El Partido Popular de Castilla y León, a través de su Grupo Parlamentario, ha anunciado este miércoles su apoyo a la proposición no de ley del PSOE para instar a la Junta a que condene el golpe de estado de 1936 y la seguida dictadura franquista. Una PNL que llega tras la presentación por parte del propio PP y Vox de la Ley de Concordia, que será debatida próximamente en las Cortes.
En esta segunda sesión del pleno de las Cortes de Castilla y León, el procurador del PP Ramiro Ruiz ha sido quien ha dado a conocer el apoyo de su partido a la moción socialista, además de hacer una defensa "contra la división y el enfrentamiento" y contra el "ruido político".
Precisamente, un "ruido político" con el que se busca, ha asegurado, las críticas a la Ley de Concordia, que se debatirá en las Cortes y que podrá ser mejorada "con la participación de todos los grupos".
Por otro lado, el portavoz socialista en las Cortes, Luis Tudanca, ha defendido la moción de su partido asegurando que el texto busca "cerrar por fin las heridas" con un trabajo pedido a la Junta para "mostrar su solidaridad y reconocimiento a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista y colaborando con sus familias para que sus restos reciban el destino digno".
El voto favorable deja de esta manera a Vox solo en su negativa a condenar expresamente la dictadura franquista el golpe de estado predecesor. Respecto a la Ley de Concordia, Tudanca ha asegurado que el PSOE irá al Tribunal Constitucional y a las Naciones Unidas en el caso de que PP y sus socios de gobiernos continúan adelante.
No obstante, el líder socialista en la Comunidad ha querido agradecer la "coherencia" de Ruiz Medrano, a quien considera el "último ejemplo del herrerismo", refiriéndose al anterior presidente de la Junta del PP antes de Mañueco, Juan Vicente Herrera. Además, le ha solicitado que tras votar esta iniciativa, retiren la Ley de Concordia para "no reabrir heridas, sino de cerrarlas por fin, en un país que tiene una deuda que saldar con las víctimas de la dictadura".
El procurador de Vox David Hierro ha cargado contra el PSOE por "confundir la historia con su memoria" y ha recordado que fueron los militantes socialistas quienes "organizaron un golpe de estado para acabar con el régimen que dicen defender" en octubre de 1934.
Arprobada la nueva Ley Residencial
En otro orden de cosas, se ha aprobado en las Cortes de Castilla y León la Ley Residencial, que tiene por objeto dotar los centros de mayores, de cuidados larga duración y de día de un modelo nuevo para la atención integral de las personas y centrado en la dignidad y derechos.
Dicha Ley ha sido tildada de "buena" por parte del equipo de Gobierno y para el PSOE es una "mera declaración de intenciones". Este proyecto era un compromiso electoral de Alfonso Fernández Mañueco y ha logrado que salga adelante sin asumir las 122 enmiendas que presentaron los partidos de la oposición y Francisco Igea.
PP y Vox votaron a favor, PSOE, Podemos e Igea la rechazaron y UPL-Soria Ya y Por Ávila se han abstenido. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha destacado que esta nueva regulación unirá a centros públicos y privados con el fin de reforzar los derechos de las personas que viven allí.
PP y Vox evitan la anulación de la declaración como BIC de la Pirámide de los Italianos
PP y Vox han evitado además la anulación de la reciente declaración como BIC de la Pirámide de los Italianos. Todo ello tras rechazar una moción de los socialistas, que además de anularla quería impulsar su resignificación como lugar de memoria democrática. Los partidos que conforman el equipo de Gobierno autonómico defienden que este monumento "cumple con todos los requisitos" para que sea declarado BIC y además han afirmado que es un bien "singular y único" dentro del patrimonio de la Comunidad.
Por su parte, Ignacio Martín Benito, el encargado de defender la moción socialista, ha lamentado que la llegada de Vox ha supuesto que el Gobierno regional esté aplicando "sesgos ideológicos" en la conservación del patrimonio autonómico con la declaración de este elemento como BIC, cuyo motivo es elevar como monumento a los soldados transalpinos fallecidos durante la Guerra Civil en su apoyo a los franquistas.
En esta línea, Martín ha acusado a los partidos que gobiernan la Junta que les interesa más "confundir que proteger", "más revisar que reconocer" y "más olvidar que recordar". El procurador del PP por Ávila David Beltrán ha asegurado que la declaración de la Pirámide de los Italianos como BIC que está "bien", siempre en el caso que se explique "cuando y quien, incluso con un centro de interpretaciñon".
Respecto a la resignificación, ha afirmado que la mejor manera de ayudar a la comprensión de la historia es "facilitar la labor de quienes la escriben y no politizar los hechos", frente a la ley de memoria democrática que, en sus palabras, "está escrita por Bildu y quiere expulsar a españoles por no ser de izquierdas".
Una línea argumental que seguida por el procurador de Vox José Antonio Palomar, que pidió "cariño, recuerdo y afecto" que sufrieron la Guerra Civil, además de respeto a todas las que no están, sin importar "el bando".
Todos apoyan los soterramientos, a excepción del PSOE
En la siguiente PNL presentada, de Vox, todos los grupos, a excepción del PSOE apoyaron la misma para la modificación del convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y plantear el soterramiento en la ciudad del Pisuerga, además de adecuar las obras ferroviarias en los casos de San Andrés del Rabanedo y Palencia.
Ignacio Sicilia, de Vox, ha iniciado su presentación criticando al Gobierno por su falta de voluntad a llevar a cabo estos proyectos y más si cabe cuando estaban comprometidos. Además, apuntó que son viables desde el punto de vista económico y técnico.
Asimismo, ha pedido apretar al ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para que estas obran sean una realidad en los lugares referenciados. La propuesta fue enmendada por el PP, que añadió algunos matices, aunque no de contenido. Algunos son la adecuación de la obra ferroviaria que se está desarrollando en Palencia a las necesidades del soterramiento y la sustitución de la obra de integración que se contempla hacer en San Andrés del Rabanedo.
Por su parte, el PSOE, a través de la procuradora Laura Pelegrina, ha criticado que en 2003 el PP de Valladolid prometió el soterramiento, recordado que el por aquel entonces alcalde Javier León de la Riva endeudó a la sociedad y fue obra del ministro Íñigo de la Serna la propuesta de integración para salvar dicha deuda.