La situación vivida este pasado verano en Castilla y León, con incendios devastadores y personas fallecidas, ha provocado que la Junta reaccione y prepare un nuevo decreto ley que transforma de forma integral el dispositivo público de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla y León
El Consejo de Gobierno lo ha aprobado este mismo jueves y ha sido presentado por el consejero de Medio Ambiente,Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el de Presidencia, Luis Miguel González Gago. Dos decretos ley, uno dedicado a la mejora en el marco de personal, y otro en el de seguridad tanto para los ciudadanos como para el patrimonio natural que tendrá un coste para las arcas de 12 millones de euros y con la intención de que sea público en 2028.
“Tras reuniones amplias con diferentes organizaciones, asociaciones, diputaciones, representantes de los trabajadores, hemos llegado a este acuerdo que responde a las reivindicaciones históricas”, ha adelantado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.
Entrará en vigor con su publicación este viernes o el lunes 27 en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) pero tendrá que convalidarse en las Cortes. El portavoz espera contar con el mayor apoyo posible para estos decretos ley “por el bien de los ciudadanos” en las Cortes donde tendrán que ser aprobados, aunque todavía no se ha hablado con el resto de los grupos parlamentarios.
"Hubo un debate parlamentario importante donde se hicieron propuestas y lo que hemos hecho es trabajar en ello", ha afirmado Suárez-Quiñones.
En caso de no salir adelante en la sede parlamentaria, Carriedo ha confirmado que habría algunos puntos de los dos decretos que sí podrían salir adelante, pero otros no. "Creemos que merece la pena en llegar a un acuerdo", ha insistido.
Un operativo que ahora trabajará todo el año, algo que no contradice el dispositivo de otros años. "Siempre ha estado del 1 de enero al 31 de diciembre lo que ocurre que ahora aumentamos el número de empleados y más medidas", ha apuntado el consejero de Medio Ambiente.
“El operativo en verano tiene unos determinados refuerzos que luego no necesitan, por lo tanto no se despide a nadie” ha rechazado el consejero las afirmaciones de la oposición donde se decía que durante el invierno se despedía hasta un 30% del personal.
El coste correspondiente a esta transición para 2026 ya está también recogido en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año que viene, ha confirmado Carriedo.
Cuestionado por las críticas de algunos sindicatos como Csif de no negociar con ellos, Gago ha confirmado que se ha estado hablando de “manera continua” con el Diálogo Social desde 2022 y “ahora se vuelven a lograr acuerdos después de mantener reunión individual con todos los sindicatos”.
De esta manera, la norma establece un nuevo modelo basado en “la profesionalización, la estabilidad laboral y el reconocimiento institucional del colectivo, y marca un punto de inflexión en la consolidación de un operativo plenamente público, permanente y eficaz”.
Uno de los ejes estratégicos del decreto es la implantación de un operativo activo durante todo el año, superando el modelo estacional centrado en las campañas de verano. “Recoge todas las reclamaciones históricas”, apunta Gago.
Para ello, la Consejería de la Presidencia modificará, antes de que termine 2025, las Relaciones de Puestos de Trabajo tanto de funcionarios como de personal laboral, cuyo incremento de coste ya se contempla en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad aprobado por la Junta.
Como resultado de esta modificación, los empleados públicos del dispositivo no solo actuarán en tareas de extinción, sino también en prevención activa, mantenimiento de infraestructuras contra incendios, vigilancia forestal, restauración del entorno tras los fuegos, y otras tareas técnicas fundamentales para reducir el riesgo de grandes incendios.
Además, esta disponibilidad permanente permitirá que la labor de estos profesionales se extienda a situaciones de emergencia de protección civil. Esta nueva naturaleza del dispositivo permite anticiparse a las emergencias y poner al servicio de la ciudadanía una respuesta profesional, rápida y versátil ante cualquier situación de riesgo.
Para garantizar esa operatividad anual, el decreto ley contempla la transformación de los actuales contratos fijos discontinuos en empleos a jornada completa y con continuidad a lo largo de todo el año. Esta medida supondrá una mejora sustancial en la estabilidad del empleo público, la planificación de campañas y la profesionalización del sistema.
Nuevas categorías
Entre otras novedades destacadas según el consejero es la norma que incluye la creación del nuevo Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B, en aplicación de la Ley de 2024 Básica de Agentes Forestales y Medioambientales.
Este cambio permitirá la integración voluntaria de los actuales funcionarios del Subgrupo C1 en un cuerpo de mayor responsabilidad técnica, con mejores condiciones laborales, carrera profesional y retribuciones acordes a su función.
Asimismo, se impulsa la funcionarización del personal laboral de la categoría de Celador de Medio Ambiente, facilitando su acceso mediante promoción interna a puestos de agente medioambiental, lo que refuerza el carácter público y estructural del dispositivo.
Otro de los pilares del decreto ley es el reconocimiento oficial de la figura del Bombero Forestal, conforme a la Ley de 2024 Básica de Bomberos Forestales.
