El Partido Popular calienta motores en su carrera para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa y su primera parada será Castilla y León. Los populares han puesto este fin de semana las bases del nuevo ideario con el que pretenden convencer a los españoles para volver al Gobierno de España, una batería de medidas cuyo primer laboratorio de pruebas será la Comunidad.

El presidente de la Junta y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, tiene la responsabilidad de ser el primero en trasladar a un programa electoral autonómico el plan promovido por el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, y rubricado este domingo en la Declaración de la Región de Murcia, en la que el presidente del partido estuvo rodeado de todos los dirigentes autonómicos.

Las elecciones en la Comunidad, previstas para marzo de 2026, serán las primeras en celebrarse y, por tanto, será la primera ocasión en la que estas medidas protagonizarán una campaña electoral. Además, si Mañueco logra revalidar el cargo, como pronostican todas las encuestas, Castilla y León será el primer territorio en el que se aplicará lo planteado en la Declaración

La Comunidad, pues, servirá como laboratorio de experimentación a Feijóo para probar el éxito de su nuevo ideario con el objetivo puesto en unas generales que, si no se adelantan, tendrán lugar en el primer semestre de 2027 y en las que la prioridad de los populares será desalojar a Sánchez de la Moncloa y regresar al Ejecutivo nueve años después.

Inmigración legal y que aporte

Una de las cuestiones en las que ha puesto más énfasis Feijóo en su nuevo plan, y que se encuentra de máxima actualidad, es la de la inmigración. El líder del PP ha acusado a Sánchez de haber "renunciado" a controlar las fronteras y ha planteado una batería de medidas para fomentar una inmigración ordenada y que aporte.

El presidente popular ha tratado, pues, de marcar perfil propio, desmarcándose de la política migratoria del Gobierno pero también de las medidas, a su juicio, excesivamente restrictivas de Vox, apoyando el control de fronteras pero viendo con buenos ojos una inmigración "legal y ordenada".

Se trata de un posicionamiento que encaja bien con la postura de Mañueco en Castilla y León, que ya en marzo de 2022, cuando firmó su acuerdo de Gobierno con Vox, apostó por una inmigración "ordenada" pero que, a su vez, ha presumido siempre de que la Comunidad es "solidaria y de acogida" y se ha mostrado partidario de la llegada de inmigrantes en condiciones regulares.

El presidente de la Junta, por tanto, será el primero en defender de forma clara este posicionamiento migratorio en la campaña electoral de las elecciones de marzo y en llevarlo a la práctica en el caso de que revalide el cargo tras los comicios.

En la Declaración de la Región de Murcia el PP recuerda que España "vive una de las transformaciones demográficas más profundas de su historia reciente" y carga contra el "modelo disfuncional del Gobierno central, que ha convertido la irregularidad en la vía más rápida, debilitando la cohesión social y la igualdad ante la ley".

Los populares, en cambio, plantean una política migratoria "que alinee España con la tendencia europea: ordenada, legal y mutuamente beneficiosa" y recuerdan que "la inmigración bien gestionada es una oportunidad" pero que "mal gestionada" puede ser "una fuente de división y precariedad".

También hacen hincapié en que prestaciones económicas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) "deben ligarse a la búsqueda activa de empleo" y denuncian que "la mera percepción de ayudas públicas no puede ser el propósito ni convertirse en un medio de vida".

El PP plantea en el documento una política migratoria "eficaz" y se desmarca tanto del PSOE como de Vox asegurando que "esto no se soluciona ni con la política inmovilista de que entre quien quiera ni con el hay que echarlos a todos".

En concreto, los populares plantean recuperar el control de las fronteras como "condición básica de credibilidad", vías "legales, rápidas y claras" para quienes quieran trabajar y cotizar, una integración "con exigencias" y recuerda que la nacionalidad española "no puede ser un mero trámite administrativo".

