Castilla y León no tiene capital. La Comunidad es la única, junto con el País Vasco, cuyo Estatuto de Autonomía no establece la capitalidad de la región, aunque en la actualidad las sedes de las principales instituciones –las Cortes, la Junta y la Presidencia de la misma– se ubiquen en Valladolid, la ciudad más poblada de la región. Una situación que tiene su origen en la conocida como Ley de Sedes, aprobada hace 35 años, el 14 de diciembre de 1987, y que convirtió a la ciudad vallisoletana en la 'capital' de facto de la Comunidad, ante el malestar de muchas de las provincias limítrofes con Valladolid.
El Estatuto de Castilla y León, que fue aprobado el 22 de febrero de 1983, no hacía mención a la capital de la nueva Comunidad ni al lugar en el que debían situarse las principales instituciones de la Junta, aunque en septiembre de 1983, el entonces presidente de la Junta, el socialista Demetrio Madrid, había establecido la sede de la Presidencia en el Palacio de la Asunción de Valladolid. Las tensiones entre el Gobierno y la oposición estancaron la regulación de esta cuestión, que no llegaría hasta cuatro años después de la aprobación del Estatuto, cinco meses después de acceder a la Presidencia de la Junta el popular José María Aznar.
Los primeros intentos fallidos de una Ley de Sedes
En 1983, estaban aún latentes las pretensiones separatistas de las provincias de León, Segovia y Burgos y era precisamente Alianza Popular la que albergaba con más fuerza a esas corrientes, una realidad que puede resultar extraña hoy en día al ser el PP el principal defensor del statu quo autonómico en la Comunidad. El 30 de junio de ese año, en el Salón de los Reyes del Alcázar de Segovia, se debatió un primer proyecto de Ley de Sedes presentado por el Ejecutivo socialista pero, finalmente, Alianza Popular, dividida entre las posibilidades de Valladolid, León y Burgos, se abstuvo.
Imagen de un pleno de las Cortes en la antigua sede del Castillo de Fuensaldaña, durante el Gobierno autonómico de José María Aznar.
La compleja situación obligó a Demetrio Madrid a fijar, de forma provisional, la Presidencia de la Junta en el Palacio de la Asunción vallisoletano y la sede de las Cortes en el Castillo del municipio también vallisoletano de Fuensaldaña. Una decisión que genero una contundente reacción en la oposición de AP y que llevó a que varios diputados y procuradores presentasen recursos judiciales para anular la decisión del entonces presidente de la Junta.
El Estatuto, aprobado en febrero de 1983, determinaba que una futura ley fijaría "la sede o sedes de las instituciones de autogobierno" de Castilla y León y, curiosamente, fue Alianza Popular el partido menos proclive a que las sedes de las instituciones se ubicasen en Valladolid y el que hizo que la aprobación de esa ley se postergase –hay que recordar que la formación conservadora presentó en 1983 un recurso de inconstitucionalidad con respecto a la incorporación de León a la Comunidad– pero, sin embargo, sería un presidente de AP el que terminaría aprobando la ley.
La Ley de Sedes de 1987 y la centralización de Aznar
El 14 de diciembre de 1987, hace hoy 35 años, bajo el mandato del popular José María Aznar –que había accedido al poder en julio de ese año, poniendo punto y final a cuatro años de dominio socialista– las Cortes de Castilla y León aprobaron la Ley 13/1987 por la que quedó determinado que la sede de las Instituciones de Autogobierno de la Comunidad se ubicarían, ya oficialmente, en la ciudad de Valladolid. Una norma que convirtió a la ciudad vallisoletana en la 'capital' de facto de Castilla y León.
Fue el mismo Aznar el encargado de defender el proyecto de ley en las Cortes aquel 14 de diciembre, una norma que generó tensiones en el seno de su grupo ya que cuatro procuradores de Alianza Popular rompieron la disciplina de voto y votaron en contra de la Ley de Sedes presentada por el presidente. Se trató de dos procuradores leoneses, Jaime Lobo y José Eguiagaray, y dos burgaleses, Tomás Cortés y José María Arribas. Este último llegaría a presentar su dimisión. Además, otros dos procuradores populares de León, Guillermo Domínguez y Luis Aznar, se ausentaron de la votación.
