La Junta de Castilla y León y las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) han firmado este lunes, 5 de octubre, una declaración conjunta para exigir al Ministerio cambios inmediatos en determinados requisitos de los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC) que se puedan aplicar ya en 2027.
El documento persigue una PAC "más flexible, más sencilla y más adaptada a la realidad de las explotaciones agrarias", según han destacado desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.
Precisamente, ha sido el departamento liderado por Joaquín Antonio Pino (Vox) el que ha firmado este documento junto a la alianza UPA-COAG, Asaja Castilla y León y la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL).
El objetivo de esta exigencia dirigida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es facilitar el cumplimiento de los ecorregímenes de la PAC y reducir las cargas a las que se ven sometidos agricultores y ganaderos.
La declaración conjunta ha sido trasladada al Ministerio a través de una carta que ha sido firmada por el consejero y en la que se pide la puesta en marcha inmediata de las modificaciones normativas necesarias para que las medidas puedan aplicarse en la próxima campaña.
Tanto OPAs como la Consejería comparten el criterio de que los objetivos ambientales de la PAC deben mantenerse, pero solicitan "requisitos proporcionados, aplicables y compatibles con la rentabilidad de las explotaciones".
Entre otras medidas, han planteado que las explotaciones que combinan regadío y secano puedan computar conjuntamente las superficies acogidas a la práctica de rotación con especies mejorantes.
Con ello, consideran que se permite que los agricultores sitúen estos cultivos allí donde resulten más adecuados desde el punto de vista agronómico y productivo.
De la misma manera, han pedido eliminar la obligación de dedicar un porcentaje específico a cultivos de leguminosas, a la par que se mantiene el requisito global de especies mejorantes pero dejando libertad al agricultor para escoger aquellas que mejor se adapten a su explotación.
Asimismo, la propuesta también reclama que los barbechos sean reconocidos directamente como espacios de biodiversidad, sin que sea necesario imponer nuevas actuaciones o costes adicionales para acceder a las ayudas pertinentes.
La Consejería ha recordado que, aprovechando "todas las posibilidades que ofrece la normativa", han buscado facilitar la gestión de las explotaciones agrarias y reducir las cargas administrativas.
Todo ello mientras han planteado al Ministerio modificar aquellos aspectos que exceden el ámbito competencial autonómico y que "requieren cambios en la regulación estatal".
A las medidas ya puestas en marcha, como la declaración de circunstancias excepcionales por la elevada presencia de topillo campesino que propició la flexibilización de los ecorregímenes, han decidido ahora ampliarlas extendiendo a la siembra directa la reducción al 25% de la superficie sometida a rotación y permitir igualmente el barbecho posterior a leguminosas.
La posición trasladada hoy al Ministerio y respaldada por las organizaciones profesionales agrarias parte de una "idea compartida: la competitividad del sector no se mejora multiplicando obligaciones administrativas, sino permitiendo que agricultores y ganaderos dediquen más tiempo a producir y menos tiempo a cumplir trámites".
“La sostenibilidad ambiental y la viabilidad económica no son objetivos incompatibles. Al contrario, la mejor garantía de conservación del territorio, del paisaje y del medio rural es que existan explotaciones agrarias rentables, profesionales y con capacidad para seguir produciendo", ha apuntado Pino
"El agricultor y el ganadero necesitan reglas claras, objetivos alcanzables y libertad para gestionar su explotación. Y ahí Castilla y León lleva toda la legislatura defendiendo exactamente la misma posición: utilizar todas las competencias disponibles para simplificar, flexibilizar y poner la administración al servicio de quienes viven del campo", ha concluido el consejero.