Castilla y León está padeciendo las consecuencias de la crisis económica que vive el país y la generada por la guerra en Ucrania. Por este motivo, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha valorado hoy el Real Decreto-ley de medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania como un conjunto de medidas “que responden con rapidez, determinación y justicia social, para que ningún sector, sobre todo los más desfavorecidos y las personas más vulnerables, se sienta desprotegido o desatendido”.
“El paquete de medidas”, ha dicho Barcones, “protegerá a los sectores y ciudadanos más afectados, repartirá de forma justa los efectos de la guerra y preservará al máximo la senda de crecimiento y creación de empleo ya iniciada”.
El plan movilizará en toda España 16.000 millones de euros, con 6.000 millones de euros en ayudas y rebajas fiscales y 10.000 millones en créditos ICO. Se organiza en cinco ejes: medidas para ayudar a las familias, trabajadores y personas desplazadas; para apoyar el tejido económico y empresarial; en materia de transportes; en materia de ciberseguridad, y en materia de energía.
Combustibles y trabajo
Se promueve una rebaja de 20 céntimos por litro de combustible repostado, tanto por personas usuarias particulares como por parte de empresas y autónomos. La norma también marca los usos que dan derecho a estas bonificaciones: uso como carburante en motores de vehículos terrestres, uso como carburante en embarcaciones y uso como carburante en motores estacionarios y todo tipo de maquinaria.
El impacto presupuestario de esta medida asciende en España a 1.423 millones de euros y en Castilla y León podrán beneficiarse de ella desde hoy, 1 de abril, y hasta el próximo 30 de junio, entre otros, los cerca de 1,5 millones de conductores censados en esta Comunidad. Teniendo en cuenta que en Castilla y León se consume mensualmente del orden de 140 millones de litros de diésel y gasolina 95, la rebaja supone un ahorro mensual cercano a los 33 millones de euros. Es decir, de 100 millones en los tres meses de vigencia de esta medida. Asimismo, no podrán utilizar estas causas para realizar despidos las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público.
Alquileres
La nueva norma contiene también una limitación extraordinaria de la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual, impidiendo subidas superiores al 2%. Más de 130.000 inquilinos de Castilla y León, según la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, podrán acogerse a esta medida. Esta limitación en la revisión de los alquileres, vigente hasta el próximo 30 de junio, atiende a la necesidad de que la evolución del IPC por la guerra no se traslade al precio del alquiler. El inquilino tendrá la posibilidad de negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta. En ausencia de pacto, la renta no podrá actualizarse por encima de la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), situado actualmente en el 2%.
Incremento del IMV
Los 47.424 beneficiarios en Castilla y León del ingreso mínimo vital (IMV) tendrán un incremento del 15% en las mensualidades de abril, mayo y junio de 2022. Este incremento también será de aplicación, en los mismos términos, a las solicitudes de esta prestación que hayan sido presentadas a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, pero no hayan sido resueltas, así como a aquellas que se presenten con posterioridad, siempre que los efectos de su reconocimiento no sean posteriores a 1 de junio de 2022.
Bono social de electricidad
Además, con el objetivo de proteger a los más vulnerables, los hogares que reciben el bono social eléctrico crecerán en 600.000 familias y beneficiará a 1,9 millones de hogares españoles, al incluir a los perceptores del ingreso mínimo vital. La aplicación de esta medida en Castilla y León va a suponer la renovación automática del bono social para los casi 89.000 beneficiarios actuales, a fecha 31 de enero de 2022. Los descuentos del 60% y el 70% para los consumidores vulnerables y los vulnerables severos se mantendrán hasta el 30 de junio.
Con el fin de rebajar los precios energéticos y reforzar la protección de los consumidores, se mantienen las rebajas fiscales en el recibo de la luz hasta el 30 de junio: reducción del IVA al 10%, del Impuesto de la Electricidad al 0,5% y suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica. Se prorroga también el límite al crecimiento de la tarifa de gas (TUR) para hogares y pymes en las próximas revisiones.
Avales ICO
Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros, que podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2022, para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por acuerdo de Consejo de Ministros.
Además, se extiende el plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO, que en Castilla y León, con los datos actualizados a 28 de febrero de 2022, superan los 4.100 millones de euros en avales solicitados en más de 58.000 operaciones de préstamo para financiar un total de 5.314 millones de euros.
También se extiende el plazo de carencia para los sectores más afectados, así, los autónomos y pymes pertenecientes a los sectores agrícola, ganadero, pesquero y de transporte por carretera, especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos, podrán solicitar una ampliación de seis meses del plazo de carencia o mediante una carencia adicional.
Sector primario
Unas ayudas que van a tener una incidencia muy directa en Castilla y León, dada la importancia de la agricultura y la ganadería en la economía de la comunidad autónoma, son los apoyos para mitigar el impacto en el sector primario, un sector estratégico para este Gobierno por su importancia en el suministro de alimentos en calidad y cantidad suficientes y por el desarrollo de una actividad agraria y pesquera sostenible.
El Real Decreto-ley destina 193,5 millones de euros para el sector agrario y ganadero. El sector productor de leche percibirá un total de 169 millones de euros y la pesca extractiva y acuícola contará con unas ayudas de 68,18 millones de euros.
En total, 430 millones de euros de ayudas directas y subvenciones comunitarias, a los que hay que considerar el añadido de la reducción de 20 céntimos durante 3 meses en el precio del gasóleo que, de acuerdo a los datos de consumo medio de años anteriores, puede suponer un impacto positivo de 78 millones de euros para agricultores y ganaderos.
