La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido este viernes al PP que asuma "su responsabilidad histórica" para blindar el derecho al aborto en la Constitución. "Tienen que elegir si están con las mujeres o con la extrema derecha de Vox", ha afirmado la ministra en un acto en Valladolid después de que el Gobierno anunciase que propondrá una reforma constitucional para incluirlo como derecho.
Se trata de una reforma que necesitaría del apoyo de los populares, al requerir de una mayoría cualificada del Congreso para salir adelante. El procedimiento ordinario requiere superar varias fases parlamentarias con mayorías reforzadas, lo que concede a los populares un papel fundamental a la hora de decidir si el aborto se blinda, finalmente, en la Constitución.
Con todo, Redondo se ha mostrado convencida de que en esta legislatura el Gobierno conseguirá "una mayoría amplia" en el Congreso, con el apoyo de los populares, para incluir el nuevo derecho.
Y ha recordado que esa reforma constitucional propuesta por el Gobierno se va a impulsar "sobre la base de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos de 2023 y sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que es la 44/2023 que reconoce constitucionalmente el derecho al aborto".
Una compleja reforma
"Hay ya un camino jurídico recorrido y ahora hay que dar el salto constitucional para ese reconocimiento y sobre todo para blindar los derechos de las mujeres, la igualdad y los derechos sexuales y reproductivos de todas nosotras como ha hecho Francia, seríamos el segundo país que reconocería constitucionalmente", ha recordado.
La ministra de Igualdad ha asegurado que el Ejecutivo se encuentra "estudiando y barajando el procedimiento". "Sería un procedimiento ordinario del 167 de la Constitución y creo que es una buena noticia en este momento de ola reaccionaria en la que la derecha extrema y la extrema derecha conjuntamente están intentando socavar nuestros derechos", ha señalado.
Redondo ha señalado que hay "una amplia mayoría social que respalda los derechos y la igualdad de las mujeres" y que "esa mayoría social está representada en el Congreso". "Esta reforma que la sociedad reconoce y necesita es algo que tenemos que impulsar con agilidad", ha afirmado.
La ministra ha recordado que, en esta legislatura, ya se ha producido una reforma constitucional, la del artículo 49 de la Constitución para incorporar a las personas con discapacidad. "Es un avance social importante y este avance también es muy significativo, esencial para las mujeres y un paso definitivo hacia la igualdad", ha señalado.
Por ello, se ha mostrado convencida de que el Gobierno de España conseguirá, a lo largo de esa legislatura, esa mayoría amplia, que debería incluir al PP, "respaldada por una amplia mayoría social y por las mujeres de este país". "Somos más del 51% de la población", ha recordado.
El síndrome post aborto
Redondo también se ha pronunciado sobre la propuesta de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, donde los de Santiago Abascal gobiernan con el PP, para informar a las mujeres sobre el síndrome post aborto, emulando la medida aprobada en el Ayuntamiento de Madrid, propuesta por Vox y apoyada por el PP, aunque rectificada, después, por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.
"No lo podemos tolerar, somos el 51% de la población y tenemos que tener reconocidos los derechos en igualdad de condiciones y la libertad y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tienen que estar en la Constitución. Tienen que blindarse de cara a esta ola reaccionaria que es global, llega desde Estados Unidos y recala en Valladolid", ha señalado.
Y ha pedido al alcalde de la capital vallisoletana, el popular Jesús Julio Carnero, que depende de Vox para gobernar, "qué opina de este recorte tan importante de los derechos de las mujeres que pretende la extrema derecha y a veces la derecha extrema cuando se alían".
"Es importante que el alcalde a tiempo parcial, porque ejerce casi más de senador, ejerza sus responsabilidades y les diga a las mujeres de Valladolid si va a consentir que esa información falsa sobre un síndrome que no está reconocido científicamente va a suponer también una traba más para el ejercicio de sus derechos a la interrupción voluntaria del embarazo", ha zanjado.
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