El Consejo Económico y Social (CES) ha reclamado este martes cambios a los ayuntamientos para evitar que el empadronamiento se convierta en un "obstáculo" para que las personas inmigrantes acrediten su vecindad y accedan a determinados derechos.

Por ello, ha planteado medidas que faciliten la documentación probatoria del lugar real de residencia y la modificación de las ordenanzas municipales para que el padrón refleje la realidad poblacional de la localidad.

Así lo recoge el capítulo de recomendaciones del Informe sobre la situación económica y social de Castilla y León en 2025, presentado este martes por el presidente del CES, Enrique Cabero, junto con representantes de los sindicatos UGT y CC.OO. y de la CEOE.

Un "vector demográfico esencial"

En el documento, se señala que la población inmigrante constituye un "vector demográfico y socioeconómico esencial" para Castilla y León, debido a las dinámicas "persistentes" de envejecimiento, la "baja natalidad" y la "despoblación estructural".

Para el CES, la población inmigrante actúa como un "mecanismo de resiliencia territorial" ya que favorece la "cohesión social, la diversidad cultural y la sostenibilidad futura" de la Comunidad.

Por ello, pide fomentar la "plena integración social y laboral" de los extranjeros y facilitar su "asentamiento estable", eliminando "barreras idiomáticas y administrativas", como una de las "claves" en la lucha contra la despoblación y el rejuvenecimiento de la población.

En ese sentido, el CES aboga por la incorporación al tejido social y productivo de este colectivo porque argumenta no solo permite sostener los sectores estratégicos, sino que también contribuye a la "reconfiguración y revitalización" del territorio, especialmente del mundo rural.

En concreto, subraya que su afincamiento en la Comunidad impulsa la recuperación de actividades económicas y permite el mantenimiento de infraestructuras educativas, sanitarias o sociales que sin ellos, advierte, serían "inviables".

Igualmente, el Consejo Económico y Social cree que para combatir la despoblación es conveniente "cerrar la brecha digital" entre el mundo urbano y el rural para garantizar la igualdad de oportunidades y la conectividad territorial.

También, aclara que la sostenibilidad demográfica no depende solo de variables económicas o territoriales, sino de también "de la capacidad de los territorios para garantizar igualdad efectiva, autonomía y derechos a las mujeres".

Políticas tractoras

Por otra parte, el informe plantea que las políticas públicas afronten el declive demográfico como un "problema estructural", así como que incluyan la variable poblacional de "manera transversal".

De esta forma, demanda medidas "sostenibles" en el tiempo que garanticen el acceso a los servicios básicos en condiciones de equidad, así como un modelo de ordenación territorial "equilibrado" que ponga en valor a las pequeñas ciudades y centros de servicios.

También apuesta por priorizar políticas "tractoras" para abordar el reto demográfico en Castilla y León.

Así, recomienda fomentar actividades con "fuerte" arraigo territorial y con capacidad para generar "empleo verde" y "dinamizar" espacios envejecidos, como la agricultura, la ganadería, el sector forestal, la industria agroalimentaria, el patrimonio, las energías renovables, y el turismo rural sostenible.

Igualmente, recomienda impulsar un modelo territorializado de cuidados, que ofrezca condiciones de trabajo "de calidad" para que este sector se convierta en un "motor de desarrollo local", así como impulsar acciones que retengan y atraigan el talento joven, para lo que pide diseñar una oferta de empleo, vivienda y emprendimiento innovador.

Finalmente, apuesta por integrar la perspectiva de género en las estrategias de cohesión territorial por ser las mujeres "agentes estratégicos de innovación social, dinamización económica y liderazgo comunitario".

También pide mantener los consultorios locales y las escuelas rurales, así como seguir mejorando la conectividad de los transportes.

Una estrategia de resiliencia económica

El Consejo Económico y Social (CES) ha abogado también en el Informe por impulsar una estrategia de resiliencia económica que refuerce el apoyo a la diversificación productiva y comercial de la Comunidad.

