 2017 se han incluido 2.149 plazas de esta especialidad en las ofertas públicas de empleo ofertadas por la Comunidad.
En lo que respecta a las convocatorias de empleo más recientes, la Junta detalla que en la oferta pública de 2025 se incluyeron 250 plazas específicas de Medicina Familiar y Comunitaria.
Asimismo, a través del programa autonómico de fidelización de residentes especialistas puesto en marcha en 2022, Sacyl ha logrado retener a 186 licenciados en esta especialidad.
En el cómputo global de los últimos tres ejercicios, la Sanidad de Castilla y León ha ofertado un total de 483 plazas en Atención Primaria.
Distribuidas en las distintas áreas de salud de la Comunidad, incluyendo la cobertura de puestos en la provincia de Palencia y la Zona Básica de Salud objeto de la investigación.
Récord en formación especializada
De cara al nuevo curso formativo 2026/2027, la Consejería resalta que se ha vuelto a batir el máximo histórico con un total de 790 plazas de Formación Sanitaria Especializada en Sacy.
De este volumen global, entre los dos últimos años se han reservado un total de 380 plazas dedicadas en exclusiva a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.