El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha reiterado este martes su negativa a que la Comunidad participe en el reparto de menores extranjeros no acompañados que permanecen en Ceuta.
Además defendió que la postura de Vox responde al acuerdo de gobierno suscrito con el Partido Popular.
Pollán confirmó que, al igual que otros cargos de su formación, no asistirá a la Comisión Sectorial de Infancia que se celebra este jueves como paso previo a la Conferencia Sectorial prevista para finales de mes, en la que se abordará la distribución por España de los más de 1.300 menores que permanecen en la ciudad autónoma.
“La postura es clara. Represento al Gobierno de la Junta de Castilla y León como consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, con las competencias derivadas de un acuerdo de gobierno y con un pacto que dice que nos vamos a oponer frontalmente y es lo que vamos a hacer”, sostuvo Pollán.
El vicepresidente primero insistió en que Castilla y León no participará en el reparto. "No vamos a participar en ningún reparto, lo dice el pacto”, afirmó, en referencia al acuerdo que sustenta el actual Gobierno autonómico.
Pollán también se refirió a la decisión del Partido Popular de acudir a la reunión, aunque haya expresado sus críticas al planteamiento del Gobierno central.
En este sentido, señaló que “me parece muy bien que el Partido Popular lo diga y que los consejeros de las comunidades donde gobiernan en solitario y no tienen un pacto de gobierno lo hagan”.
Sin embargo, recalcó que la situación en Castilla y León es diferente porque, según defendió, el acuerdo de gobierno “especifica claramente la oposición frontal a esas ayudas, a ese reparto de la inmigración ilegal”.
El dirigente de Vox reclamó además al Ejecutivo central que actúe antes de plantear cualquier distribución de estos menores entre las comunidades autónomas.
A su juicio, el Gobierno debe comprobar individualmente la situación de cada uno de ellos y determinar si realmente son menores.
“Se ha producido una invasión, que el pueblo ceutí sigue sufriendo y la Junta de Castilla y León y el Gobierno de la Junta se va a poner frontalmente a cualquier política que suponga ese reparto de menores y que no suponga cortar el problema que tenemos con la inmigración ilegal», manifestó.
Pollán reclamó así al Gobierno de España que cumpla, antes de abordar cualquier mecanismo de distribución territorial, las obligaciones que, según señaló, establece la Ley de Extranjería. En concreto, apeló al artículo 35 de la Ley 4/2000 y defendió que los expedientes deben ser tratados de forma individualizada.
El vicepresidente primero sostuvo asimismo que el Ejecutivo central debe determinar si todos los jóvenes afectados son realmente menores y, en caso de serlo, estudiar su retorno a Marruecos mediante la reunificación familiar o a través de la institución tutelante marroquí correspondiente.
Pollán vinculó además la situación actual con las advertencias que Vox viene realizando desde hace años sobre la inmigración irregular.
“Desde el año 2021 llevamos hablando de esta situación en Vox y nadie nos hacía caso, nos han llamado de todo; lo siguen haciendo, cuestión que sinceramente no nos preocupa porque estamos acostumbrados a que se digan estas cosas”, afirmó.
A su juicio, la evolución de la situación habría terminado dando la razón a las posiciones defendidas por su formación. “Lo que es evidente es que los hechos están dando la razón y lo que Vox llevaba diciendo desde el 2021 se está cumpliendo", concluyó.