Ello de manera que reduzca la dependencia de esta a mercados y sectores especialmente expuestos en un contexto internacional de creciente volatilidad por las tensiones geopolíticas.

Además, anima a aprovechar el momento de crecimiento de la economía española para favorecer la convergencia regional mediante políticas activas de atracción de inversión y talento, así como ayudas públicas a la inversión.

Una inversión que tiene que ir acompañada, recuerdan, de una consolidación de la demanda interna y del impulso de la apertura al exterior y la internacionalización de las empresas de la Comunidad.

Todo como forma de sostener el crecimiento en el medio plazo para lo que el CES también recomienda mantener la orientación y estabilidad presupuestaria, que permita compatibilizar la sostenibilidad de las finanzas públicas con la adecuada prestación de los servicios públicos básicos.

Dentro de las políticas que el CES considera que se deben mantener en la Comunidad, está el Diálogo Social, que desde la institución propia dirigida por Enrique Cabero consideran que se debe reforzar en la nueva etapa del Gobierno autonómico como el resto de mecanismos de diálogo institucional.

Además, y ante las "perturbaciones externas con impacto significativo sobre la actividad económica", el CES recomienda reforzar la capacidad de anticipación y respuesta ante posibles escenarios adversos.

Ello con un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos disponibles en la Comunidad, de fuentes renovables frente a las fósiles, y con actuaciones orientadas a elevar la productividad regional, la digitalización empresarial y el fortalecimiento del tejido industrial.

Industria y energía

Todas estas cuestiones las desarrolla el CES en los epígrafes sobre industria y energía de sus recomendaciones en el ámbito económico.

Con respecto a la primera, aboga por mantener un seguimiento periódico del Acuerdo Marco para la Competitividad y la Innovación Empresarial, vigente hasta 2027, y vincular el compromiso presupuestario de 46,8 millones a objetivos, indicadores y calendarios de ejecución.

En ámbitos de innovación, el CES recomienda promover la implantación responsable de la inteligencia artificial en la industria con medidas de apoyo que faciliten a las empresas la elaboración de un plan de implantación y transición.

Un plan que también tenga en cuenta los riesgos vinculados, principalmente, a la adopción de sistemas automatizados de supervisión y toma de decisiones.

Para ello, también se considera conveniente realizar cursos de formación certificada y priorizar proyectos piloto en sectores clave.

Políticas de I+D+i

De hecho, orientar las políticas de I+D+i hacia las necesidades reales de la industria es considerado una obligación para el CES con el objetivo de consolidar las ventajas competitivas regionales, desde la prioridad de financiar proyectos empresariales y líneas de investigación aplicadas que generen capacidades científicas y productivas en entornos industriales.

En este sentido, y en relación a un sector concreto, el CES recomienda a la Junta que desarrolle una estrategia específica de apoyo a la participación de las empresas castellanas y leonesas en los programas nacionales y europeos de seguridad.

Ello de modo que se posicione a la Comunidad como un territorio de referencia para la implantación y desarrollo de proyectos empresariales vinculados a este sector.

En materia de automoción, el CES pide a la Junta y al Gobierno que desarrollen una estrategia coordinada para mantener y reforzar la competitividad del sector.

También para garantizar el arraigo industrial y aprovechar las oportunidades derivadas de la nueva movilidad con medidas específicas que apoyen la creación y el desarrollo de proyectos estratégicos relacionados con las baterías y los combustibles renovables para la descarbonización de la movilidad.

En relación a la energía, y para eliminar cuellos de botella en la electrificación, el CES considera imprescindible fomentar proyectos de almacenamiento energético y autoconsumo con baterías en polígonos industriales, priorizando su conexión para aprovechar plenamente el potencial renovable de Castilla y León.

Además, se anima a promover políticas de apoyo que incorporen medidas de fomento del empleo local.

