El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, ha instado a la Consejería de Educación a revisar el actual sistema de admisión del alumnado.
En concreto, el procedente de programas bilingües al considerar que, tras la generalización de estas enseñanzas, resulta necesario estudiar si sigue teniendo sentido mantener la prioridad de acceso a determinados institutos.
La resolución, dictada tras analizar once quejas de familias, concluye que no se han detectado irregularidades en la aplicación de la normativa vigente, pero sí pone de manifiesto diversas disfunciones que afectan tanto a la comprensión del proceso como a la continuidad real de la enseñanza bilingüe.
Entre las principales recomendaciones, el Procurador considera que "debe analizarse si es procedente el mantenimiento del criterio de prioridad" que actualmente beneficia al alumnado que solicita continuar en programas bilingües al acceder a la ESO.
La resolución resulta especialmente relevante para las familias porque cuestiona un sistema por el que algunos alumnos acceden antes a determinados institutos gracias a esa prioridad, aunque posteriormente puedan no acabar cursando la enseñanza bilingüe por razones organizativas del propio centro.
En este sentido, Tomás Quintana advierte de que "se estaría desvirtuando la medida de prioridad establecida para facilitar la continuidad de la enseñanza bilingüe" cuando los estudiantes que obtienen la plaza precisamente por ese motivo terminan siendo asignados a grupos no bilingües.
La institución considera que esta situación genera desconcierto entre las familias y puede provocar dudas sobre el propio proceso de admisión. De hecho, la resolución afirma que esta circunstancia "no deja de ser una anomalía del servicio educativo prestado", ya que la prioridad pierde su finalidad práctica si finalmente no garantiza la continuidad del programa.
Además de revisar el criterio de prioridad, el Procurador reclama una evaluación más amplia del modelo de secciones bilingües implantado en Castilla y León.
En concreto, propone estudiar el elevado abandono de estos programas cuando el alumnado pasa de Primaria a Secundaria para comprobar si el sistema responde a los objetivos para los que fue creado.
Otra de las recomendaciones incide directamente en la organización de los centros.
El Procurador pide que "debe garantizarse que el alumnado que se adhiere a un programa bilingüe pueda seguirlo al cambiar de etapa educativa, sin que ello dependa de aspectos organizativos o de la dotación de medios personales y materiales".
La resolución también critica los cambios introducidos durante el proceso de admisión del curso 2026-2027 en la tipificación bilingüe de algunos institutos, una situación que obligó a determinadas familias a modificar las solicitudes ya presentadas. Para Tomás Quintana, estas decisiones deben evitarse porque generan inseguridad y cargas administrativas innecesarias.
Por ello, recomienda expresamente que "deben evitarse cambios extraordinarios" durante el procedimiento de admisión que obliguen a presentar nuevas solicitudes y que puedan causar "dudas e incomprensión" entre la comunidad educativa.
La Junta de Castilla y León dispone ahora de un plazo de dos meses para comunicar al Procurador del Común si acepta o rechaza de forma motivada las recomendaciones incluidas en la resolución.