El concepto 'desregulación' era hasta hace tan solo unos meses un término técnico, casi desconocido para el gran público. Hoy se ha convertido en la palabra de moda en los pactos autonómicos entre el PP y Vox.

Aparece en los acuerdos de Extremadura, Aragón y, desde el pasado miércoles, también en Castilla y León. Pero ¿qué significa realmente? ¿Es solo una simplificación de trámites o una auténtica revolución normativa?

La incógnita planea sobre las tres comunidades donde la formación de Santiago Abascal ya la ha convertido en Vicepresidencia.

Fuentes de Vox aseguran a EL ESPAÑOL de Castilla y León que el concepto va vinculado a "impulsar todas las modificaciones legales necesarias para eliminar los aspectos lesivos presentes en la normativa regional que están impidiendo el crecimiento económico de la Comunidad".

Eje central de los pactos

En las últimas semanas, los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón y ahora Castilla y León han incorporado un elemento novedoso en sus estructuras ejecutivas: la Vicepresidencia o Consejería de Desregulación, asumida por Vox en coalición con el Partido Popular.

Este concepto, que va más allá de una simple simplificación administrativa, representa el eje central de la agenda económica y normativa que Vox impone en estos pactos.

Se trata de una apuesta por reducir drásticamente la carga regulatoria que, según Vox, ahoga el crecimiento económico, la iniciativa privada y la prosperidad de familias, empresas y trabajadores.

La desregulación, tal como la defiende Vox, implica una revisión exhaustiva y la eliminación de normativas regionales consideradas excesivas, obsoletas, ideológicas o contrarias a la libertad económica.

No se limita a agilizar trámites burocráticos, sino que busca derogar leyes y disposiciones que, en su opinión, penalizan la actividad productiva en sectores clave como la agricultura, la ganadería, el turismo, la industria o la vivienda.

Este enfoque se inspira en experiencias internacionales, como el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado creado por Javier Milei en Argentina, que persigue un recorte profundo contra la burocracia estatal.

En España, Vox lo presenta como una respuesta al "caos normativo" acumulado durante décadas de bipartidismo PP-PSOE.

Los precedentes: Extremadura y Aragón

El modelo se estrenó en Extremadura tras las elecciones autonómicas. Vox obtuvo la Vicepresidencia de Desregulación, Servicios Sociales y Familia.

El acuerdo con el PP incluía un compromiso explícito de revisar y eliminar trabas normativas que afectan a ganaderos, agricultores y autónomos, convertidos, a su juicio, en "oficinistas" por el exceso de papeleo.

Vox se comprometió a liderar la desregulación de todas las leyes y de toda la burocracia regional.

En Aragón, el pacto replicó el esquema casi al pie de la letra. Vox asumió la Vicepresidencia con Desregulación, además de otras competencias relevantes. El presidente del PP, Jorge Azcón, cedió estas carteras a cambio de estabilidad.

La desregulación aragonesa se centra en simplificar procedimientos urbanísticos, reducir cargas a empresas y revisar normativas ambientales que, según Vox, frenan el desarrollo rural.

En ambos casos, la Vicepresidencia actúa como un 'ministerio de la motosierra' autonómico: identifica normas lesivas, propone derogaciones y promueve una 'burocracia cero' en la medida de lo posible dentro de las competencias regionales.

Fuentes de Vox apuntan a EL ESPAÑOL de Castilla y León que el elenco de medidas que el partido defiende en este ámbito representa "el ánimo decidido de poner fin a una querencia hiperreguladora del bipartidismo".

"Ha ido boicoteando la prosperidad de las familias, empresas y trabajadores españoles", señalan esas mismas fuentes.

El eslabón de CyL

Castilla y León representa el tercer eslabón y, por su tamaño y características, el más relevante hasta la fecha. El pasado miércoles, PP y Vox cerraron su acuerdo en la Comunidad, donde ambos partidos suman una mayoría absoluta de 47 procuradores para gobernar.

