Dice el refrán que: “Poco dura la alegría en la casa de los pobres”. Tan poco que nos vemos obligados a dejar nuestro tema taurino preferido, para volver a analizar la situación política española, ahora, en el tema educativo por aquello de que los padres se muestran reacios a llevar a sus hijos a los colegios al carecer, estos, de protocolo claro de regularización.
Nuestro presidente del Gobierno, tras sus plácidas y suntuosas vacaciones, sigue trampeando y, tras mantener la distancia social, lanza la “pelota del COVID 19” a las Comunidades Autónomas al tiempo que se impone un nuevo escudo de protección en la persona de su ministra de educación Dª María Isabel Celaá Diéguez quien, en un nuevo acto de prepotencia, recuerda a los padres que el: absentismo escolar está tipificado por ley.
Ante esta disyuntiva de “tener que buscarse la vida” las Comunidades Autónomas, en una descoordinación total, como no podía ser de otra manera por la influencia disgregadora de esos partidos políticos que piensan en la destrucción de España, han tenido que elaborar sus propios protocolos.
Un verdadero caos pues son muchos los puntos clave a tocar y subsanar. Puntos que van desde los ratios de alumnos por clase, hasta el refuerzo de educación telemática, (tanto en centros como a nivel nacional para el caso de que los rebrotes nos lleven al cierre de centros y posterior confinamiento), sin dejar a un lado las diferencias de composición de plantillas, semi-presencialidad, aumentos de plantilla hasta 100.000 profesores a los que hay que sumar 20.000 sanitarios como medida excepcional en los centros educativos por el Covid.
Ahora el marrón lo tienen las Comunidades Autónomas que han de pensar con 17 criterios más o menos diferentes, por el Gobierno.
Pues, mientras unas no saben si la educación será presencial o telemática; otras contemplan desdoblar horarios o establecer turnos de tarde y finalmente otras; optan por hacer test de coronavirus a todo el personal de los centros.
De momento parece ser que el protocolo más coherente es el de la Comunidad de Madrid que incluye presencial en Infantil, Primaria, 1º y 2º de la Eso y distintas fechas de comienzo de curso. Un coordinador de Covid por centro, 6.100 cámaras en aulas y 70.000 ordenadores.
Todo esto representa un coste económico que no sé si será suficiente con los 140. 000 millones de euros que esperamos como el maná de la C:E.
Parece ser que con la finalidad de ahorrar algo, se prescindiría de los sanitarios en los centro que, a pesar de ser necesarios para la atención de los alumnos con problemas de salud, nunca han existido y su labor sería desempeñada (en otra chapuza más) por profesores coordinadores de Covid carentes de cualificación sanitaria.
La Educación ha sido y es la Eterna olvidada, por aquello de no interesar a los Gobiernos en el poder, alumnos eficientemente preparados con mentes pensantes y con criterio.
Ahora el Ministerio de Educación lanza un modelo de actuación al aire y luego buscará responsabilidades lejos de su ámbito de actuación
El gobierno ha trabajado únicamente en un Plan A que es fijar la vuelta presencial a las aulas, pero no ha previsto un Plan B para el caso, más que probable de rebotes que lleven finalmente a un cierre de centros e incluso a un nuevo confinamiento, donde una plataforma de conectividad sería de vital importancia.
Ya tenemos el precedente de países en mejor situación sanitaria respecto al COVID que ha tenido que cerrar centros educativos tras el comienzo del curso lectivo.
La EDUCACIÓN es una parcela importante en este territorio llamado España, donde después de las 8 reformas educativas llevadas a efecto, ninguna ha sido efectiva.
Ante la inminente apertura de curso, ahora a este Gobierno de improvisación, le han vuelto a “crecer los enanos” al haber permanecido seis meses en babia.
La Constitución Española tiene un Artículo concretamente el 27 que dice:
1.-Todos tienen derecho a la educación.
2.-La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
3.-Garantiza el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Esperemos que de ahora en adelante se cumpla.