La Fiscalía de Castilla y León ha abierto diligencias de investigación penal contra la gestión de los incendios del pasado verano. Estas diligencias van en contra del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones.
Este proceso judicial se inicia con motivo de la denuncia presentada por Bierzo Aire Limpio en la que señalaba posibles delitos derivados de "inacción y actuación deficiente de la administración autonómica durante los incendios de agosto de 2025". Para Bierzo Aire Limpio existen indicios para asegurar que no se adoptaron las medidas preventivas necesarias "a pesar de tener todos los datos técnicos que permitían valorar el riesgo existente". También denuncian falta de coordinación, lo que habría imposibilitado una respuesta eficaz en las horas más críticas.
Precisan que "solo se había ejecutado el 48% del presupuesto para prevención" a pesar de lo vivido años anteriores en el Bierzo o en la Sierra de la Culebra en 2022. "Lejos de aprender de lo ocurrido, la Junta mantuvo un operativo infradotado y descoordinado". Este colectivo considera que esta apertura de diligencias es un primer paso para depurar responsabilidades políticas y penales.
En la denuncia presentada consideran que tanto el presidente de la Junta como el consejero de Medio Ambiente serían responsables de posibles delitos de prevaricación por omisión, de delitos contra el medio ambiente y de omisión del deber de socorro.
El consejero de Medio Ambiente ha restado importancia a las diligencias de la Fiscalía. Quiñones dijo este jueves que "estamos acostumbrados de otras ocasiones" y que "daremos todas las explicaciones necesarias". Aun así precisa que en su opinión la Junta actuó "con absoluta diligencia después de un año 2022 en el que se tomaron medidas muy potentes".
Ha insistido en que el operativo funcionó muy bien durante 2023, 2024 y 2025 salvo "esas tres semanas fatídicas con circunstancias desconocidas". Ha recordado que en 2022 hubo varias acciones judiciales similares que terminaron siendo archivadas.
La Junta de Castilla y León ya ha recibido el requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Lo ha confirmado el portavoz del gobierno autonómico este jueves. Carlos Fernández Carriedo asegura que "ha llegado estos días". Precisa que se trata de una solicitud de documentación que "nosotros atenderemos". El portavoz ha subrayado como desde la Junta "hemos colaborado siempre con la Justicia".
Para el PSOE este proceso "tendrá el recorrido judicial que sea" pero "lo que es impresentable es que Quiñones siga a día de hoy siendo consejero de Medio Ambiente". La portavoz socialista en las Cortes, Patricia Urbón, considera que las responsabilidades políticas deberían haberse asumido desde el minuto uno. "En Valencia tienen a Mazón y aquí tenemos a Mañueco y Quiñones".
Vox cree que esta apertura de diligencias en el TSJ CyL les da la razón respecto a su oposición a la creación de una comisión de investigación en el parlamento autonómico. Su portavoz afirma que "donde hay que investigar es en los tribunales y no a través de comisiones parlamentarias que acaban en nada. David Hierro dice que "una situación tan grave" debe dirimir responsabilidades penales si así lo consideran los jueces y la responsabilidad política "la determinan los ciudadanos en las urnas".
Opinión contraria a la del procurador Francisco Igea que considera que "desgraciadamente hemos decidido que el trabajo lo haga la Justicia y no una comisión de investigación". Subraya que "creo que hay algunas cosas que merecen investigación judicial, la inacción previa y la gestión misma".
Por su parte, desde Unidas Podemos Pablo Fernández ha sido el más contundente. "Creo que ha sido una gestión homicida porque desmantelar y privatizar el operativo ha devenido en la catástrofe que ha sufrido Castilla y León". Apela a su condición de licenciado en derecho para afirmar que "puede haber responsabilidad penal tanto de Mañueco como de Quiñones".
El fuego quemó el pasado verano más de 150.000 hectáreas en Castilla y León. Tres personas fallecieron durante la trágica oleada de incendios.
Ayudas a las familias
Un total de 2.800 familias han solicitado ya la ayuda de la Junta de Castilla y León para hacer frente a los daños provocados por los incendios del verano. El portavoz del gobierno regional cree que el flujo de solicitudes ha tocado techo, aunque confirma "que se siguen produciendo algunas".
Carriedo ha anunciado que no habrá un plazo límite para solicitar estas ayudas, la administración autonómica las mantendrá "el tiempo que sea necesario".
En este sentido el consejero de Economía anima a todos los afectados que no hayan realizado la solicitud de la ayuda a que lo hagan. "Si hay familias que se enteran ahora o por algún vecino que lo ha solicitado" que sepan que pueden solicitarlo. Subraya Carriedo que "nadie se quedará excluido por razón de plazo".
Ha recordado además que el procedimiento de solicitud es rápido y "muy sencillo" para que todas las personas que cumplan los requisitos tengan facilidad para poder obtener esta ayuda de la Junta.
Mejora del operativo de incendios
La votación sobre el decreto ley presentado por la Junta de Castilla y León para mejorar el operativo de incendios en la comunidad autónoma llegará al parlamento regional en unas semanas. Carriedo apunta que hay tiempo para negociar el apoyo de los grupos a estos decretos.
El portavoz explica que "hemos hecho lo que teníamos que hacer". Anima a los grupos a solicitar cualquier tipo de información o aclaración, "estamos a su disposición". La intención del ejecutivo autonómico es que "se puede aprobar" porque es bueno para Castilla y León.
El decreto ley fue aprobado en el Consejo de Gobierno de hace una semana. Supone un cambio en el dispositivo autonómico de prevención de incendios que será público y se mantendrá activo durante todo el año.