También aseguran que "la gestión de los menores no acompañados no puede ser el fruto de un reparto arbitrario y sin transparencia, y mucho menos instrumento de negociación política entre el Gobierno central y sus socios separatistas", en la misma línea que Mañueco, que ha recurrido el reparto de menas planteado por Sánchez.

Además, el PP hace hincapié en la Declaración en que la pérdida de residencia "debe ser automática cuando un inmigrante incurra en delitos graves" y en que "la reincidencia no puede ser compatible con la permanencia en España".

PAC y simplificación administrativa

En el documento impulsado por Feijóo y rubricado este fin de semana por los dirigentes autonómicos el PP se pone especial énfasis también en la defensa del sector primario, una cuestión que es prioritaria en una comunidad como Castilla y León, en la que el medio rural es una piedra angular del territorio.

Mañueco, pues, será el primer dirigente autonómico popular en plantear en una campaña electoral, y en el Gobierno autonómico si revalida el cargo, la batería de medidas en este sentido planteadas por el PP y en las que, en parte, la Comunidad ya ha sido pionera.

Unas políticas en las que, además, jugará un papel clave una figura de Castilla y León, la diputada palentina Milagros Marcos, nueva secretaria de Desarrollo Rural y Forestal del partido que, en una entrevista con este medio, ya anticipó que las políticas impulsadas por Mañueco servirían como "modelo" en un futuro Gobierno de España presidido por Feijóo.

En la Declaración de la Región de Murcia, el PP exige "una defensa de la Política Agraria Común y la Política Pesquera Común por parte del Gobierno" y manifiesta su disconformidad con las reformas de la PAC y la PPC por parte de la Comisión Europea.

"Pedimos al Gobierno central que ejerza su potestad, a través del Consejo europeo, para obtener un presupuesto suficiente, independiente y ajustado a la inflación, sin que modifique la estructura actual de la PAC", señalan los populares en el documento, en sintonía con la petición que ya ha realizado la Junta de Castilla y León en Bruselas.

Además, el PP aboga por "un Plan de Simplificación Administrativa de calado que reduzca trámites innecesarios y duplicidades" y se compromete a impulsar "políticas que faciliten la digitalización y la productividad de nuestras explotaciones y flotas, con el desarrollo de nuevas tecnologías".

Por otro lado, aboga por "seguir reduciendo impuestos desde las comunidades y a aprobar desde el Gobierno la Ley de Fiscalidad Agraria para reconocer al sector como estratégico y que favorezca el emprendimiento rural" e insisten en la necesidad de un Pacto Nacional por el Agua "que determine la planificación hídrica como una política de Estado".

Los populares defienden, además, un Plan Integral para el Sector Forestal y una Ley Nacional para el Relevo Generacional "que permita dar una respuesta integral a jóvenes, nuevos agricultores, ganaderos y pescadores, mujeres y emprendedores en zonas despobladas". Medidas que va en sintonía con algunas que ya han sido impulsadas en Castilla y León en ese sentido.

Transportes y equilibrio territorial

Otro gran bloque de la Declaración de la Región de Murcia rubricada este fin de semana por los barones populares es el de los transportes y las infraestructuras vinculadas al equilibrio territorial. Un aspecto que también es de una importancia primordial en la Comunidad, afectada por la eliminación de frecuencias de AVE y por el nuevo mapa de transportes.

El PP reclama en el documento la elaboración de "un Plan Nacional de Infraestructuras, que garantice estabilidad y seguridad jurídica, planifique y establezca las prioridades para la inversión en infraestructuras y que se diseñe de forma coordinada y consensuada con comunidades autónomas y entidades locales".

Además, Feijóo se compromete a presentar antes de las elecciones generales "una propuesta detallada en infraestructuras para cada una de las comunidades y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla"; así como a informar, una vez que llegue al Gobierno, cada tres meses "de la evolución en la ejecución del Plan Nacional de Infraestructuras".

Los populares denuncian, en el mismo sentido que la Junta de Castilla y León, "el grave impacto que tendrá el nuevo mapa concesional estatal del autobús que, realizado a espaldas de las comunidades autónomas, ignora la realidad demográfica y la dispersión poblacional".