Y es que el CES es partidario de vincular la fiscalidad energética favorable a estrategias de lucha contra la despoblación, de manera que se establezcan, por parte del Gobierno, fórmulas de compensación territorial que incentiven la actividad económica en los municipios rurales generadores de energía.

Vivienda y construcción

En el ámbito de la vivienda, el CES propone promover políticas que contribuyan a mejorar la accesibilidad a este bien básico a través del incremento de la oferta disponible, tanto de iniciativa pública como privada.

Así, se considera prioritario consolidar la transformación del sector de la construcción a través de su industrialización y digitalización, la cualificación y recualificación profesional para atraer el talento y asegurar el relevo generacional.

También el impulso de un plan de rehabilitación integral de viviendas en zonas rurales y barrios envejecidos que sirva para reforzar la planificación de las políticas de vivienda en Castilla y León.

Defensa comercial del campo

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León pide también en el Informe a los partidos y a los agentes sociales del sector primario que consensuen un acuerdo autonómico de defensa comercial del campo.

Ello a través del análisis del impacto sectorial que suponga la competencia de las importaciones de terceros países y propuestas de salvaguarda, así como medidas compensatorias.

Todo ello para hacer frente a las posibles consecuencias de los acuerdos comerciales establecidos por la Unión Europea con terceros países, especialmente los del Mercosur, que han sido criticados de manera homogénea tanto por las organizaciones profesionales agrarias de la Comunidad como por el Gobierno autonómico.

La institución propia considera que es necesario mantener y reforzar el apoyo a la incorporación de jóvenes desde incentivos fiscales temporales y a través del acceso preferente a garantías crediticias, entre otros factores.

También se proponen medidas expresas para facilitar el acceso a la tierra, consolidar las relativas a la simplificación administrativa, especialmente en la tramitación de la PAC, y promover y consolidar instrumentos de gestión del riesgo y la cobertura de precios como los seguros agrarios combinados, que el CES llama a reforzar.

Asimismo, el Consejo Económico y Social pide la aplicación efectiva de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, diseñar incentivos temporales de apoyo operativo para insumos críticos como la energía y los fertilizantes.

Y establecer la modernización de los regadíos como prioritaria, aunque acompañada de inversiones en nuevas infraestructuras hidráulicas y de almacenamiento.

En relación a la sanidad animal, el CES considera imprescindible reforzar los sistemas regionales de vigilancia, diagnóstico y respuesta frente a amenazas sanitarias con una financiación estable de los laboratorios y los servicios veterinarios y unos procedimientos ágiles de compensación.

Se recomienda, de igual forma, poner en marcha un programa integrado de vigilancia de fauna silvestre y reforzar las medidas de control sanitario para este tipo de animales.

Planes específicos

Relativa a la ganadería es también la recomendación de diseñar planes sectoriales específicos, con especial atención al ovino y al caprino, para frenar la pérdida del censo y mejorar la rentabilidad. Estos planes deberían incluir, según el CES, medidas orientadas al mantenimiento y la creación de empleo de calidad.

Con ese mismo fin se pide reforzar la coordinación entre la Inspección de Trabajo, las Consejerías de la Junta y las organizaciones agrarias para detectar y sancionar las contrataciones fraudulentas en las campañas estacionales.

También promover un Plan autonómico que atienda el trabajo de temporada agrícola, con incentivos para la formalización, el asesoramiento jurídico laboral y canales de contratación transparentes entre empleadores, agencias autorizadas y organizaciones agrarias para garantizar unas condiciones adecuadas para las personas trabajadoras.

Finalmente, el CES tiene su recomendación anual de promocionar líneas específicas y medidas no discriminatorias para facilitar la incorporación de las mujeres al sector agrario, mejorando el acceso a la tierra, al crédito y a la formación.

Ello integrando la perspectiva de género en todas las políticas de relevo y modernización y continuando con el impulso de la figura de la titularidad compartida.