El próximo 15 de marzo, los ciudadanos de Castilla y León volverán a depositar su voto en las urnas. Será el momento de la verdad. Hasta ese día, en el centro de todo están los candidatos, los debates y los mensajes de campaña. Y alguien que ahora mismo es el gran protagonista, eso sí, no de manera altruista.
Durante estas semanas previas al 15-M todo gira en torno a las decisiones que toma la Junta Electoral, que sale en todos los titulares informativos ante las denuncias que los partidos políticos realizan por vulnerar la ley electoral.
Así, en segundo plano, con un perfil más discreto, trabaja el órgano que todo lo ve, el que vela porque todo funcione como una máquina perfecta. La Junta Electoral de Castilla y León que garantiza que todo el engranaje funcione con arreglo a la ley.
Un organismo permanente que desde hace ya unas semanas está muy presente en los partidos y en los medios de comunicación. Presente en cada proceso electoral, se convierte en el árbitro del juego democrático y en el “ojo que todo lo ve” durante la precampaña, la campaña, el día de reflexión y la propia jornada de votación.
La Junta Electoral de Castilla y León forma parte de la arquitectura de la Administración electoral española. Comparte estructura con la Junta Electoral Central, las juntas provinciales, las juntas de zona y las mesas electorales, pero en el ámbito autonómico actúa como la máxima instancia de referencia.
Para entendernos, es quien “homologa criterios, resuelve discrepancias y fija la interpretación definitiva de la normativa electoral en las elecciones a las Cortes de Castilla y León”.
En este caso, cuando surge una duda que afecta a más de una provincia o cuando un partido recurre una decisión provincial, la última palabra en el territorio la tiene este órgano.
¿Quién lo forma?
Su composición está diseñada para reforzar la independencia técnica.
Según la Ley Electoral de Castilla y León, la Junta es un órgano permanente integrado por cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia, elegidos por insaculación ante su Sala de Gobierno, y por tres catedráticos o profesores titulares de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología de universidades de la Comunidad, designados a propuesta conjunta de los partidos con representación en las Cortes.
En esta ocasión, al frente se sitúa su presidente, actualmente Francisco Javier Pardo Muñoz, acompañado en la vicepresidencia por Begoña González García.
Completan el órgano los vocales María de la Encarnación Lucas Lucas, Eusebio Revilla Revilla, Luis Esteban Delgado del Rincón, Manuel Augusto Martín de la Vega y Juan Fernando Durán Alba, con Laura Seseña Santos como secretaria, al igual que hace en las Cortes.
La Junta ha experimentado cambios recientes en un momento especialmente delicado del calendario político. El pasado 23 de enero se formalizaron las renuncias de José Manuel Martínez Illade y María Jesús Martín Álvarez, lo que obligó a una renovación parcial del órgano apenas semanas antes de la cita con las urnas.
Aunque estos relevos se producen conforme a los mecanismos previstos por la ley, su coincidencia con la precampaña ha añadido un elemento más de atención pública sobre la institución.
¿Qué hace?
Pero ¿qué hace exactamente la Junta Electoral? Su labor no es visible a pie de calle, pero resulta decisiva. Es la encargada de dictar instrucciones obligatorias a las juntas provinciales sobre cualquier materia electoral autonómica y de resolver con carácter vinculante las consultas que estas le plantean.
Puede revocar decisiones provinciales si considera que contradicen su interpretación de la normativa y unifica criterios para evitar desigualdades en la aplicación de la ley.
También aprueba los modelos oficiales de actas de constitución de mesas, de escrutinio y de proclamación de electos, garantizando que el proceso documental sea homogéneo y ágil.
Además, resuelve quejas, reclamaciones y recursos que presentan partidos, coaliciones o ciudadanos, ejerce potestad disciplinaria sobre quienes intervienen oficialmente en las operaciones electorales y puede imponer sanciones económicas cuando detecta infracciones que no constituyen delito ni están reservadas a los tribunales o a la Junta Electoral Central.
En esta precampaña, su papel ya ha sido determinante. Una de las decisiones más controvertidas ha sido la exclusión del grupo parlamentario UPL-Soria Ya de los debates electorales obligatorios.
La Junta interpretó que los partidos, considerados de forma individual, no constituyen un grupo parlamentario válido a efectos electorales, pese a haber funcionado conjuntamente durante la legislatura.
Como consecuencia, determinó que en los debates obligatorios solo participen el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español y Vox.
La resolución ha tenido un evidente impacto político, al afectar directamente a la visibilidad pública de determinadas candidaturas.
No ha sido la única intervención. La Junta ordenó retirar dos vídeos del PSOE al considerar que podían vulnerar la normativa electoral y abrió un expediente sancionador por propaganda.
En otro frente, desestimó la denuncia socialista contra un acto institucional del presidente Mañueco con las Águedas, al no apreciar infracción.
Desde el Gobierno autonómico, la consejera Leticia García llegó a afirmar que algunas denuncias “solo enfangan”, reflejando el clima de tensión política que acompaña cada resolución.
También suspendió un acto previsto por el Ministerio de Educación en Valladolid al entender que podía comprometer la neutralidad institucional en periodo electoral. Y es que a la Junta Electoral no se le va una.
En campaña, los partidos apuran los márgenes de la ley y la Junta marca esos límites. Y su trabajo no ha terminado. A medida que se acerque el 15 de marzo, aumentarán las consultas, las denuncias y las reclamaciones.
Cuánto cobran
Una labor que no es altruista. En el Boletín Oficial de Castilla y León se hacen públicas las gratificaciones que perciben los miembros de las diferentes juntas electorales y sus cargos, así como los jueces, funcionarios y empleados municipales que desempeñen su labor en centros de votación el próximo 15 de marzo.
Las cuantías, fijadas por el Decreto del Gobierno regional, otorgan 5.107 euros para el presidente, 2.799 euros para el vicepresidente y 2.696 euros para los diferentes vocales. Mientras que 4.081 euros para el secretario.
Por su parte, los miembros de las Juntas Electorales de Zona, por el desempeño de sus funciones en el proceso electoral, percibirán 2.900 euros en el caso de los presidentes, los vocales judiciales, 1.208 euros, los vocales no judiciales: 676 euros y para los secretarios, un ‘sueldo’ de 2.628 euros.
Por último, los presidentes y vocales de las mesas electorales percibirán por el desempeño de sus funciones en la jornada electoral la cantidad de 76 euros.
Los límites
El día de reflexión será especialmente sensible, ya que cualquier acto de propaganda puede ser objeto de actuación inmediata. Y el propio día de la votación, ante incidencias en mesas o conflictos sobre el escrutinio, la Junta puede adoptar decisiones urgentes que garanticen la limpieza del proceso.
En Castilla y León, esta función recae en la Junta Electoral. Silenciosa, técnica y a menudo cuestionada por unos u otros, su papel resulta esencial para que el 15 de marzo.