Se veía venir y ha llegado. Estaba firmado y era cuestión de tiempo. La propuesta del Gobierno de condonar parte de la deuda autonómica ha generado un debate intenso a nivel político y territorial.
Una quita que ha sido redactada a instancias de ERC y su líder, Oriol Junqueras, para que el Gobierno tenga vía libre para poder negociar los apoyos a los nuevos presupuestos. Castilla y León es de esa opinión y por eso mantiene la intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional la condonación de la deuda.
El proyecto de ley dice que Castilla y León se beneficiará de una condonación de 3.643 millones de euros. “¿Quién puede decir que no a esto?, se preguntó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pues la Junta.
Para su consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, cada ciudadano de la Comunidad deberá 523 euros más que antes, “dado que lo que nos quieren quitar como castellanos y leoneses (3.000 millones) es menor de lo que asumimos como españoles”. Por eso lo rechazan, por eso y más argumentos.
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP, e incluso alguna que no como Asturias o Castilla La Mancha, rechazan la quita de deuda. Lo hacen porque argumentan que la medida es una “operación política” y una “cesión” a los partidos independentistas, en especial a Esquerra Republicana, como parte de los pactos de investidura de Pedro Sánchez.
Así, la medida, presentada por la ministra María Jesús Montero como un mecanismo para aliviar la carga financiera de las comunidades y favorecer la inversión en servicios públicos, no ha tenido una recepción unánime. Para nada.
Mientras algunas autonomías ven en la condonación una oportunidad para disponer de mayor margen presupuestario, otras critican que el plan puede introducir desequilibrios y premiar la falta de disciplina fiscal y que solo se hace pagar el peaje político para que Sánchez mantenga su sillón.
“Castilla y León está acostumbrada a pagar sus deudas. No queremos pagar las deudas de los demás”, afirmó esta misma semana el portavoz del Ejecutivo y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien rechaza por completo la posibilidad de que la Comunidad termine aceptando y aprovechándose de algo que considera “negativo”.
La Junta sostiene que esta condonación rompe la igualdad entre españoles y penaliza a las comunidades que han gestionado con mayor rigor sus cuentas públicas, premiando en cambio a aquellas más endeudadas.
Además, muchos presidentes autonómicos del PP la califican como un “negocio ruinoso” para sus ciudadanos y temen que siente un precedente negativo en materia fiscal.
Hablan los economistas
Esto en términos políticos, pero qué dicen los economistas sobre esta medida. Desde el Colegio de Economistas de Valladolid (ECOVA), su decano-presidente, Juan Carlos de Margarida, ha analizado los efectos que puede tener esta medida tanto en las comunidades autónomas como en el conjunto del Estado, poniendo especial énfasis en las repercusiones para Castilla y León.
En lo que respecta a la Comunidad, el Colegio de Economistas considera que la región sale “perjudicada con el reparto” de la condonación, al no haberse seguido criterios de equidad ni de eficiencia.
Según De Margarida, la comunidad ha gestionado su deuda de forma “coherente y dentro de unos márgenes controlables”, lo que la sitúa en desventaja frente a territorios con mayor nivel de endeudamiento.
Por ello, el economista insiste en la necesidad de que Castilla y León centre sus esfuerzos en controlar los gastos públicos derivados en gran medida de la pandemia y de los impactos internacionales recientes, desde las guerras hasta los aranceles comerciales.
En este sentido, llama a eliminar aquellos gastos que han pasado de ser coyunturales a estructurales sin justificación, y a priorizar inversiones que realmente aporten valor añadido al Estado del bienestar.
De acuerdo con la valoración de ECOVA, uno de los principales beneficios de la medida radica en la mejora de las finanzas de las comunidades autónomas, que verán reducido el nivel de endeudamiento acumulado en los últimos años. “La pandemia, unida a diversos impactos económicos y sociales de carácter macro y microeconómico, había desestabilizado de forma notable las cuentas públicas, tanto del Estado como de las autonomías”, explica.
La reducción de la deuda permitirá asimismo rebajar la carga de intereses, lo que se traduce en un alivio financiero inmediato. No obstante, tal como recuerda De Margarida, “estos ingresos extraordinarios solo podrán destinarse a la reducción de la deuda, sin posibilidad de ampliar otras partidas de gasto, según lo establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.
Además, el decano subraya que este proceso debería servir para que las comunidades “regresen a la ortodoxia presupuestaria y a la disciplina fiscal, avanzando hacia unas cuentas públicas más equilibradas y sostenibles”.
Riesgos y efectos negativos
Sin embargo, no todo son ventajas. Para ECOVA, el principal riesgo de esta condonación es lanzar el mensaje de que una gestión deficiente de las finanzas públicas autonómicas puede ser solventada por el Estado en un momento determinado.
Esta percepción, advierte De Margarida, “podría generar un agravio comparativo respecto a aquellas comunidades que han actuado con mayor prudencia en el manejo de sus recursos”.
La medida, concluye De Margarida, debe ir acompañada de una estrategia que “incentive la responsabilidad fiscal y garantice que las decisiones en materia de gasto público no generen desequilibrios a medio y largo plazo”.
Por Comunidades
Por comunidades autónomas, Andalucía será la más beneficiada, con una condonación de 18.791 millones de euros, seguida de Cataluña, con 17.104 millones de euros.
Hacienda prevé asumir 11.210 millones de euros a la Comunidad Valenciana y de 8.644 millones de euros a Madrid. Para Castilla-La Mancha, se calculó una condonación de 4.927 millones de euros, en tanto que para Galicia será de 4.010 millones de euros.
Aquí va luego Castilla y León con sus 3.643 millones de euros.
Por su parte, la Región de Murcia, de 3.318 millones de euros; y Canarias, de 3.259 millones de euros.
En Aragón, la condonación prevista será de 2.124 millones de euros; en Extremadura, de 1.718 millones de euros; en Baleares, de 1.714 millones de euros; en Asturias, de 1.508 millones de euros; en Cantabria, de 809 millones de euros; y en La Rioja, de 448 millones.
AIReF en contra
No son los únicos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha manifestado varias advertencias y recomendaciones sobre la condonación de deuda a las comunidades autónomas.
Por ejemplo, señala que una condonación de deuda sin condiciones puede incentivar comportamientos irresponsables y dejar la puerta abierta a que se siga acumulando deuda en el futuro por encima de los límites permitidos por la normativa fiscal.
Además, advierte que el ahorro en intereses generado por la condonación no supone un mayor margen de gasto en servicios públicos (como sanidad o educación), ya que estos intereses no computan a efectos de la regla de gasto.
Asimismo, la AIReF recomienda que solo se beneficien de la condonación aquellas comunidades que hayan cumplido la regla de gasto y que la operación se use para facilitar el control del gasto público, no exclusivamente para reducir el endeudamiento.