Las asociaciones representativas de viajeros recurrentes de media distancia convencional y Avant, entre ellas la de Castilla y León, han trasladado esta semana el sentir de los usuarios del ferrocarril en un momento especialmente duro para el sistema ferroviario y para la sociedad.
Las tragedias ocurridas en Adamuz y Gelida han vuelto a poner de manifiesto que el tren es un servicio público esencial, utilizado por ciudadanos de todas las ideologías y realidades sociales.
“El tren es el eje de la movilidad cotidiana de miles de personas: sirve para acudir al trabajo, a los estudios, a la atención sanitaria o al ocio”, subrayan las asociaciones. Desde su posición como usuarios habituales, reclaman a administraciones, partidos políticos y agentes sociales una realidad sencilla: un tren seguro, fiable, bien mantenido, útil y asequible.
El ferrocarril, recuerdan, no solo es clave para la movilidad diaria, sino que constituye una prioridad estratégica para la Unión Europea, por su papel en la cohesión territorial y social y su contribución a la transición ecológica.
En los últimos días, diversas voces han planteado un supuesto conflicto entre inversión y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y las políticas de transporte asequible, como las ayudas a los bonos recurrentes, el abono único y la convalidación del Real Decreto que las respalda.
Las asociaciones consideran necesario aclarar que este planteamiento es un falso dilema: “No hay transporte público seguro sin inversión y mantenimiento, pero tampoco hay un sistema verdaderamente público sin accesibilidad económica”.
Aseguran que garantizar el acceso a un transporte asequible y sostenible es un objetivo explícito de la Unión Europea, así como una herramienta para fomentar la igualdad de oportunidades, especialmente en un contexto de inflación y aumento del coste de la vida.
Además, recuerdan que los servicios públicos tienen una vocación de universalidad: su función es garantizar derechos básicos, como la movilidad, de forma equitativa y segura para toda la ciudadanía.
"Compra de votos"
Las asociaciones expresan su preocupación ante quienes intentan deslegitimar estas políticas de movilidad asequible, calificándolas de “compra de votos”. Señalan que las ayudas al transporte responden a necesidades sociales reales y a compromisos europeos, y que desviar el debate hacia otros marcos empobrece la discusión pública, especialmente en un momento de dolor compartido.
“Un sistema ferroviario sólido requiere inversión, mantenimiento, accesibilidad y responsabilidad compartida. Exige seguir trabajando en positivo, con respeto institucional y sin confrontaciones estériles”, concluyen.
Finalmente, las asociaciones llaman a la cooperación y al diálogo entre administraciones y fuerzas políticas para fortalecer el sistema ferroviario, democratizar el servicio y mejorar la movilidad y la vida de la ciudadanía.
Las asociaciones concluyen con un llamado al consenso: “Un sistema ferroviario sólido exige inversión, mantenimiento, accesibilidad y responsabilidad compartida. Llamamos a todas las administraciones y fuerzas políticas a dialogar y acordar soluciones que mejoren la movilidad y la vida de la ciudadanía”.