La Fiscalía Anticorrupción archivó las diligencias derivadas de la denuncia contra el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por sus presuntos vínculos familiares con el grupo empresarial que promueve un complejo de tratamiento de residuos en San Justo de la Vega (León).
El archivo de la Fiscalía, según explicaron a Ical las siete organizaciones ecologistas denunciantes, el archivo “se basa en que la denuncia original se fundamental en informaciones periodísticas y carece del rigor necesario para continuar con la investigación”.
Este archivo deriva de la denuncia formalizada por siete entidades ecologistas el pasado mes de septiembre ante la Fiscalía, entre las que se encuentran asociaciones como Bierzo Aire Limpio, Cepeda Viva, Luna Verde, Plataforma por el Futuro de la Montaña Central Leonesa, Indignados de Gestoso, además de la Plataforma para una gestión de residuos eficaz y sostenible, que documentaron, según informaron entonces, “diversas irregularidades” que consideran constitutivas de delito.
Fuentes de la Plataforma para una gestión de residuos eficaz y sostenible avanzaron hoy que “esto no termina aquí” y que ahora elevarán esta denuncia al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). “Nosotros decimos que no acaba aquí e iremos al TSJ. Seguimos pidiendo la dimisión del consejero para que pueda responder ante la Justicia como un ciudadano de a pie, porque está aforado”, recordó. Inciden en que “sí hay prueba” y consideran que la Fiscalía “debería haber investigado”. “Como no lo hace, lo llevaremos más arriba”, reiteró.
Además, las siete organizaciones explicaron entonces, en su escrito de denuncia, que la empresa Valorización Verde es una sociedad beneficiada por un proyecto que fue declarado de interés regional y de utilidad pública, lo que supone ventajas al acortarse los plazos y “reducirse exigencias y formalidades”. Además, en su escrito argumentaron que en el accionariado de esta empresa, “supuestamente controlado” por Asturianas de Laminados, se encuentra el hijo del consejero, Jaime Suárez-Quiñones, que “ostenta o ha ostentado cargos de alta dirección según obra en documentos oficiales de la propia empresa”.
Estas asociaciones denunciaron, en este sentido, “el claro choque de intereses” y que presuntamente se ha podido dispensar “un trato de favor mediante la concesión de esas autorizaciones firmadas por el Consejero”, algo que ahora la Fiscalía no interpreta del mismo modo y archiva.