El sector además se beneficiará del conjunto de medidas en el ámbito energético (energía eléctrica, gas y energías renovables) recogidas en el real decreto-ley para ayudar al conjunto de la economía con medidas de impacto positivo para agricultores y ganaderos.
Electricidad
Además, el plan contiene una serie de actuaciones destinadas a la industria gran consumidora de energía, que superará los 500 millones de euros. Por un lado, se autoriza la convocatoria de 73 millones de euros en subvenciones para compensar los cargos de la factura eléctrica destinados a la financiación de la retribución específica a renovables y cogeneración.
Asimismo, aumenta en 65 millones de euros las ayudas para la compensación de los costes de emisión de CO2 y dedica 225 millones para proteger a la industria reduciendo en un 80% los peajes a 600 consumidores electrointensivos. Junto a ello, se destinan 125 millones en ayudas directas a empresas gasintensivas, de lo que se beneficiarán unas 1.600 compañías, de las cuales el 88% son pymes.
Sector transporte
8.925 empresas de transportistas, incluidos autónomos, se verán beneficiadas en Castilla y León por estas ayudas. El plan refleja el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), con un paquete de medidas inmediatas para paliar las consecuencias del conflicto en Ucrania que supondrá una inyección de más de 1.000 millones de euros, incluyendo la bonificación al precio del combustible que supera los 600 millones para el sector.
El plan también despliega una línea de ayudas directas de 450 millones, que supondrán ayudas de 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgonetas y ambulancias, y 300 por vehículo ligero (taxis y VTC); y un crédito extraordinario para duplicar las cuantías destinadas a las ayudas al abandono de la profesión de transportista, que permitirá que un mayor número de autónomos de elevada edad pueda afrontar el abandono de la actividad con mayores recursos. Asimismo, se materializa la devolución mensual del gasóleo profesional, uno de los compromisos también adoptados la semana pasada.
Ciberseguridad
El Gobierno ha aprobado también un Real Decreto-ley que establece los requisitos de seguridad para la instalación, el despliegue y la explotación de redes y servicios basados en la tecnología 5G. Se trata de desarrollar un entorno confiable para el despliegue de estas redes y servicios, que genere la confianza necesaria entre los usuarios respecto a su funcionamiento y protección ante potenciales fugas o manipulaciones de datos; así como de establecer las medidas con las que afrontar los riesgos de seguridad a los que están expuestos las nuevas redes y servicios 5G.
Además, ha aprobado un Plan Nacional de Ciberseguridad, con cerca de 150 iniciativas y dotado de más de 1.000 millones de euros, para intensificar la vigilancia y apuntalar las capacidades de planificación, preparación, detección y respuesta en el ciberespacio. La delegada ha recordado que el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), con sede en León, se dedica a dar soporte en materia de seguridad informática a los ciudadanos, empresas públicas y privadas, así como a las administraciones públicas y sus organismos, y a las instituciones académicas y de investigación, especialmente aquellas que gestionan infraestructuras críticas.
Entre las principales actuaciones del Plan Nacional de Ciberseguridad, destaca la creación de la Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de ciberincidentes y de amenazas que permita intercambiar información, en tiempo real, entre organismos públicos y privados.
Energías renovables
El plan, además, incluye una actualización extraordinaria de la retribución a las renovables, la cogeneración y los residuos, que permitirá reducir la factura eléctrica en 1.800 millones este 2022, sin alterar la rentabilidad de las instalaciones. Por otro lado, la minoración del gas para reducir los beneficios extraordinarios en el mercado eléctrico se prorroga hasta el 30 de junio y se amplía su ámbito de aplicación a la energía contratada a plazo y a precio fijo desde la entrada de la norma, si dicho precio es superior a 67 €/MWh.
También se aceleran los procesos de autorización para instalar generación eólica y solar en áreas con poco impacto ambiental y se reservan al menos 7 GW de capacidad de acceso para autoconsumo. Junto a ello, las reservas estratégicas de gas natural pasarán de 20 días de consumo a 27,5 días, con mayor flexibilidad.
Refugiados ucranianos
El Real Decreto-ley establece, dentro de las competencias del Ministerio de Justicia, que las personas de origen ucraniano que soliciten la nacionalidad española estarán exentas de aportar los certificados de nacimiento de su país de origen. Se asimilan así a las personas refugiadas y apátridas reconocidas como tales por el Ministerio del Interior. Estarán igualmente exentas de aportar esta documentación en los procedimientos que se tramiten en los registros civiles mientras dure el conflicto.
En el ámbito educativo, se pone en marcha, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Plan de Contingencia de España para la Atención Educativa Integral a los estudiantes ucranianos desplazados y, desde el Ministerio de Universidades, el Plan de Acción Universidad-Refugio para acoger y facilitar el acceso al ámbito universitario a estudiantes, investigadores y personal de administración y servicios ucranianos.
El Real Decreto-ley contiene, entre otras medidas, el establecimiento de un modelo de acreditación unificado de la condición de víctima de trata de seres humanos o explotación sexual, para que los servicios públicos o entidades sociales puedan acreditarlo. Además, se incluye la trata en la atención al 016, que ya atiende en ucraniano desde el pasado viernes; se establecerá un régimen gratuito de cuentas bancarias para personas vulnerables o con riesgo de exclusión financiera y se articula también la posibilidad de otorgar subvenciones destinadas a la prevención, detección, atención y protección de víctimas de violencia contra las mujeres y de víctimas de trata y explotación sexual, en el marco de la crisis humanitaria.