La autoridad no se mide por el volumen de la voz ni por la capacidad de imponer órdenes, sino por la forma en que se trata a las personas.
En la política municipal, donde la convivencia es tan cercana como cotidiana, las malas formas dejan una huella mucho más profunda que cualquier desacuerdo. Porque quien representa a los ciudadanos no solo está llamado a gestionar un ayuntamiento, sino también a ejercer el respeto que exige el servicio público.
Hay gestos que dicen mucho más de una persona que cualquier discurso institucional. Uno de ellos es la forma de tratar a quien depende de nosotros.
O, mejor dicho, a quien creemos que depende de nosotros. Porque existe una confusión tan antigua como la propia política local: pensar que un cargo público otorga superioridad sobre los demás. Y no. Un acta de concejal concede responsabilidades, nunca privilegios.
Mucho menos el derecho a levantar la voz, a reprender en público o a convertir una orden en un ejercicio de autoridad mal entendida.
Afortunadamente, la inmensa mayoría de los concejales entiende perfectamente cuál es su papel.
Trabajan con discreción, mantienen una relación de respeto con los empleados municipales y saben que gobernar también consiste en escuchar. Precisamente por eso llaman la atención esas excepciones en las que las formas parecen olvidar que detrás de un chaleco reflectante hay una persona y no un simple ejecutor de órdenes.
Quizá el mayor error sea creer que el respeto se impone. El respeto nunca se impone. Se gana. Y quien necesita elevar la voz para hacerse obedecer probablemente está demostrando más inseguridad que autoridad.
Los obreros municipales, sean del ayuntamiento y del pueblo que sean, conocen mejor que nadie el pulso cotidiano de un pueblo.
Son quienes salen cuando amanece para limpiar las calles, quienes reparan una avería antes de que se convierta en un problema mayor, quienes preparan unas fiestas para que todo esté listo cuando llegan las fotografías oficiales y quienes continúan trabajando cuando los focos ya se han apagado.
Su labor rara vez ocupa titulares. Pero basta que falten un solo día para que todo el mundo note su ausencia. Por eso sorprende que, en ocasiones, sean precisamente ellos quienes reciban un reproche desmedido delante de compañeros o vecinos. Corregir un error forma parte de cualquier responsabilidad. Humillar nunca debería formar parte de ninguna.
La política municipal tiene una virtud que a veces algunos olvidan: es la más cercana de todas. Aquí nadie desaparece entre despachos lejanos.
El concejal, el operario, el comerciante y el vecino se cruzan al día siguiente en la panadería, en el mercado o tomando un café en el bar. Esa cercanía debería invitar a cuidar aún más las formas, porque la convivencia de un pueblo también se construye con pequeños gestos cotidianos.
Hay quien entiende el poder como la capacidad de dar órdenes. Otros lo entienden como la capacidad de generar confianza. La diferencia entre unos y otros suele percibirse mucho antes de terminar una legislatura.
Los cargos públicos son pasajeros. Hoy se gobierna y mañana se vuelve a ser un vecino más. Los trabajadores municipales, en cambio, permanecen. Continúan prestando servicio con independencia del color político del Ayuntamiento. Son la memoria diaria de una institución que debe estar al servicio de todos.
Quizá por eso convendría recordar una idea tan sencilla como necesaria: “el Ayuntamiento no pertenece a quienes lo gobiernan; pertenece a los ciudadanos”.
Los representantes públicos son administradores temporales de una confianza depositada en las urnas, no propietarios de una institución ni de las personas que trabajan en ella.
Y esa confianza también se evalúa en los detalles. En cómo se pide un trabajo. En cómo se corrige un error.
En cómo se agradece un esfuerzo. Porque la calidad democrática de un municipio no se mide únicamente por las obras que inaugura o por los proyectos que anuncia. También se mide por el respeto con el que se trata a quienes, desde el anonimato, hacen posible que el Ayuntamiento funcione cada día.
Como ciudadanos no deberíamos acostumbrarnos a las malas formas ni justificar los desplantes como si fueran parte del paisaje político.
Exigir educación, respeto y ejemplaridad a quienes nos representan no es pedir un favor; es reclamar el nivel de convivencia que merece cualquier pueblo. Al fin y al cabo, la verdadera autoridad no deja huella por el volumen de su voz, sino por la dignidad con la que trata a las personas, ¡ay!