La Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León ha convalidado este lunes por unanimidad el decreto-ley que contempla la revalorización de casi 90.000 empleados públicos de la Junta para los años 2025 y 2026. La norma contempla un aumento del 2,5% en 2025 y un 1,5% en 2026, con posibilidad de un ajuste adicional del 0,5% si la inflación alcanza el 1,5% o más este año.

Los importes correspondientes a los atrasos se abonaron en esta primera nómina del año, en la que también se aplicó el aumento fijado para este ejercicio. El PSOE, Vox y UPL han expresado sus críticas tanto al procedimiento utilizado por la Junta, como a las subidas aplicadas, ya que entienden que "no cubren el incremento de la inflación" en los últimos años.

En su intervención, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha destacado que el decreto-ley se centra "exclusivamente" en el salario de los empleados públicos, "sin aprovechar la ocasión" para incluir otras cuestiones diferentes, que, ha señalado, pueden "abrir desavenencias entre los grupos parlamentarios", haciendo referencia a la fallida aprobación en el Congreso de los Diputados del decreto ómnibus del Gobierno de España.

Carriedo ha señalado que la mejora retributiva tiene un impacto de 403 millones de euros en las arcas de la Comunidad, por lo que ha considerado "oportuno" que la reforma del sistema de financiación autonómica sea negociado, asegurando los principios de "igualdad, solidaridad y suficiencia", para garantizar la multilateralidad de forma que, "lo que afecte a todos, se acuerde entre todos".

El importe "máximo"

El consejero ha asegurado que la Junta ha aplicado el importe "máximo" permitido por la legislación básica del Estado y se ha anticipado 35 meses el abono de las cantidades reconocidas con efecto retroactivo. Con todo, ha reconocido que el país atraviesa un momento económico "especialmente significativo", al tener una inflación en "niveles elevados".

Carriedo ha considerado necesario que los empleados públicos sigan mejorando sus condiciones, "paliando en lo posible la pérdida de poder adquisitivo", y ha recordado que se trata de un colectivo que sufrió "una bajada del 5% de sus retribuciones en 2010" y que en los últimos años ha sufrido "una pérdida de poder adquisitivo".

El consejero de Economía y Hacienda ha destacado los "cumplimientos" de la Junta de Castilla y León con los empleados públicos y ha presumido de que el Gobierno autonómico puso en marcha la carrera profesional horizontal en 2021, ha "mejorado los complementos" de algunas categorías, ha "incrementado el número de efectivos" y ha aplicado la jornada de 35 horas semanales.