La Junta de Castilla y León ha defendido en la Conferencia Sectorial de Transportes la necesidad de que el Gobierno de España "recupere el diálogo institucional con las comunidades autónomas y adopte decisiones en materia de movilidad desde el consenso, la cooperación y el respeto a la realidad territorial".
Ello a pesar de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "no ha presidido en la mañana de hoy este órgano, que no se reunía desde hace casi cuatro años".
Durante su intervención, la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha lamentado “la ausencia del ministro", excusado por motivos de agenda, y el incumplimiento del reglamento que rige este órgano, que determina su convocatoria cada seis meses.
"Pese a que el Ministerio lleva desde julio de 2022 sin reunir a los consejeros al más alto nivel, la Junta ha ofrecido su colaboración desde la lealtad institucional para seguir avanzando en materia de movilidad", ha destacado.
Sanchidrián ha reclamado "la necesidad de garantizar una financiación suficiente del transporte público en una comunidad con una gran extensión territorial, elevada dispersión poblacional y mayores costes estructurales para asegurar la movilidad de sus ciudadanos".
Asimismo, ha insistido en la necesidad de "acelerar" las infraestructuras estratégicas pendientes y de mejorar los servicios ferroviarios, especialmente en lo relativo a frecuencias, conexiones y decisiones que afectan directamente a los usuarios de la Comunidad.
También ha lamentado la "falta de información" sobre el Plan Director para el Corredor Atlántico a su paso por Castilla y León, cuyos detalles se desconocen.
En relación con el Plan Social para el Clima, Castilla y León ha defendido que los criterios de reparto de los fondos "no se basen fundamentalmente en la población, sino que tengan en cuenta factores como la extensión territorial, la dispersión de la población, el número de servicios prestados, los kilómetros recorridos y la ausencia de alternativas de movilidad en el medio rural".
"La Junta seguirá reclamando que se reconozca el esfuerzo realizado durante años por comunidades que ya han implantado y financiado con recursos propios sistemas de transporte a la demanda, evitando que quienes han sido pioneros resulten perjudicados en el acceso a las ayudas", ha afirmado.
"Y, por otro lado, que el Plan Nacional permita a todas las empresas obtener fondos para la transformación de flotas, con vehículos más eficientes y sostenibles, y que no se limite únicamente a microempresas o se dirijan a la electrificación de flotas de transporte público urbano", ha añadido.
Movilidad en las zonas rurales
Respecto al desarrollo reglamentario de la Ley de Movilidad Sostenible, la Junta ha reiterado que comparte el objetivo de avanzar hacia una movilidad más sostenible, pero rechaza "que se impongan modelos concebidos principalmente para grandes áreas urbanas sin atender las singularidades de territorios rurales como Castilla y León".
Por ello, cualquier nueva obligación que se imponga a las comunidades autónomas "debe ir acompañada de la financiación necesaria y garantizar el mantenimiento de las conexiones esenciales para los municipios".
Asimismo, el Gobierno autonómico ha vuelto a expresar su "preocupación" por el nuevo mapa concesional estatal del transporte regular por carretera, al considerar que su elaboración "ha carecido de la coordinación institucional necesaria".
La Junta de Castilla y León ha presentado una serie de alegaciones para "defender el mantenimiento de las conexiones actuales, y una mayor transparencia sobre los criterios utilizados para diseñar la nueva red".
Se considera "inviable planificar transbordos, intermodalidad e integración tarifaria sin disponer de horarios mínimos".
Además, la consejera ha mostrado "sus dudas sobre la declaración de exclusividad de determinados tráficos dentro de Castilla y León, al entender que podría afectar a competencias autonómicas, y ha propuesto revisar conjuntamente estos servicios para permitir, cuando proceda, servicios compartidos y complementar la oferta estatal".
En cuanto al futuro Abono Único, Castilla y León ha solicitado al Ministerio información detallada sobre su desarrollo técnico y su implantación, ya que actualmente existe "una importante incertidumbre" sobre su compatibilidad con los sistemas tecnológicos que está desarrollando la Comunidad.
Y con el modelo Buscyl, que es gratuito para la ciudadanía, algo que no sucede con el Abono Único, que tiene un coste establecido para el ciudadano.
La Junta considera imprescindible "evitar duplicidades, problemas de interoperabilidad y posibles perjuicios para los usuarios derivados de la coexistencia de distintos títulos de transporte".
El Gobierno autonómico confía que esta Conferencia Sectorial sea "un punto y aparte" y que se abra "una nueva etapa de cooperación leal entre administraciones porque la movilidad constituye un servicio esencial y las decisiones que afectan a millones de ciudadanos deben adoptarse desde el diálogo y el consenso entre las partes".