La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, ha comunicado al Consejo de Gobierno la cuantía que corresponderá en 2026 a cada entidad local de la Comunidad con cargo al Fondo de Cooperación Económica Local General (FCELG) y al Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad (FIP).
En total, ambos fondos movilizarán más de 65 millones de euros que se repartirán entre los 2.248 municipios y las nueve diputaciones provinciales de la Comunidad, con el objetivo de garantizar la financiación local, sostener los servicios básicos y promover inversiones que mejoren la calidad de vida de los vecinos.
La comunicación cumple con los plazos establecidos en la Ley de Financiación Local de Castilla y León de 2014 y permite iniciar los trámites para la transferencia de los fondos de carácter incondicionado, así como abrir el periodo de solicitud de las ayudas condicionadas, garantizando la correcta ejecución presupuestaria y la seguridad jurídica del procedimiento.
El Fondo de Cooperación Económica Local General estará dotado en 2026 con más de 51,3 millones de euros. Su reparto se realiza conforme a criterios objetivos como población, renta per cápita, envejecimiento, carga competencial o número de pedanías.
Municipios de hasta 1.000 habitantes: recibirán 13,4 millones de euros con carácter incondicionado. Podrán destinar estos recursos libremente a inversiones, gasto corriente u operaciones financieras.
Municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes: contarán con 14,9 millones de euros destinados a inversiones sostenibles, centradas en infraestructuras y equipamientos municipales básicos que fomenten la protección ambiental y la mejora social.
Municipios de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales: percibirán conjuntamente más de 23 millones de euros (casi 12,8 millones para los municipios y más de 10,2 millones para las diputaciones).
La mitad se destinará a inversiones sostenibles y la otra mitad a proyectos ligados a desafíos demográficos, orientados a la creación de empleo y la fijación de población en el territorio.
El fondo incluye además dos cuantías complementarias: Más de 174.000 euros para garantizar que determinados municipios no perciban menos recursos que en 2014, antes del actual modelo de financiación.
Castilla y León reparte 65 millones a municipios y diputaciones para financiar los servicios públicos
Una cuantía transitoria superior a 1,6 millones de euros para compensar la pérdida de ingresos derivada de la supresión del impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos, asegurando que la financiación total no sea inferior a la de 2025.
FIP: casi 13,8 millones de libre disposición
El Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad estará dotado con casi 13,8 millones de euros y tendrá carácter incondicionado.
Se repartirá entre todos los municipios y diputaciones de Castilla y León en función de criterios como población, competencias asumidas, envejecimiento, número de entidades locales menores o nivel de renta.
Municipios de menos de 20.000 habitantes: recibirán casi 7,6 millones.
Municipios de más de 20.000 habitantes: más de 3,4 millones.
Diputaciones Provinciales: más de 2,7 millones, con un sistema de reparto que favorece a las provincias con menor renta per cápita para reforzar la cohesión territorial.
Este fondo se financia con la recaudación del impuesto sobre la afección medioambiental por producción de energía, el único tributo propio vigente actualmente en la Comunidad.
Simplificación administrativa y silencio positivo
Las cuantías aparecerán publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) la próxima semana.
Las entidades locales que reciban fondos incondicionados no deberán realizar ningún trámite: la Consejería efectuará las transferencias de oficio.
En el caso del FCELG para municipios de más de 1.000 habitantes y diputaciones, dispondrán de 15 días hábiles para presentar la solicitud y la documentación correspondiente. Tras la resolución favorable, recibirán el pago anticipado una vez acreditada la contratación de las inversiones, que deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2027.
Como novedad en 2026, se consolida el silencio positivo: si la Dirección de Administración Local no responde en 15 días hábiles, la inversión se considerará aprobada. También se facilita la redistribución automática de remanentes para garantizar el aprovechamiento íntegro de los fondos.