Castilla y León impulsa ayudas de hasta el 75% del alquiler y con 2.500 euros de media por persona y que llegarán a unos 23.000 beneficiarios. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presentado este lunes la convocatoria de las subvenciones al alquiler para el año 2025, que se publicarán mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), y que se dividen en dos categorías: las ordinarias y las que van dirigidas a personas especialmente vulnerables.

La cuantía de la ayuda será del 50% de la renta del alquiler de la vivienda salvo para los jóvenes de hasta 35 años, que podrán recibir el 60% y en el caso de los jóvenes que residan en el medio rural llegará al 75%. Las personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida también tendrán derecho a una subvención del 75% de la renta. El periodo máximo subvencionado es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, ambos incluidos.

En lo que se refiere a los requisitos de las ayudas ordinarias, en lo que se refiere a los ingresos son los mismos que en 2024, con unos ingresos mínimos de 4.200 euros y máximos de 25.200 euros al año salvo para familias numerosas, víctimas terrorismo y familias con discapacidad, casos en los que se permite que tengan más ingresos.

Quiñones ha destacado que la renta arrendaticia o precio de cesión máximo mensual por ámbito municipal se sitúa para supuestos generales entre los 550 euros en municipios de ámbito primero, capitales importantes y otra serie de poblaciones relevantes, y los 500 euros en municipios de ámbito segundo. Se ha eliminado la tercera categoría de poblaciones de ámbito tercero y algunos del ámbito segundo han pasado al ámbito primero.

En los supuestos de familias numerosas, personas con discapacidad y persona en situación de vulnerabilidad sobrevenida el intervalo se sitúa entre 800 y 600 euros respectivamente. En lo que se refiere a las habitaciones, el intervalo estará comprendido entre los 200 y 175 euros.

Ocho millones más y requisitos

El consejero ha destacado que la dotación presupuestaria se ha incrementado en 8 millones de euros, pasando de 19,5 millones en la convocatoria de 2024 a 27,5 en la convocatoria de 2025. De dicha cantidad se destinará un importe máximo de 651.105 euros a las solicitudes de las personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida. La citada cantidad podrá ampliarse en una cuantía adicional máxima de 32 millones de euros, con lo que el crédito total puede llegar a 59,5 millones de euros. "Asignaremos los recursos necesarios para llegar a todas las personas", ha afirmado.

Quiñones ha recordado que la convocatoria "es en concurrencia competitiva pero la realidad final es universal, llega a todas las personas". "No hay ninguna comunidad autónoma en España no foral que no tenga límite de presupuesto para poder llegar a todas las personas", ha señalado.

Además, en lo que se refiere a los requisitos, hay que ser titular como arrendatario o cesionario de un contrato de arrendamiento o cesión de vivienda o habitación en la Comunidad, tiene que ser la residencia habitual y permanente, poseer la nacionalidad española o de estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo.

No podrán acceder a estas ayudas las personas que tengan deudas con Hacienda o la Seguridad Social, aquellas que hayan sido sujetas a una revocación de las ayudas del actual o anterior Plan Estatal por incumplimiento imputable a la persona solicitante. Tampoco si tienen parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad con el arrendador o si es socio o partícipe de la persona física o jurídica arrendadora o cedente.

Documentación y plazo

En lo que se refiere a la documentación, Quiñones ha destacado que solo hay que presentar el contrato y los recibos bancarios en el momento de la solicitud y que solo se ayuda a arrendatarios que paguen en la cuenta bancaria. "No se ayuda a las personas que paguen por medio de recibos privados, es una forma de asegurar la falta de cualquier tipo de fraude en la obtención de estas ayudas al alquiler", ha destacado.

El plazo para solicitar las ayudas comienza el 1 de diciembre y termina el 30 de enero de 2026, porque, según ha destacado, "en esas fechas se pueden presentar todos los recibos del año 2025". "Son dos meses para presentar esos sencillos documentos. Pedimos que se haga de forma electrónica a través de tramitacastillayleon.jcyl.es pero también se puede presentar de forma física en cualquier registro administrativo", ha señalado.

La ayuda se paga por transferencia bancaria en la cuenta de la persona solicitante y se les avisa a través de un SMS de la resolución y de que se va a proceder al pago del ingreso. El plazo de resolución son seis meses a partir del día siguiente en el que ha terminado el plazo de presentación de solicitudes, por tanto, hasta el 30 de julio de 2026 para que la Junta resuelva la convocatoria. "En las últimas convocatorias hemos sido estrictos y hemos resuelto la convocatoria en esos seis meses", ha afirmado.

Quiñones ha señalado que son unas ayudas "creíbles" porque "llegan a las personas más o menos en el mismo momento, antes del verano y de las vacaciones, y supone un compromiso y un respiro para muchas familias recibir ese dinero". Además, ha destacado que se concedieron 2.331 euros de media de ayuda por persona en el año 2024 y que, debido al incremento presupuestario, "probablemente va a subir en esta edición y estará cerca de los 2.500 euros por persona".

"La subvención deberá destinarse al pago de la renta y son incompatibles con otras prestaciones de la misma naturaleza salvo el Bono Alquiler Joven del Gobierno de España. No hay incompatibilidad para perceptores de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social ni los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital", ha afirmado.

Otras ayudas

El consejero ha presentado también el programa de ayudas para personas con especial vulnerabilidad, incluyendo a las víctimas de violencia de género, a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, objeto de un desahucio de su vivienda habitual o personas sin hogar y otras especialmente vulnerables.

"Al margen del presupuesto de las ayudas ordinarias hay un presupuesto especial. La ayuda no se hace a través de ayudas directas a las mismas sino a través de las entidades del Tercer Sector que reciben una cuantía económica para que estas identifiquen a las personas y gestionen la ayuda porque son las que mejor conocen la gestión de esta situación", ha destacado.

Y, por último, ha presentado las ayudas a la accesibilidad: para instalación de ascensores, salvaescaleras, rampa o dispositivos que mejoren la accesibilidad en el interior de viviendas. "El 25% de la convocatoria va para viviendas ubicadas en municipios rurales, se ayuda el 50% de la inversión pero 6.000 euros por vivienda cuando hablamos de ayudas que solicitan las comunidades de propietarios o 3.000 euros en comunidades verticales cuando la ayuda es para una vivienda en concreto", ha zanjado.