El macrojuicio por la “trama eólica” que comienza en Valladolid este lunes 15 promete ser uno de los procesos más relevantes en Castilla y León en los últimos años en materia de corrupción administrativa, así como uno de los más extensos. Los datos así lo dicen.
El volumen de la causa es enorme: más de 11.000 folios. Se va a desarrollar en 43 semanas lo que se extenderá hasta el próximo mes de enero de 2026. Las peticiones iniciales de pena sumaban 138 años de cárcel; pero tras la exclusión de dos imputados, quedan en 123,5 años y multas por valor de 850 millones de euros.
Catorce personas se sentarán en el banquillo y se prevé que la prueba testifical comience el 6 de octubre.
Algunos acusados ya fueron condenados en casos anteriores relacionados, lo que añade complejidad en términos legales e históricos. Otros, incluso, ya están muertos después de tantos años de espera.
Por las cifras manejadas, la trama eólica se considera el mayor caso de corrupción en Castilla y León, superando en volumen económico a cualquier otro procedimiento abierto en la comunidad, pero también la mancha negra de la trayectoria de Juan Vicente Herrera como presidente del gobierno autonómico ya que se perpetró durante su mandato y con el fallecido Tomás Villanueva como vicepresidente.y consejero de Economía y Empleo.
No obstante, la Audiencia ha rechazado la petición de Rafael Delgado para citar como testigos a una veintena de personas, incluidos el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la exconsejera Pilar del Olmo.
Pero, ¿qué es realmente el caso eólica?
Pues bien, este lunes, 15 de septiembre, se inicia en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid un proceso judicial de gran envergadura, en un caso que recuerda al ya vivido hace meses con la ‘Perla Negra’, hasta el punto de que hay caras que repiten.
Los hechos se remontan a 2007, como decimos con Juan Vicente Herrera como presidente de la Junta, cuando la comunidad autónoma afrontaba su primer gran despliegue de parques eólicos.
Según la acusación, desde la Consejería de Economía, presidida por el fallecido Tomás Villanueva, y especialmente desde la Viceconsejería dirigida por el principal acusado, Rafael Delgado, se articuló un "sistema para controlar las autorizaciones administrativas de los proyectos".
En él están implicadas catorce personas acusadas de delitos relacionados con las autorizaciones de parques eólicos en Castilla y León, un tema jugoso. Según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso este medio, las supuestas “mordidas” superan los 80 millones de euros.
La causa tiene su origen en investigaciones (Instrucción 4) que señalan presuntas irregularidades en el proceso de tramitación administrativa de parques eólicos entre los años 2000 y 2015 en la Comunidad.
A los acusados se les imputan delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización o grupo criminal.
Aunque originalmente eran dieciséis los acusados, el número se ha reducido a catorce. Uno fue excluido por motivos de salud (Marc Nodelar) y otro, Manuel Ordóñez, exdirector de Energía y Minas de la Junta, ha fallecido.
Entre los acusados figuran personas ya condenadas en juicios anteriores. Por ejemplo, Rafael Delgado: exviceconsejero y exsecretario general de la Consejería de Economía, al que en esto también se le considera cabecilla de la trama.
Mientras que Germán José Martín Giraldo y Francisco Esgueva también fueron condenados previamente en la 'Perla Negra'. Otros acusados incluyen empresarios, directivos de empresas energéticas, técnicos y allegados al poder político.
Según el auto instructor, la “trama eólica” consistía en exigir a las empresas promotoras de parques eólicos que incluyeran en su accionariado a empresas locales como condición indispensable para que los parques recibieran la autorización administrativa. Esta participación local debía estar alrededor del 40%.
Favorecer a determinadas empresas y empresarios con vínculos con los imputados y crear fases administrativas adicionales, como la denominada "competencia por evacuación", que sólo podían superar los proyectos que contaran con socio local, lo que servía para paralizar o condicionar la autorización hasta que ese requisito se cumpliera.
Las acusaciones —que incluyen la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, Ecologistas en Acción como acusación popular, y otras acusaciones particulares representando a empresas afectadas— reclaman para los acusados penas de cárcel que suman 123,5 años y multas por un valor de hasta 850 millones de euros, cifra algo rebajada tras la exclusión de dos acusados del procedimiento.
