Los tres vicepresidentes autonómicos de Vox han solicitado de forma coordinada un informe a los servicios jurídicos de sus respectivos gobiernos autonómicos para estudiar y evaluar una posible invasión de competencias derivada de la Ley de Nietos, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Carlos Pollán en Castilla y León, Óscar Fernández en Extremadura y Alejandro Nolasco en Aragón han impulsado esta petición que tiene por objeto "analizar en profundidad el encaje jurídico de una norma que está facilitando la incorporación masiva y fraudulenta de cientos de miles de personas extranjeras al censo electoral".
Vox considera que este proceso, "ejecutado de forma opaca y sin control alguno, compromete la limpieza de futuros procesos democráticos y, en especial, de las próximas elecciones generales que debieran celebrarse en el año 2027".
El informe jurídico solicitado deberá determinar "si el procedimiento invade competencias autonómicas y qué instrumentos legales asisten a los gobiernos regionales para defender los intereses de sus ciudadanos".
"Una maniobra de ingeniería electoral"
Ello frente a lo que "sin duda se ha diseñado como una maniobra de ingeniería electoral al servicio de un presidente del gobierno que pretende perpetuar su poder y corrupción de forma indefinida en el Gobierno".
Vox ha asegurado que "estudia e investiga cada vía a su alcance para frenar un mecanismo que engorda el censo con votantes que en muchos casos nunca han residido en España ni tienen vínculos con las provincias donde se les estaría censando".
Y ha señalado que esta medida se encuentra enmarcada en la batería anunciada por el partido a inicios de esta semana, "en una defensa sin precedentes del Estado de Derecho liderada por Vox desde los parlamentos regionales, el Congreso, Bruselas y, por supuesto, desde los gobiernos".
Este mismo informe se solicitará en Andalucía en el momento en que Manuel Gavira tome posesión de su cargo como vicepresidente de la Junta, replicando allí la solicitud de informe jurídico sobre la Ley de Nietos.
Vox ha reiterado "su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la transparencia electoral y el Estado de Derecho, y advierte de que continuará empleando todos los mecanismos legales e institucionales a su alcance para proteger la voluntad de los españoles que, cada día que pasa, es más clara".