En aquel intenso debate en la Cámara autonómica, Aznar defendió que Castilla y León no era fruto de la "razón administrativa" sino de la "geografía y la historia" y abogó por la ubicación del Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) en la ciudad de Burgos con el objeto de lograr el "necesario y conveniente equilibrio" en la Comunidad. El 29 de diciembre de 1987 salió publicada en el Bocyl, finalmente, la Ley 13/1987 que fijaba las principales sedes de las instituciones autonómicas en Valladolid.
La capitalidad de facto de Valladolid aviva el leonesismo
En la nueva norma se decretaba que el Castillo de Fuensaldaña se convertía oficialmente, aunque ya lo era provisionalmente desde 1983, en la sede de las Cortes de Castilla y León, una condición que albergaría hasta la inauguración de la actual sede de la Cámara en la capital vallisoletana, en 2007. También se ubicarían en Valladolid, en virtud de esta nueva ley, la Presidencia de la Junta y las consejerías de la misma.
Imagen de un pleno de las Cortes en la antigua sede del Castillo de Fuensaldaña, durante el Gobierno autonómico de José María Aznar.
Una decisión que se basaba en la consideración de que era "más funcional y eficaz" que coincidieran las instituciones básicas de la Comunidad "en un mismo lugar" y se optó por Valladolid por ser el lugar que "resultaba más accesible y adecuado" para el conjunto de Castilla y León. Con todo, otras instituciones de la Comunidad terminaron situándose en otras provincias. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tendría su sede en Burgos, el Tribunal de Cuentas en la ciudad de Palencia, el Consejo Consultivo en Zamora y el Procurador del Común en la ciudad de León. El Consejo Económico y Social (CES) terminó estableciéndose también en Valladolid.
La aprobación de esta Ley de Sedes no trajo consigo ninguna modificación en relación a la capitalidad de la Comunidad, que continuaría vacante, aunque sí que comenzó a producir una centralización de facto en torno a la ciudad de Valladolid que generaría un amplio malestar en las provincias periféricas, especialmente en León. De hecho, el leonesismo, al calor de ese proceso centralista vallisoletano, vivió su primer momento de auge durante la década de los 90, en respuesta a lo que consideraba un proceso de centralización cada vez mayor de Castilla y León, y en las elecciones autonómicas la Unión del Pueblo Leonés (UPL) irrumpió con sus dos primeros procuradores en las Cortes.
Las reformas del Estatuto y la moción de 2019
Las reformas del Estatuto de Autonomía que se llevaron a cabo en en 1994, 1999 y 2007 no abordaron la cuestión de la capitalidad de Castilla y León, que continúa vacante de iure, y los procuradores, de nuevo, optaron por evitar tocar un asunto que era especialmente delicado en una Comunidad con tanta diversidad identitaria. Pero en el año 2019 el fuego se reavivó.
El día 1 de octubre de ese año, el entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio de Santiago-Juárez, impulsó una moción en el Consistorio para que se declarase a la ciudad capital oficial de Castilla y León, que salió adelante con el apoyo del PSOE. La aprobación de esta moción llevó a una reacción inmediata en las direcciones autonómicas de las dos formaciones, que se opusieron a esta medida, y, de forma especial, en las agrupaciones de PP y PSOE en León que, como era de esperar, se opusieron de forma frontal a que esa opción siquiera pudiera plantearse.
La moción, finalmente, quedó en nada pero contribuyó de nuevo a avivar la chispa leonesista y supuso un precedente para las mociones leonesistas que se aprobaron en varios ayuntamientos de la provincia de León desde diciembre de ese año. Unas mociones que supusieron el punto del partida para un nuevo momento de auge de ese movimiento, que llevaría a la obtención de tres procuradores por parte de la UPL en las elecciones autonómicas de febrero de 2022, su mejor resultado en 23 años.
La cuestión de la capitalidad de Castilla y León sigue pendiente y los partidos políticos no parecen interesados en remover un statu quo que ha garantizado 40 años de relativa calma en una Comunidad que nació de un proceso de construcción especialmente turbulento, fruto de sus diferentes sensibilidades identitarias. Un proceso que vivió un hito de primer orden hace hoy 30 años, cuando se establecieron las principales sedes en la ciudad de Valladolid, desde entonces la 'capital' de facto de Castilla y León.