Este año, las vacaciones del vulgo han sido más extrañas que otros como consecuencia de unas votaciones inesperadas, pero hay un pequeño grupo de personas que siempre tienen la obligación de tener vacaciones en el mes de agosto, pese a que ni ese mes les es respetado plenamente. Estoy refiriéndome a los abogados y procuradores que, al establecerse por ley que el mes de agosto es inhábil, les corresponde vacar en el mismo, pues el resto del año viven subyugados por el plazo impuesto por la Administración de Justicia, que para ellos es inexorable pero, para el resto de operadores, es una simple referencia inicua.

Siempre me he preguntado si luchamos por la conciliación de la vida laboral del trabajador, si peleamos por la igualdad de los trabajadores, si defendemos la dignidad de las personas, ¿cuál es la causa de que los letrados-procuradores quedemos fuera del término trabajador o persona? Ya no para mí, que soy el que elige la profesión, sino para mis hijos y esposa ¿por qué se tienen que ver sometidos a no tener padre en vacaciones o disfrutarlas única y exclusivamente en el mes de agosto, que además a ellos no les gusta?

Los hijos, familiares y los propios profesionales son personas de segunda que no tienen derecho a la conciliación de la vida personal y laboral, que son diferentes al resto, que no son considerados trabajadores y que se someten a imposiciones injustas que cercenan su dignidad y la de los suyos, que se ven indefensos pese a ser ellos los que defienden los intereses de todos, también del resto de operadores jurídicos.

Nunca he entendido el motivo por el que se tiene que considerar inhábil el mes de agosto y las tardes del resto del año, solo es cuestión de organización e interés por dar soluciones y agilizar la Justicia.

Si se celebran juicios por la tarde, el nivel de asuntos visto se verá incrementado, se imprimirá una mayor celeridad en la tramitación y el número de resoluciones incrementará, a la par que se pondrá de relieve la auténtica necesidad de más jueces.
Si el mes de agosto es hábil, la paralización que la Justicia padece desde el 15 de julio al 15 de septiembre se vería reducida y la celeridad en la gestión procesal incrementada.

Pero, ¿y cuándo descansan los profesionales? Pues siguiendo un sistema de comunicación al Consejo General de la Abogacía de los tiempos de descanso que organizará cada letrado y que una vez autorizado por el Consejo podrá disfrutar, sin que corran plazos, términos, ni se celebren juicios en ese tiempo de vacación. Eso es un follón grandísimo. Eso no es más que un programa informático que, con los datos facilitados por los juzgados, autorice o no los períodos solicitados.

Dado que existen trámites en los que pese a la exigencia de la Ley de la presencia de procurador este no tiene una actuación precisa, sí se podría, para facilitar el proceso, eximir a los causídicos de mantener su presencia si las vacaciones de estos producirían un retraso importante con la coordinación del resto de intervinientes.

Si se quiere se puede hacer, máxime en una sociedad telemática como la que vivimos y, más aún, a la que nos dirigimos, permitiendo con ello la conciliación de los profesionales y su vida personal o al menos facilitándola.

En la práctica, con la presentación de un informe médico se están suspendiendo juicios, pero lo cierto es que sería precisa una regulación en tal sentido que no permita interpretación, así como la regulación de la incomparecencia de una de las partes a la que debiera de darse la posibilidad de explicar la misma y si esta no es aceptable que le ampare el perjuicio legal, pero no dejar en manos de letrados adversos que ven cómo ganan un pleito que tenían perdido o no sabían defender por un problema personal del colega de profesión contrario.

España tiene, somos, los peores abogados del mundo, pues defendiendo los intereses ajenos, dejándonos la piel por los clientes -se lo merezcan o no-, luchando incluso contra nuestros principios en pos de una verdad procesal, llegado el momento, no somos capaces de defender lo propio, para, cuando llega nuestro final, una Mutualidad creada por nosotros, gestionada por nosotros, pagada por nosotros -algunos fuimos obligados a estar en ella- llegada nuestra jubilación, nos devuelve durante unos años, no hasta finar, una miseria que no alcanza ni el SMI, para cuando alguno clama, otros le digan que ese es un problema que se tiene que resolver cada uno.

La Administración de Justicia y los operadores jurídicos nos merecemos el mismo respeto que el resto de trabajadores y abordar el problema que carcome el seno de la misma con urgencia, coherencia, seriedad, solvencia y sin hacer de la telemática la solución que debe de cursar en las personas y en una especial sensibilidad que se debe inculcar a los que en ella laboran.