La alarma por la 'enfermedad de Newcastle' vuelve a encenderse en Castilla y León.

La confirmación de un nuevo foco —el número 28 en la Comunidad— en una explotación de unos 39.000 pollos de engorde no vacunados en Nava de Arévalo (Ávila) ha obligado a activar de inmediato las medidas de contención sanitaria, que incluyen el sacrificio y vaciado de la granja, restricciones de movimiento y el refuerzo de la vacunación en el entorno.

Sin embargo, el goteo incesante de casos ha colmado la paciencia del sector primario.

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha alzado la voz para denunciar la falta de información y la ausencia de una hoja de ruta clara para las explotaciones golpeadas por el virus.

Desde la organización agraria exigen a la Administración un protocolo de actuación ágil y transparente que fije con precisión los pasos, responsabilidades y tiempos desde que se detecta la sospecha hasta la desinfección y posterior repoblación de las naves.

Uno de los puntos más críticos señalados por la Opa es la incertidumbre financiera que afrontan los productores tras asumir el despoblamiento de sus granjas.

UCCL reclama luz y taquígrafos sobre el cuadro de indemnizaciones: exige saber qué conceptos se compensarán, cómo se calcularán las cuantías y en qué plazos reales se abonarán los pagos, recordando que las pérdidas no se limitan al sacrificio del ganado, sino que abarcan los costes de desinfección y el parón prolongado de la actividad económica.

Ante esto, la organización insta a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Agricultura a coordinarse de forma fluida con los servicios veterinarios para frenar la propagación de la enfermedad sin dejar desamparados a los ganaderos.