Carpetazo de Europa a la batalla por el diálogo social en Castilla y León. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa ha descartado formalmente que la Junta haya violado el derecho de negociación colectiva, una grave acusación que los sindicatos CCOO y UGT elevaron en 2023.
El órgano internacional fundamenta su decisión en un argumento muy sencillo: las "presuntas violaciones" denunciadas en su día ya han sido totalmente corregidas tras la salida de Vox del Gobierno regional, por lo que el caso se da por cerrado sin necesidad de más investigaciones.
La resolución aclara que este tribunal internacional juzga siempre la "situación jurídica vigente" en el momento de tomar su decisión y no los conflictos del pasado.
En este sentido, el Comité constata que durante el segundo semestre de 2025, ya con un escenario político renovado en la Junta, el Gobierno autonómico reanudó de lleno el diálogo social, reactivó su Consejo y selló un nuevo acuerdo marco a tres bandas que cubre todas las áreas que habían quedado desamparadas y que motivaron la queja sindical.
La investigación europea resalta que el Ejecutivo regional no solo devolvió la financiación para la participación institucional a los sindicatos, acatando de paso las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sino que también garantizó la supervivencia de la Fundación Serla (Servicio de Relaciones Laborales).
En un escrito remitido a Europa en enero de 2026, el propio Gobierno corroboró que, tras el relevo en la Consejería de Empleo que se ejecutó en julio de 2024, los fondos para el Serla volvieron a fluir, permitiéndole recuperar sus funciones y resolviendo el conflicto de forma "satisfactoria a nivel nacional".
El origen de una denuncia de tres años
El CEDS tumba así la reclamación colectiva que CCOO y UGT presentaron hace tres años por una supuesta vulneración "clara y flagrante" de cinco artículos de la Carta Social Europea.
Los sindicatos acudieron a las instituciones europeas tras los duros recortes aplicados en la primera etapa de coalición entre el PP y Vox, que supusieron la supresión de la financiación para los programas de prevención de riesgos laborales y la eliminación de planes de orientación laboral esenciales, como el programa PROA.
Aunque el Consejo de Europa admite que aquellos tijeretazos hicieron tambalear los puentes entre la administración y los agentes sociales, concluye ahora que no hay rastro de infracción del artículo 6.1 de la Carta Social —el que blinda la negociación colectiva— al haberse corregido el rumbo a tiempo.
Las aguas del diálogo social en Castilla y León vuelven, al menos a ojos de Europa, a su cauce legal.