Castilla y León abrió 1.108 protocolos por posibles casos de acoso escolar durante el curso 2025-2026, de los que finalmente 112 fueron confirmados como acoso escolar y otros 24 como ciberacoso.
Son los últimos datos de la Consejería de Educación, que este jueves ha vuelto a situar la lucha contra la violencia entre menores como una de sus prioridades.
La consejera de Educación, María Pardo, mantuvo este miércoles un encuentro de trabajo con la Asociación Salmantina contra el Bullying y Ciberbullying (ASCBYC) y la Federación Española de Asociaciones contra el Acoso Escolar (FEDECAE), con el objetivo de abordar la prevención y la respuesta ante estas situaciones.
Los datos corresponden a los casos detectados en los centros educativos y validados posteriormente por la Inspección.
La Consejería considera que el número de protocolos activados refleja también la importancia de la detección temprana y de poner en marcha los mecanismos de protección ante cualquier sospecha.
Castilla y León cuenta desde 2017 con un protocolo específico para actuar ante posibles situaciones de acoso escolar.
El procedimiento, establecido mediante la Orden EDU/1071/2017, se aplica en todos los centros sostenidos con fondos públicos.
La actuación contempla distintas fases, desde la detección y la intervención inmediata hasta la protección de la víctima, las medidas correctoras, el acompañamiento personalizado y el seguimiento posterior.
Además, el protocolo permite activar medidas preventivas incluso cuando finalmente no se confirma que exista una situación de acoso.
Un sistema para registrar los casos
La Junta dispone también de CONV, una aplicación propia que permite registrar y analizar las situaciones de posible acoso detectadas en los centros educativos de la Comunidad.
La herramienta facilita a la Administración disponer de información sobre los casos y realizar un seguimiento de las actuaciones desarrolladas por los centros.
Durante la reunión, Pardo defendió la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva «integral, preventiva y coordinada» en toda Castilla y León.
La Consejería también desarrolla diferentes programas y medidas de prevención, entre ellos Sociescuela, las guías de navegación segura, la formación específica del profesorado, la atención psicológica especializada y distintas campañas de sensibilización dirigidas a alumnos, familias y docentes.
La Junta participa, además, en el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar y en grupos de trabajo nacionales destinados a mejorar los protocolos y las herramientas de intervención.
Diálogo con las asociaciones
La consejera agradeció durante el encuentro el trabajo que realizan ASCBYC y FEDECAE, especialmente en el acompañamiento a familias y centros educativos afectados por situaciones de acoso.
Pardo trasladó asimismo la voluntad de la Consejería de mantener una vía de diálogo permanente con estas organizaciones y de estudiar posibles fórmulas de colaboración dentro de la normativa vigente.
En este sentido, recordó que la participación de entidades externas en el Observatorio de Castilla y León está regulada por el Decreto 52/2014, aunque el órgano puede contar con personas expertas cuando lo considere necesario.
“La protección de los menores y la garantía de entornos seguros es una responsabilidad compartida”, señaló la consejera, que aseguró que la Comunidad continuará reforzando sus políticas de convivencia escolar.
La Junta apuesta así por mantener la detección temprana, la intervención ante los casos confirmados y las medidas de prevención como los principales ejes para combatir tanto el acoso presencial como el que se produce a través de las redes y dispositivos digitales.