Castilla y León se ha convertido en una de las primeras comunidades en fijar posición frente a la quita de deuda aprobada este martes por el Consejo de Ministros.
Y lo ha hecho a través de la voz del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago que, en su visita a Salamanca, expresó un rechazo rotundo a la medida impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El Ejecutivo central aprobó el Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera, que permitirá condonar 83.252 millones de deuda autonómica.
En el caso de Castilla y León, la cifra asciende a 3.643 millones de euros, lo que supondría reducir en un 26% el endeudamiento respecto al cierre de 2023.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificó la decisión de “inédita” y defendió que “¿quién va a decir que no a que se le perdone parte de su deuda?”.
Sin embargo, González Gago aseguró que aceptar esa condonación no significa aliviar la carga financiera de los castellanos y leoneses, sino “incrementar la deuda ciudadana”.
“Por un lado parece que reducimos lo que debemos como comunidad, pero por otro se traslada al conjunto de España, con lo que cada castellano y leonés acaba debiendo más de lo que debía”, explicó.
En su opinión, el plan “no es más que otra cesión a partidos separatistas o independentistas para mantener al Gobierno de Sánchez en Moncloa”.
El consejero insistió en que lo realmente urgente no es condonar deuda sino reformar el sistema de financiación autonómica.
“Castilla y León tiene unos servicios públicos muy costosos por la dispersión de su territorio y la baja densidad de población. Sanidad, educación o servicios sociales, son gastos estructurales que necesitan una financiación estable, no parches coyunturales”, subrayó.
Una posición común del PP
La postura de González Gago se alinea con la que ya han fijado los presidentes autonómicos del Partido Popular.
Las 14 comunidades gobernadas por el PP han confirmado que rechazarán en bloque la medida, argumentando que responde únicamente a los pactos con ERC y que beneficia especialmente a Cataluña y Andalucía, que concentran más del 40% del total de la quita.
De hecho, la propia Junta ha anunciado que recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional cuando se apruebe en las Cortes Generales.
El presidente Alfonso Fernández Mañueco ha cifrado en 523 euros por ciudadano el coste que esta operación supondría finalmente para los castellanos y leoneses.
La medida se enmarca en un debate de fondo que marcará los próximos meses. Hacienda prevé aplicar la condonación de forma progresiva, cancelando préstamos con el Fondo de Liquidez Autonómica.
Pero, como admitió la ministra Montero, todo dependerá de la tramitación parlamentaria y de las negociaciones con cada comunidad autónoma.
En este escenario, Castilla y León ha querido marcar desde ya su terreno.
González Gago, como primer miembro del Ejecutivo autonómico en pronunciarse públicamente, dejó claro que “no se trata de condonar, sino de trasladar la deuda”.
Para finalizar, reclamó un modelo de financiación “que ponga a cada comunidad en el lugar que le corresponde en función de los servicios que presta y su realidad social y territorial”.