La propuesta de quita de parte de la deuda autonómica ha vuelto al foco de debate. El Ministerio de Hacienda ha publicado este miércoles un documento para someter a consulta pública previa el anteproyecto de ley con el que pretende abordar la condonación de la deuda.
En este sentido, pretenden recabar la opinión de "los sujetos y organizaciones" más representativos potencialmente afectados por la futura norma. El plazo estará abierto hasta el 30 de mayo, unos días antes de la Conferencia de Presidentes -que tendrá lugar el 6 de junio-.
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado, antes de la reunión de las comisiones de la FRMP de Gobierno y de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que la Junta de Castilla y León presentará alegaciones.
"Naturalmente presentaremos las alegaciones que son públicas y conocidas y que hemos manifestado en diferentes foros y también en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera", asegura.
Lo harán con el objetivo de "poder influir al Gobierno de España para que cambie de opinión", aunque no tiene excesiva confianza puesto que, lamenta, "lo tiene muy claro". Carriedo acusaba a Sánchez de que para él es "más importante siete votos en el Parlamento que la opinión de 48 millones de españoles".
Recuerda que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera fue "mayoritaria absolutamente la opinión de las comunidades autónomas a favor de la igualdad en contra de los privilegios". Sin embargo, critica que el Gobierno "tiene muy claro que entre igualdad y privilegios manda el que tiene siete votos y lo que pide es una condonación de la deuda separatista".
Un acuerdo para que se formara el Gobierno que es "muy perjudicial para el conjunto de los españoles y para Castilla y León" puesto que, a palabras del consejero, "lanza el mensaje de que las deudas no se pagan".
Carriedo reprocha que en la Comunidad "pagamos las deudas" y que demandan un "nuevo sistema de financiación autonómica que garantice la sanidad, educación y servicios sociales".
Frente a ello, el consejero critica que el Gobierno "no quiere hablar" de financiación autonómica y solo quiere hablar "del pago de los precios políticos a sus socios separatistas".