Esta calificación se aplicará tanto a funcionarios como a personal laboral que desempeñan funciones directamente vinculadas a la extinción, vigilancia, detección y recuperación del medio natural.
Su reconocimiento se realizará en la inmediata modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo que se va a acometer, e implica no solo mejoras jurídicas y profesionales, sino también la creación de un complemento específico vinculado a la especialización y al riesgo, así como la aplicación de coeficientes reductores que permitirán el acceso a la jubilación anticipada.
Por último, la nueva norma prevé que, entre 2026 y 2028, todo el dispositivo pase a tener carácter público, pasando desde el sector privado salvo en servicios de alta especialización como los medios aéreos o la maquinaria pesada.
"Este cambio irá acompañado de un ambicioso plan de formación continua y especializada", ha añadido, coordinado por la Escuela de Administración Pública en colaboración con el Centro para la Defensa contra el Fuego de León.
Con todas estas medidas, que beneficiarán de forma directa a casi 2.200 empleados públicos de la Junta," se da un paso firme hacia un modelo más moderno, eficaz y justo", asegura el consejero.
Por otro lado, la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy el Decreto Ley de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales, una norma que responde a la necesidad de reforzar la seguridad de la población y la protección del patrimonio natural ante la creciente virulencia de los incendios registrados en los últimos años que han alcanzado una intensidad crítica en el mes de agosto pasado.
El Decreto comienza con la declaración de interés general de toda actuación en el territorio para garantizar la seguridad de la población ante incendios, que legitima para la imposición de obligaciones, limitaciones y procedimientos.
Añade a los deberes normativos ya existentes de los propietarios de terrenos y bienes inmuebles urbanos y no urbanos, la perspectiva preventiva de incendios.
Además, habilita a las Administraciones competentes para la acción preventiva en terrenos privados y regula los procedimientos, incluyendo un procedimiento de emergencia, y prioriza las ayudas públicas que se convoquen en el ámbito de la prevención.
Protección de las personas
En el marco de incrementar la protección de las personas en los núcleos urbanos, la norma tiene importantes novedades, como son la integración de la prevención de incendios en la planificación y la normativa urbanística, tanto en la Ley de Urbanismo de Castilla y León como el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
El Decreto, según ha confirmado el consejero Suárez-Quiñones, regula las ordenanzas municipales específicas en materia de prevención de incendios y seguridad de personas y poblaciones y refuerza y fomenta los Planes de Protección Civil de ámbito local por emergencia de incendios forestales.
Una parte fundamental de la reforma es clarificar el régimen de la normativa estatal de protección civil ante incendios forestales sobre la seguridad en la franja llamada en la norma estatal de interfaz urbano-forestal, que el Decreto-ley denomina anillos de seguridad como terminología más clara.
Estos anillos se definen como la franja de terreno donde la combinación de infraestructuras viarias y de prevención de incendios, junto con medidas de control de la vegetación y de protección de las edificaciones, suponen un elemento de defensa frente a la entrada hacia el interior del núcleo urbano de incendios provenientes del exterior.
Se prevén normas que posibilitan y facilitan la acción de las Administraciones públicas, cada una en sus competencias, para hacer efectivo que esos anillos estén en las condiciones necesarias para el fin de protección al que están destinados, confiriéndose instrumentos jurídicos para imponer las actuaciones que sean precisas a dicho fin en terrenos privados.
Otra parte fundamental del Decreto Ley son las modificaciones normativas dirigidas a recuperar el mosaico tradicional en el territorio con actividades agrarias que generan discontinuidades. Para ello, en concreto, se clarifica y amplía el tiempo de paso de superficies agrícolas abandonadas a forestales, de veinte a treinta años, para facilitar el mantenimiento de los usos agrícolas y de discontinuidades en la cubierta forestal.
Otros preceptos de la norma se dirigen a mejorar e impulsar la acción preventiva en el entorno de las infraestructuras de comunicación como carreteras y caminos. En especial se priorizan las actuaciones de conservación que impliquen reducción del peligro de incendios en las áreas que así determinen los planes de prevención de incendios forestales.
Se varían las regulaciones preexistentes en las zonas de servidumbre y afección de carreteras, respectivamente, en el sentido de excluir de necesidad de autorización determinadas actividades relacionadas con la prevención de incendios forestales.
Un tercer grupo de reformas se dirigen a reforzar las capacidades del operativo de manera que a la nueva acción de incremento inversor en los medios humanos y materiales, se incluyan medidas para agilizar los trámites administrativos relacionados con la dotación de medios y la cobertura de vacantes.
Se refuerza su carácter de servicio público y esencial para emergencias de protección civil, la prioridad y urgencia en los expedientes administrativos relacionados con la disposición de medios, su refuerzo identitario y la garantía de un funcionamiento coordinado e interoperable entre todos sus componentes.
Además, el decreto prevé la promoción de acciones de fomento dirigidas a las diputaciones provinciales para apoyar a los municipios en la prevención.
En este caso, la norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, con el objetivo de garantizar una respuesta inmediata y eficaz ante los desafíos que plantea la actual situación de riesgo por incendios forestales.