El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado este jueves la puesta en marcha de la tarjeta BUSCyL, una iniciativa “pionera” que permitirá a todas las personas empadronadas en la Comunidad viajar de forma gratuita e ilimitada en los servicios de transporte público por carretera gestionados por la Junta.

Se trata de una medida, ya anunciada a bombo y platillo por Fernández Mañueco, que contará con una inversión estimada de entre 60 y 65 millones de euros anuales y una previsión de 15 millones de desplazamientos al año, mejorando los 14,5 millones registrados en 2024. Además, tendrá continuidad, por lo que ha llegado para quedarse.

Durante la presentación, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha apuntado que se trata de una “política estructural, planificada y con vocación de permanencia, no una acción coyuntural”.

“El objetivo es garantizar una movilidad accesible, inclusiva y sostenible en todo el territorio, sin importar el lugar de residencia”, ha afirmado. Los ciudadanos no empadronados podrán utilizar la tarjeta como monedero electrónico para pagar sus trayectos.

Sanz Merino destacó que esta medida “sitúa a Castilla y León a la vanguardia de la movilidad pública en España” y se convierte en una herramienta estratégica para luchar contra la despoblación, fomentando el empadronamiento y generando oportunidades de desarrollo territorial.

Asimismo, apuntó que contribuye al ahorro familiar y a la sostenibilidad medioambiental, al reducir el uso del vehículo privado y las emisiones de CO₂.

El consejero insistió en la “vocación de continuidad” de esta gratuidad, al margen de que no esté recogida en una ley.

“Es una decisión política basada en un reglamento comunitario y en un acuerdo del Consejo de Gobierno. No tiene fecha de caducidad. Las leyes también se pueden cambiar, pero esta medida se lanza con voluntad de permanencia y certidumbre para los ciudadanos”, argumentó.

Así será

La tarjeta BUSCyL se podrá solicitar desde el 1 de junio para los menores de 15 años, que serán los primeros beneficiarios desde el 1 de julio.

A partir del 1 de julio, estará disponible la solicitud para el resto de la ciudadanía, que empezará a disfrutar de la gratuidad desde el 1 de septiembre.

El despliegue inicial se centrará en las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, donde se concentra la mayor parte de los trayectos, y se extenderá de manera progresiva al transporte interurbano de toda la Comunidad hasta el 31 de octubre.

El proceso de solicitud se realizará a través de la web oficial www.buscyl.es, con asesoramiento disponible en el número 012 y el Centro de Control de Transporte de Castilla y León (887 88 15 69), ubicado en la estación de autobuses de León.

Este centro cuenta con un equipo de 16 trabajadores y será el encargado de gestionar el envío de tarjetas físicas y altas digitales, además de operar el sistema inteligente de transporte público (ITS) que permitirá mejorar la gestión y respuesta en tiempo real del servicio.

Sin necesidad de reserva y con refuerzos previstos

La tarjeta BUSCyL permitirá viajar sin necesidad de reservar plaza previamente, aunque el consejero reconoció que podrían producirse puntualmente situaciones de saturación.

En esos casos, señaló que se coordinarán con las operadoras para reforzar el servicio cuando sea necesario.

Además, defendió la autonomía de la Junta frente a otras administraciones y criticó el modelo del Ministerio de Transportes de Óscar Puente, que prioriza únicamente las líneas rentables.

“La política nacional pone en riesgo 474 paradas que afectan a 346 municipios de Castilla y León. Nosotros defendemos un modelo que atiende a toda la población, especialmente a la rural, que podría quedar desatendida”, alertó.

Pese a contar con presupuestos prorrogados, la Junta garantiza la viabilidad económica de la medida, ya que el impacto en 2025 será reducido al último cuatrimestre. “El coste real este año será muy limitado, y podrá ser absorbido con la prórroga presupuestaria”, explicó Sanz Merino.

Además, defendió la decisión de no acogerse a las bonificaciones estatales, que apenas habrían supuesto 3,4 millones de euros frente a los 65 millones asumidos por la Comunidad, y que implicaban una complejidad administrativa desproporcionada.

Finalmente, el consejero recordó que esta medida se suma a una larga trayectoria de políticas pioneras en transporte, como el transporte a la demanda y el Bono Rural Demanda Gratuito, implantado en 2021. “BUSCyL es el colofón de una historia de éxito colectivo, reconocida incluso por otras comunidades y países que visitan Castilla y León para conocer nuestro modelo”, concluyó.