El Consejo de Gobierno ha aprobado un conjunto de actuaciones extraordinarias destinadas a la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones registradas en febrero en distintos municipios de Castilla y León.
Entre las ayudas destaca una cuantía de 5.500 euros para pymes y autónomos damnificados, como ya se hizo con los incendios, y una partida de un millón de euros para que los ayuntamientos puedan contratar personal de refuerzo.
El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, no ha sabido cuantificar la cantidad de millones de euros que se han visto afectados por las inundaciones, ya que ha apuntado que “hay muchos condicionantes y es todavía pronto”.
Lo hace a propuesta de la Consejería de la Presidencia y a iniciativa conjunta de las Consejerías de la Presidencia, Economía y Hacienda, Industria, Comercio y Empleo, y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
El portavoz del Ejecutivo autonómico ha subrayado que “este Acuerdo permite dar una respuesta inmediata, coordinada y eficaz ante una situación excepcional que ha golpeado con dureza a numerosos municipios” y ha añadido que “la prioridad es recuperar cuanto antes la normalidad y garantizar que ninguna familia, ningún ayuntamiento y ninguna empresa se quede atrás en este proceso de reconstrucción”.
Las sucesivas borrascas de alto impacto que atravesaron la Península Ibérica durante ese mes provocaron intensas nevadas, lluvias persistentes y fuertes rachas de viento que derivaron en un aumento significativo del caudal de numerosos ríos y en el desbordamiento de sus cauces, con afecciones de especial intensidad en varias localidades de la Comunidad.
Esta situación obligó a activar las distintas situaciones operativas del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León y del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, con el fin de coordinar la respuesta ante la emergencia y garantizar la seguridad de la población.
El Acuerdo aprobado por la Junta articula diez grandes ejes de actuación que abarcan desde la reparación de daños en sedes y edificios municipales y en la maquinaria destinada a servicios públicos hasta la rehabilitación de viviendas particulares y la reposición de mobiliario, electrodomésticos y enseres básicos dañados por el agua.
También se contempla la reposición de contenedores e infraestructuras necesarias para la correcta gestión de los residuos domésticos, la retirada de escombros, troncos y otros materiales arrastrados por las crecidas y diversas intervenciones en el ciclo integral del agua, incluyendo abastecimiento, depuración y saneamiento.
El plan incorpora además un paquete de medidas económicas orientadas a sostener el tejido productivo local, con ayudas dirigidas a autónomos y pymes para facilitar la reanudación de su actividad, apoyo a los ayuntamientos para la contratación de personal, respaldo a empresas y trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo y acciones específicas para la promoción del sector comercial en los municipios damnificados.
De acuerdo con la normativa vigente, los expedientes vinculados a la recuperación se tramitarán por el procedimiento de urgencia previsto en la legislación administrativa común.
Dada la naturaleza catastrófica de los hechos, los contratos derivados se gestionarán por el procedimiento de emergencia, mientras que las ayudas tendrán carácter subsidiario respecto de las que procedan en materia de seguros y de las que puedan corresponder por disposiciones de la Administración General del Estado.