Para Luis Oviedo, presidente de la Federación de Ecologistas en Acción Castilla y León, que se presenta en la causa la estrategia consistía en: “retirar a los servicios territoriales de Industria la capacidad de autorizar parques eólicos y concentrar la decisión en la Viceconsejería, en manos de Delgado”.
Para posteriormente, “imponer socios locales de confianza”. Según Oviedo, “obligar a que en cada proyecto figurara una empresa radicada en Castilla y León elegida por la Consejería.
Estas compañías adquirían participaciones a bajo coste y, una vez conseguida la autorización, las revendían a los verdaderos promotores con enormes beneficios, que podían alcanzar 250.000 euros por MW autorizado”.
Así, para Rafael Delgado se pide 42 años de prisión y una multa de 239 millones de euros. A empresarios como Alberto Esgueva y Germán José Martín Giraldo enfrentan solicitudes que rondan los 12 años de cárcel y multas de decenas de millones.
Otros acusados menores tienen solicitadas penas de alrededor de seis años de prisión con multas también cuantiosas.
En cuanto a la responsabilidad civil, la Junta de Castilla y León aparece como responsable subsidiaria en determinadas indemnizaciones, si los acusados no pueden responder.
También destaca la cuantía de más de 24 millones de euros, compartidos con varias empresas como Iberdrola Renovables Castilla y León, Sinae Inversiones Eólicas y Parque Eólica la Boga.
Acusados
Entre los acusados figuran nombres como Rafael Delgado Núñez, exviceconsejero de Economía, así como Jesús Rodríguez Recio, Alberto Esgueva Gutiérrez, Francisco Esgueva Gutiérrez, Marc Nadaler, Germán José Martín Giraldo, César Hernández Chico, María del Mar Moreno Fernández, Patricio Llorente Muñoz, Alejandro Llorente Muñoz, Miguel Ángel Llorente Muñoz, Ricardo Bravo Sayas, Rafael Icaza de la Sota, Pedro Barriuso Otaola, Andrés Martín de Paz y Carlos Galdón.
El tribunal ha admitido la mayoría de pruebas presentadas por las acusaciones, entre ellas las del Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, la acusación particular de Altos del Rasero y la acción popular de Ecologistas en Acción de Castilla y León.
También ha aceptado gran parte de las pruebas propuestas por las defensas.
En clave política
Y un juicio, quizás el de mayor corrupción de la historia de la Comunidad, que también se ve en modo político.
Irrumpe en un momento de máxima sensibilidad política, pues se abre apenas unos meses antes de las elecciones autonómicas de marzo. Esto introduce un factor de inestabilidad para el Partido Popular, que ha gobernado la comunidad cuatro décadas y cuya imagen se ve directamente vinculada a la gestión.
Así, el Partido Popular afronta este proceso con un riesgo notable, aunque es cierto que los imputados ya no ocupen cargos en primera línea. Tampoco el caso de Perla Negra ha afectado a su imagen.
La estrategia más probable del PP, según fuentes consultadas, será “marcar distancias, insistir en que son hechos pasados y que la justicia debe actuar”.
Por su parte, para el PSOECyL, este macrojuicio es un regalo político en plena precampaña. Su discurso, como ya se ha podido escuchar, girará en torno a la idea de que “Castilla y León necesita limpieza, regeneración y fin de las redes de poder”.
Los socialistas buscarán que el caso no se perciba como algo judicial aislado, sino como síntoma estructural del modelo de gobierno del PP.
El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ya ha aprovechado para afirmar que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “se esconderá y mimetizará” a partir de este lunes, con el inicio del juicio de la ‘trama eólica’, y reclama de nuevo “responsabilidades” aunque, matiza, “pedirlas a este Gobierno está quedando demasiado manido”.
Martínez señala que la ‘trama eólica’ es para la Junta “como ese cadáver que aparece en las malas películas en el armario, siempre vuelve a aflorar en la Junta”, algo que integró en la política de la Junta “desde hace 28 años, que ha estado en manos de los mismos, salpicado de corrupción”.
Lo que está claro es que el impacto electoral dependerá del calendario judicial. El macrojuicio por la trama eólica no solo es un proceso judicial, sino un termómetro electoral clave. Para el PP, un riesgo de erosión justo en su feudo histórico; para el PSOE y demás rivales, una oportunidad de desgastar y articular el discurso de la regeneración.