Escuchaba el otro día, a un representante del gobierno, afirmar, sin sonrojo, que la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia era la huelga de unos privilegiados que cobraban mucho y que el daño que está haciendo a la Justicia, por la parálisis de determinados procesos, es una indecencia.

Cuando contrasto lo que ese mismo gobierno dice de la Sanidad de Madrid (obviando que es un problema nacional de destrozo anterior a la pandemia, y que con esta se ha agravado y puesto de manifiesto) de la huelga de los médicos, no escucho que sean privilegiados, pese a que sus emolumentos son significativos, ni que causan un daño a nadie, pese a que la sanidad y la salud de los ciudadanos está en juego.

Seamos coherentes, el derecho de huegla es un derecho fundamental que se encuentra sin regulación post constitucional, que es usado por los trabajadores en defensa de intereses legítimos y que no está permitido con carácter político, por más que de forma reiterada se utiliza como instrumento de la disputa política y no social.

Que los médicos son unos privilegiados si la comparativa es con un auxiliar administrativo es evidente, que los LAJ son unos privilegiados si los comparas con un auxiliar de clínica no merece comparación; pero, lo que no puede ser es que el derecho sólo pueda ser utilizado por el que tiene un menor nivel social, pues en ese caso

¿Quién determina el nivel? ¿sobre qué criterio basamos el nivel, por el económico, por el de responsabilidad, por el de los guapos o feos….?

La crítica a todo modelo de huelga es que la reivindicación de unos no puede generar un daño innecesario al resto de personas y/o implicados, es decir, se tiene que mesurar el daño incrementando la visibilidad y el impacto social que la huelga pueda tener. De este modo, no parece razonable que en el caso de los Letrados se afirme “no te voy a decir si se suspende el juicio pese a que tengas que hacer 500 Km, pues se trata de haceros daño”. Pues bien, mire señor mío, con todo el respeto, usted es una persona sinvergüenza pues, respetando su reclamación, apoyándola y asumiendo que la misma tiene que ocasionar algún daño, la provocación de daños reparables e injustos no se encuentra más que en su mente retorcida de persona que se considera más que los demás, que en lugar de buscar alianzas y apoyos es tan supersuficiente que desprecia al que debe de servir y, ciertamente, la oposición le dañó la neurona que en algún momento tuvo.

Señora Mon-ga (Mónica García), usted cacarea de ser Me-ma, médico y madre, pues bien usted cuando animó y/o no criticó y evitó las acciones contra el Hospital Cendal o anima una huelga de “privilegiados”, como dice el responsable de Justicia, ¿no le parece que ocasiona un daño a la salud de los ciudadanos en pos de un interés político?, ¿no existen medios de protesta, incluída la huelga, que no suponga poner en riesgo la sanidad de los ciudadanos?. Perdone señora Mon-Ga, usted no tiene vergüenza apoyando al privilengiado y perjudicando al desprotegido.

Parece muy duro que estemos en este tipo de disputa de políticos de nivel intelectual mononeuronal, en lugar de afrontar que la Justicia tiene un problema que se debe de resolver con recursos, tanto procesales como económicos y de personal, que sólo se afrontará con criterios profesionales y la participación de todos los implicados, con el respeto de todos y entre todos.

Que la sanidad no era tan buena, que tenía carencias y problemas muy serios que se han exacerbado tras la pandemia y que requiere una revisión de arriba a abajo, con criterios técnicos de profesionales de alto nivel.

Aún recuerdo a un grupo de “solidarios” encargados de niños con necesidades especiales que se fueron a una huelga política contra la “guerra” que se presentó en tres modelos: unas horas, una mañana y todo el día, y nuestros magnos solidarios, liderados por Teresa Sanz Vicario como suprema profesional, optaron por la de todo el día, dejando a los niños abandonados… todo un derecho ejercido de la forma más ética.

La revisión es urgente y radical, resultando que lo mismo debemos de hacer con la administración, la educación, con el total de nuestro sistema, y siempre con un criterio de separación absoluta entre lo público y lo privado, de forma que la opción por uno u otro impida actuar en el desechado, cambiar con transparencia, solvencia intelectual y criterios políticos mínimos que permitan los cambios de política, pero no afecte a las base estructural de los sistemas organizados.

El nivel de infectación es demasiado alto, seamos valientes y claros, las autonomías requieren un repensado, pues han demostrado que en la pandemia no han funcionado, que el modo de actuar de los gobiernos deben de someterse a protocolos de prevención previamente establecidos que impidan el desastre de actuación con la que nos hemos encontrado pues, no pudiendo ser previstos todos los siniestros los modelos y prevenciones, deben de haberse previsto como se exige a las empresas.