El Procurador del Común reclama a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León que extienda las ayudas de comedor escolar a los alumnos de segundo ciclo de Infantil y Primaria de los centros privados concertados.
Pide que las familias de la concertada puedan acceder a “apoyos similares” a los de la enseñanza pública cuando se encuentren en situaciones económicas y familiares equivalentes.
La resolución va más allá. El Procurador, órgano presidido por Tomás Quintana, reclama que la Junta no espere a que termine el actual Plan Estratégico de Subvenciones, que finaliza en 2026. Le pide que prepare las medidas necesarias y que concrete cómo y cuándo se aplicarán.
La institución considera que “la titularidad del colegio no puede ser, por sí sola, motivo suficiente para excluir a una familia de estas ayudas”.
Educación apuesta por una extensión gradual
Por su parte, la Consejería de Educación sostiene que las ayudas actuales responden a la importancia de la escolarización temprana.
También defiende objetivos como la conciliación familiar y laboral y la igualdad de oportunidades.
Su planteamiento es ampliar las ayudas de forma progresiva.
Según trasladó al Procurador, una vez terminado el periodo 2024-2026 se valorará extenderlas primero al segundo ciclo de Infantil y después a Primaria en los centros afectados.
El Procurador considera positiva esa disposición, pero cree que no basta.
La institución señala que hablar de “una futura valoración”, sin fijar calendario, alcance ni estudio económico, deja sin resolver el problema. Más aún, añade, “después de varios años de reclamaciones sobre esta cuestión”.
La resolución parte de una situación concreta.
Las ayudas para el comedor alcanzan actualmente a determinados alumnos de centros sostenidos con fondos públicos.
Sin embargo, dejan fuera a los escolares de segundo ciclo de Infantil y Primaria de la enseñanza concertada.
Para el Procurador, esa diferencia necesita una justificación objetiva y razonable cuando las familias tienen necesidades económicas o familiares similares.
La institución recuerda además que la educación concertada forma parte del servicio público educativo.
Por eso considera que elegir un centro concertado no debería implicar, por sí solo, perder el acceso a una ayuda destinada a aliviar los gastos familiares y favorecer la conciliación.
No pide ayudas para todos de golpe
Ahora bien, el Procurador no reclama una extensión inmediata e indiscriminada de las ayudas, propone que la Junta pueda implantarlas de "manera gradual".
También plantea utilizar criterios de renta y de necesidad familiar. En caso de que el presupuesto no permita llegar a todos, pide “priorizar a las familias con mayor vulnerabilidad”.
Entre ellas cita de forma expresa a las familias numerosas.
Un estudio económico y un calendario
Además, la resolución reclama dos pasos concretos a Educación.
El primero es adoptar las medidas necesarias para extender las ayudas o bonificaciones a los alumnos de segundo ciclo de Infantil y Primaria de la concertada.
El segundo es elaborar un estudio de viabilidad económica y una programación para aplicar la medida de forma gradual.
La institución pide que esa planificación tenga “criterios objetivos”. También reclama que se tenga especialmente en cuenta la situación económica y familiar de los hogares.
Educación dispone ahora de dos meses para comunicar de forma motivada si acepta o no la resolución.
La reclamación no es nueva. El Procurador recuerda que ya había planteado esta cuestión en expedientes anteriores.
En 2022 defendió que las ayudas para transporte y comedor pudieran alcanzar también al alumnado de centros concertados en las mismas condiciones económicas.
Posteriormente, en 2023 recomendó igualmente extender las bonificaciones de comedor para familias numerosas a la concertada.
La Junta ya ha dado un primer paso. Las ayudas alcanzan al alumnado de primer ciclo de Infantil escolarizado en centros privados y de titularidad local acogidos a la gratuidad.
Pero, según el Procurador, el problema sigue abierto para segundo ciclo de Infantil y Primaria.
Ahora reclama que la próxima ampliación deje de ser solo una posibilidad futura y se convierta en una planificación concreta.