La Federación Empresarial de Apartamentos Turísticos de Castilla y León (FEVACYL) ha trasladado a la opinión pública y a los responsables institucionales su profunda preocupación por el discurso político que criminaliza a las viviendas y apartamentos de uso turístico (VUT), convirtiéndolos en el chivo expiatorio de la crisis de acceso a la vivienda.
Desde la Federación advierten de que este relato simplifica un problema estructural complejo y desvía la atención de las verdaderas causas: la falta de vivienda pública, una oferta insuficiente y una fiscalidad desproporcionada.
La Unión Europea ha aprobado recientemente un reglamento que obliga a los Estados miembros a implantar un sistema unificado de identificación de alojamientos turísticos y de corta estancia, con el objetivo de combatir el fraude y garantizar la transparencia del mercado.
España ha sido el primer país en aplicar este marco, vinculando la actividad a un número de registro otorgado por los Registradores de la Propiedad.
Sin embargo, el Ministerio de Vivienda sostiene que en Castilla y León existen 1.357 viviendas turísticas “ilegales” por carecer de dicho identificador.
Una afirmación que el sector cuestiona, recordando que en enero de este año la Comisión Europea advirtió de que el modelo español vulnera el reglamento comunitario al generar un doble registro, instando al Gobierno a corregir esta situación antes del próximo 20 de mayo.
Fraude y discrepancias
FEVACYL, de la que forma parte AEVAT, Asociación de Empresarios de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Valladolid, integrada en CEOE Valladolid, junto con las asociaciones provinciales del sector, subraya que el sector comparte plenamente la necesidad de luchar contra la economía sumergida, pero insiste en que la calificación de “ilegal” debe basarse en criterios técnicos, objetivos y neutrales, y no en decisiones motivadas por intereses políticos o ideológicos.
Las trabas administrativas, que además varían entre territorios y en muchos casos están orientadas a restringir la actividad, no pueden convertir en “ilegales” a operadores que cumplen con sus obligaciones. Esta confusión, advierten, distorsiona la percepción ciudadana y alimenta un relato injusto contra el sector.
Frente a las declaraciones del Ministerio de Vivienda, que atribuye a las VUT un aumento “exagerado” de los alquileres y la expulsión de residentes, FEVACYL sostiene que se trata de un argumento político para justificar una política de vivienda fallida.
España cuenta con menos del 2,5 % de parque público de vivienda, cuando la media europea apunta a la necesidad de alcanzar al menos el 8 %, llegando en países como Países Bajos al 30 %. A ello se suma una elevada carga fiscal: más del 40 % del precio final de una vivienda corresponde a impuestos.
“Una vivienda valorada en 300.000 euros podría costar poco más de 180.000 sin esta presión fiscal”, señala Fernando Álvarez, presidente de FEVACYL, quien concluye que “la escalada de precios no tiene su origen en los apartamentos turísticos, sino en una política de vivienda insuficiente y una fiscalidad desproporcionada”.
Pequeños propietarios, no especuladores
La Federación rechaza que se señale como especuladores a los pequeños propietarios que optan por el alquiler turístico para obtener una rentabilidad segura, en muchos casos tras heredar una vivienda o después de años de ahorro.
Recuerdan que el derecho a la propiedad privada está protegido por el artículo 33 de la Constitución y no puede verse erosionado por regulaciones arbitrarias.
Además, la inseguridad jurídica derivada de la ocupación ilegal y de las dificultades para recuperar una vivienda en caso de impago ha empujado a numerosos propietarios hacia el alquiler de corta estancia como opción más segura.
FEVACYL defiende que los apartamentos turísticos generan actividad económica, empleo, ingresos fiscales y un importante gasto complementario en comercio, restauración, ocio y experiencias.
En este sentido, recuerdan que el gasto turístico en Castilla y León en 2025 ha crecido un 5,4 % respecto al año anterior, alcanzando los 3.044,8 millones de euros.
Por ello, reclaman igualdad de trato normativo respecto a otras actividades permitidas en edificios residenciales, como notarías o academias, y denuncian que la discriminación actual “carece de fundamento técnico”.