Hay silencios que enseñan más que muchas clases magistrales. Silencios que no nacen de la prudencia, sino de la dejación de responsabilidades. Y la Universidad de Valladolid ha acumulado demasiados en este episodio ahora conocido. Durante dos años, supo —o debió saber— que uno de sus profesores había cruzado una línea que no admite matices. Y aun así, miró hacia otro lado.

Febrero de 2024. Acaba de producirse el asesinato en Burgos del joven Sergio Delgado. Un crimen brutal y sin sentido. Su pecado: ser de Valladolid. Y en ese contexto, un profesor universitario publica en la red social X: “Si ese fue el motivo pues un asesinato muy merecido”.

No fue un comentario privado ni una frase sacada de contexto. Fue una justificación explícita de un asesinato, escrita en público, sin la menor empatía con la víctima y su familia. Desde ese instante, la universidad ya no podía alegar desconocimiento. Desde ese instante, el silencio dejó de ser neutralidad. De hecho, hace meses que la UVA es conocedora de tan graves hechos.

Y, sin embargo, no pasó nada.

Durante dos años, la Universidad de Valladolid no actuó. No abrió un expediente conocido. No fijó límites. No protegió el espacio que debía ser seguro para sus alumnos, permitiendo que el autor de la infamia siguiera ‘enseñando’ informática a sus jóvenes alumnos. Solo reaccionó cuando el juicio comenzó y cuando los propios estudiantes decidieron que aquello no podía quedar impune.

Y permítanme que entrecomille 'enseñar', porque por muchos conocimientos que tenga el docente, poco puede enseñar si el odio o, en el mejor de los casos, el desprecio por la vida humana es lo que mueve su existencia. Y por ende, poco puede enseñar la universidad que lo consiente y no mueve un dedo por corregir un fichaje tan poco acertado.

No fue la institución quien dio el primer paso. Fueron los alumnos. Ellos entendieron antes que nadie que hay palabras que no son opiniones, sino violencia. A ellos se sumó después la familia de Sergio, que ha pedido la expulsión del profesor y ha anunciado acciones penales por un sufrimiento que califican de “insoportable”.

Y cuando llegó la reacción institucional, fue tibia. La universidad afirmó condenar “cualquier tipo de violencia”, pero se limitó a difundir el comunicado del profesor, convirtiéndose más en altavoz que en autoridad moral. Una condena genérica, sin asumir responsabilidades concretas.

Aquí no va de censura. Justificar un asesinato no es una opinión. Es cruzar una frontera ética básica. Y hacerlo desde una facultad no es un matiz: es un agravante.

La UVa proclama excelencia académica, integridad, compromiso social, igualdad y respeto a los derechos humanos. Todo eso figura en su código ético. Todo eso queda en cuestión cuando una universidad actúa tarde y solo atropellada por la indignación de sus alumnos.

La oportunidad ya pasó. Actúe ahora como actúe, deja ya la duda incómoda sobre si realmente es garante de la ética y la moral en un espacio que debería ser seguro. Y cuando una universidad pierde esa autoridad, no la recupera con comunicados. La pierde para todos.