Además, exigen al Gobierno central "medidas que eviten los recortes de rutas en los aeropuertos periféricos y en los de menor tráfico" y modernizar la Ley de Contratos del Sector Público.

Y también denuncian "la falta de planificación y la arbitrariedad en el ámbito de las infraestructuras eléctricas de transporte y distribución", algo que ha reclamado en varias ocasiones también el Gobierno de la Junta, la última vez el pasado viernes en una reunión con el secretario de Estado de Energía, y en lo que Mañueco incidirá guiado por el nuevo plan de Feijóo.

Pulseras antimaltrato

El PP también aborda de forma prioritaria la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres en un momento en el que la gestión del Ministerio de Igualdad se encuentra en entredicho tras las denuncias de errores en las pulseras antimaltrato.

Los populares, en la Declaración, manifiestan su "más absoluto rechazo" a todas las formas de violencia machista y su "gran preocupación por el retroceso que se ha producido en los últimos años en materia de igualdad", poniendo como ejemplo los fallos en las pulseras.

Además, piden la depuración de responsabilidades y "la inmediata destitución de la ministra de Igualdad, Ana Redondo", como "responsable directa de la gestión negligente del sistema Cometa y por haber hecho caso omiso durante meses a todas las advertencias acerca de la desprotección de miles de mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual".

Por otro lado, exigen al Gobierno "una auditoría externa, independiente, integral y transparente: cómo se tramitó y adjudicó el contrato del sistema Cometa, cómo se implantó, qué seguimiento se ha hecho y cómo está funcionando en la actualidad".

Y también que comunique "de forma inmediata a las comunidades autónomas información completa e inmediata sobre los defectos y mal funcionamiento del sistema, el número de víctimas afectadas de cada provincia, el número de procedimientos judiciales alterados o sobreseídos en cada provincia por las deficiencias, la tipología de los fallos y su duración real".

En Castilla y León, se encuentra pendiente la aprobación de la nueva Ley contra la Violencia de Género autonómica, para la que existe consenso entre PP y PSOE, y es previsible que Mañueco dé un impulso a la norma, que aún podría aprobarse antes de finalizar la XI Legislatura, tras las indicaciones de Feijóo de abordar la cuestión de la igualdad de forma prioritaria.

Trato "arbitrario" a las comunidades

En el documento se denuncia también "el trato arbitrario del Gobierno central a las comunidades autónomas" y se recuerda que "desde la Ley de Amnistía que dio origen a la presente legislatura nacional, no han cesado los agravios entre españoles, incluso en áreas de crucial trascendencia como el reparto de menores no acompañados o el cupo separatista".

"Nos oponemos a este trato asimétrico impulsado únicamente para satisfacer al separatismo, renunciamos a participar de este tipo de chantajes, y volvemos a reivindicar la igualdad de todos los españoles ante la ley", señala el PP en la Declaración, en consonancia con la defensa de la igualdad tantas veces emprendida por Mañueco.

Además, el partido reitera su "tajante oposición a la ruptura de la caja común y la Agencia Tributaria, y la necesidad de una reforma del sistema de financiación autonómica y local, que permita prestar los servicios públicos en las mejores condiciones".

El Partido Popular se reivindica en el documento "como única alternativa de Estado a esta situación nacional" y se compromete a tenerla lista para que, "tras las próximas elecciones generales, sean éstas cuando sean, España cuente con un Gobierno estable y coherente, un proyecto reformista de libertad, y una hoja de ruta para restaurar la concordia entre españoles".

El objetivo final de una carrera en la que el PP tendrá su primera parada en las elecciones autonómicas de marzo de 2026 en Castilla y León, que se convertirá en el laboratorio de pruebas para el nuevo ideario impulsado por Feijóo si Mañueco logra revalidar el cargo y mantener la Comunidad como feudo popular después de casi 40 años al frente del Gobierno autonómico.