El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha acusado a la Junta de haber dejado solos a los ayuntamientos, en especial a los más pequeños, en la crisis del Covid -19, una recriminación que ha sido una constante en réplica a la comparecencia del viceconsejero de Desarrollo Rural y director del Itacyl, Jorge Lorente, en sede parlamentaria.

Durante la comisión, donde este último ha expuesto las principales medidas que el Itacyl ha desarrollado durante el estado de alarma, el portavoz socialista de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Luis Cepa, ha reprochado al PP el incumplimiento de su promesa electoral de una consejería exclusiva de Desarrollo Rural y ha censurado con dureza ese "abandono" de los municipios.

A modo de ejemplo, ha criticado que las dos ayudas publicadas por la Junta, la de fondos incondicionados en la participación de los impuestos cedidos y la subvención del ELTUR, "no recogen nada extraordinario para una situación que necesita medidas extraordinarias. Son las mismas ayudas que en ocasiones anteriores, aunque en el caso de la subvención ELTUR se añada el apellido COVID-19"

A la falta de medidas extraordinarias para los municipios rurales, el portavoz socialista ha sumado la denuncia de la inactividad de la Junta a lo largo de los años para acometer la digitalización del medio rural, "verdadera rémora tanto para la competitividad de las empresas ubicadas en el medio rural, que en la pandemia ha supuesto graves problemas a los alumnos para seguir sus estudios on line".

Pero también Cepa ha criticado el "escaso grado de ejecución" del Plan de Desarrollo Rural de Castilla y León, tras recordar que en el mes de diciembre de 2019 el grado de ejecución ascendía a 598 millones, el 33% del total, y 532 millones de FEADER, el 45,03.

Tras reprochar que este año la Junta se ha permitido retrasar el comité de seguimiento, Cepa ha pedido al Gobierno autonómico la actualización de los datos y el detalle de las medidas las retrasadas. Concretamente ha solicitado la evolución de las medias de formación (17,48%), asesoramiento (14,54%), regímenes de calidad (24,27%), inversiones (21,31%), desastres naturales (11,06%), organizaciones de productores (12%) o cooperación (0,20%).

UNA ENCUESTA DE NECESIDADES

En el capítulo de propuestas, ha pedido la elaboración de una encuesta para conocer de primera mano las necesidades surgidas y las dificultades principales con las que se enfrentan los territorios como consecuencia de la crisis de la COVID 19, enfocada principalmente a jóvenes emprendedores, mujer y sectores más vulnerables del medio rural.

Asimismo, ha demandado al Gobierno autonómico analizar las ayudas prestadas con anterioridad al COVID-19 y flexibilizar o establecer medidas correctoras para algunas condiciones exigidas, así como establecer nuevos modelos y líneas de ayudas más concretas para cada sector afectado y ha planteado la simplificación del procedimiento de solicitud de ayuda para los proyectos productivos en el marco de la submedida 19.2 con una inversión que se podría denominar LEADER EXPRESS.

Respecto al mapa de infraestructuras, Cepa ha expresado su "frustración porque es difícil que ustedes faciliten información", en referencia a que en junio de 2017 el PSCyL pidió los datos concretos de cada una de las infraestructuras y su periodificación, y la respuesta fue la entrega en blanco y negro de una copia casi ilegible de un tríptico. "Tú pregunta por peras, que yo te contesto con manzanas", ha indicado Cepa con ironía.

Con relación al Itacyl, el socialista ha lamentado que el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural no haya concretado ninguna iniciativa de I+D.i en su intervención parlamentaria el pasado 7 de mayo. "No especificó si eran líneas de investigación ordinarias o sobre esta pandemia, al igual que las determinaciones en la estación etnológica, o el centro tecnológico de la carne en Guijuelo para la ultra congelación".

Ha recordado también Cepa la creación de la plataforma Campo de encuentro para ayudar en la venta de determinados productos, por lo que considera importante que la Junta diga cuántas empresas distribuidoras se han adherido a esta plataforma de encuentro entre productores y la distribución "porque así se verá su verdadero compromiso con el sector productor" y si ya tienen datos de negocio.

Respecto a Tierra de Sabor, Cepa se ha interesado por el volumen de negocio que ha tenido en estos dos meses de pandemia, a lo que ha añadido el comentario de que "no es asequible para la cesta de la compra familiar".

EL "ABORREGAMIENTO" Y EL ESTADO DE ALARMA

Precisamente, Cepa y el portavoz del PP, Óscar Reguera, se han enzarzado en una discusión después de que este último, durante su turno, una vez que ha felicitado al viceconsejero y el personal del Itacyl por la "brillante" labor desarrollada y por su "acertada estrategia de apostar por la calidad y cercanía en materia alimentaria", ha aprovechado para cargar contra el estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Y es que Reguera entiende que "alimentación es mucho más que garantizar la mera supervivencia, es un modo de vivir en libertad, un modo del buen vivir", algo que, como así ha sentenciado, es incompatible con las limitaciones del estado de alarma impuestas por el Gobierno central.

"Hay quienes quieren prohibirnos comer carne, y de la carne a la alfalfa solo hay un paso más hacia el aborregamiento colectivo", ha reflexionado el político 'popular', quien considera que la cautela ante la COVID-19 no puede alterar nuestra forma de ser y vivir. "Un sistema de seguridad no puede obligarnos a perder la libertada, no se puede aceptar una limitación de derechos sine die", ha enfatizado.

Por su parte, David Castaños, de Cs, ha alabado el hecho de que la actividad desarrollada durante este periodo por el Itacyl ha sido "ordinaria, no extraordinaria, lo que demuestra que estaba preparado, y gracias a las reformas que se acometieron en su estructura en su momento", mientras que el portavoz del Grupo Mixto, Pedro José Pascual, ha considerado insuficientes las campañas puestas en marcha para fomentar el consumo de productos enseña de Castilla y León y las ayudas al medio rural, donde un 70 por ciento de las empresas son familiares, al tiempo que ha acusado a la Junta de tener discriminada a la provincia de Ávila.