Aquí la Vicepresidencia de Desregulación, que estará en manos del portavoz de Vox, Carlos Pollán, adquiere especial simbolismo por el peso económico de la autonomía.

Se trata de un territorio que cuenta con sectores como la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria y el turismo rural, y con un carácter de comunidad extensa y despoblada, donde la burocracia se percibe como un freno especialmente dañino.

La nueva Vicepresidencia tendrá como misión principal impulsar todas las modificaciones legales necesarias para eliminar los aspectos lesivos presentes en la normativa regional.

Vox ha dejado claro que no se trata solo de simplificar trámites, sino de derogar leyes enteras o artículos concretos que consideran "ideológicos" o "innecesarios".

Desde normativas ambientales excesivamente restrictivas hasta requisitos burocráticos para la apertura de empresas, pasando por trabas en el sector primario o en la gestión del territorio.

Se habla de revisar la normativa de impacto ambiental y territorial para agilizar proyectos productivos sin renunciar a la protección razonable, eliminar duplicidades y reducir licencias y autorizaciones previas para autónomos y pymes.

También de simplificar los procedimientos de contratación pública y de acceso a ayudas, y derogar leyes sectoriales que imponen obligaciones desproporcionadas a ganaderos y agricultores.

"Las leyes deben estar para ordenar, hacer justicia y posibilitar la convivencia. Hoy nos encontramos con un caos normativo que penaliza la iniciativa, lastra el crecimiento y condena los proyectos familiares y profesionales", afirman fuentes del partido.

Y añaden que sus propuestas en materia de desregulación "se dirigen a poner fin a esta situación".

El futuro pacto nacional

El hecho de que la misma fórmula se haya repetido en tres comunidades autónomas distintas no es casual. Para Vox, estos pactos autonómicos funcionan como laboratorios de prueba de su agenda económica.

Si los resultados son positivos, medidos en términos de creación de empleo, atracción de inversión y alivio burocrático, la formación considera que la desregulación podría convertirse en un eje central de cualquier futuro acuerdo nacional con el PP.

Estos acuerdos autonómicos son un ensayo general de lo que podría aplicarse a escala estatal: una gran ley de desregulación que afecte a toda la Administración, desde ministerios hasta entes locales.

Esta estrategia permite a Vox demostrar que su propuesta no es retórica, sino que ya se está implementando allí donde gobierna en coalición.

Además, la creación de estas vicepresidencias otorga a Vox una visibilidad y un control directo sobre una materia transversal que afecta a todas las políticas sectoriales.

No es una consejería marginal: es una consejería 'cuchilla' que puede incidir sobre el resto del Gobierno autonómico.

El 27 de junio Vox presenta en Madrid su programa de desregulación en la Asamblea Ordinaria. Ese evento servirá para detallar las propuestas concretas a nivel nacional y para marcar el rumbo que la formación quiere imprimir en sus negociaciones futuras.

Perspectivas de futuro

La apuesta por la desregulación no está exenta de controversia.

Sus detractores, principalmente desde la izquierda, la presentan como un 'cheque en blanco' a las empresas para saltarse normas ambientales o laborales. Vox responde que no se trata de eliminar protecciones esenciales, sino de suprimir lo "superfluo", lo "ideológico" y lo redundante.

En un contexto de alta deuda pública, envejecimiento demográfico y necesidad de atraer inversión, la desregulación se presenta como una herramienta competitiva frente a otras regiones y países.

Comunidades como Madrid o Andalucía ya han avanzado en esta línea con gobiernos del PP, pero Vox lleva el concepto más lejos al institucionalizarlo en una Vicepresidencia específica.

Con tres vicepresidencias de Desregulación ya en marcha, Vox consolida su narrativa. Castilla y León, por su tamaño y características, será el gran banco de pruebas. Si la experiencia funciona, podría convertirse en un modelo exportable al resto de España.