El Gobierno de Castilla y León se ha desmarcado este jueves del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por el popular José Luis Martínez-Almeida, que aprobó este martes una propuesta de Vox para informar en los centros dependientes del Consistorio madrileño sobre el síndrome post aborto.

Se trata de una cuestión que no regulará la Junta, según ha anunciado el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo. "Nuestra idea es no realizar modificaciones sobre la estructura de actividades que tenemos actualmente y seguir actuando en este ámbito sin cambios en esta materia", ha afirmado.

El portavoz de la Junta ha señalado que el Gobierno autonómico respeta "todos los derechos vigentes" y aboga por "buscar la fórmula de hacerlos compatibles". "No estableceremos cambios en nuestro sistema de funcionamiento en este ámbito", ha señalado.

Todo ello, después de que este martes el PP apoyase una propuesta de Vox en el Ayuntamiento de Madrid para informar en los centros dependientes del Consistorio sobre el síndrome post aborto, que salió adelante con los votos de las dos formaciones conservadoras, mientras que PSOE y Más Madrid votaron en contra.

Almeida justificó el apoyo del PP a la medida asegurando que "apoyar que se dé información a las mujeres no es apoyar el argumentario que utiliza Vox" mientras que el Gobierno de España ha criticado que en Madrid se obligue a informar sobre un síndrome "inexistente" y ha abierto la puerta a emprender "acciones legales" por esta cuestión. Un aspecto que no será regulado en Castilla y León.

Fernández denuncia el "incumplimiento"

El procurador de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha denunciado este mismo jueves, en su rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara, que en la Comunidad "también se están poniendo innumerables trabas y obstáculos para que las mujeres puedan interrumpir su embarazo con derivaciones a privadas".

"Se está incumpliendo la Ley del Aborto, tienen que poder hacerlo en los hospitales públicos más cercanos a su domicilio y el 98% tienen que marcharse a otra comunidad", ha señalado. El otro representante del Grupo Mixto, Francisco Igea, por su parte, ha denunciado que "en Madrid se institucionaliza lo que aquí se va a considerar violencia de género".