La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha reclamado que la respuesta política de España y de la Unión Europea a la entrada irregular de miles de personas en Ceuta no suponga nuevas concesiones comerciales, financieras o productivas a Marruecos que puedan perjudicar al campo español.
La organización agraria considera que la reacción a los incidentes registrados en Ceuta, y en menor medida en Melilla, debe centrarse en la protección de las fronteras, la lucha contra las redes de tráfico de personas y una gestión ordenada de los flujos migratorios.
"Los costes de esa respuesta no pueden trasladarse al sector agrario", sostienen desde UCCL.
Aunque por el momento no se ha anunciado ninguna medida que afecte directamente a la agricultura ni una ampliación de las preferencias comerciales para los productos marroquíes, la organización recuerda que la Unión Europea ya manifestó el pasado mes de enero su intención de modernizar las relaciones comerciales con Marruecos, facilitar inversiones estratégicas y reforzar la cooperación en el ámbito agrícola.
En este sentido, UCCL advierte de que "los lamentables incidentes del día 30 de julio no pueden servir de excusa para exponer aún más a nuestra agricultura a importaciones que no cumplen las exigencias productivas europeas".
Un acuerdo agrícola pendiente de aclarar
La organización reclama al Gobierno de España y a la Comisión Europea que aclaren "cuanto antes y de forma transparente" el alcance de cualquier negociación con Marruecos y garanticen que el sector agrario no será utilizado como moneda de cambio dentro de un acuerdo más amplio.
La preocupación, explica UCCL, se basa en precedentes recientes.
En concreto, recuerda el Memorándum de Entendimiento en materia agrícola y agroalimentaria firmado entre España y Marruecos en diciembre del pasado año, cuyo contenido sigue sin hacerse público.
Según la organización, el Ministerio de Agricultura rechazó facilitar el documento aludiendo a "la salvaguarda de los intereses de las relaciones exteriores del Gobierno de España, así como de sus intereses comerciales y económicos".
"Es complicado que en el campo nos fiemos de lo que vayan a acordar con estos precedentes", afirman desde UCCL.
Cuatro condiciones
La organización también defiende que la cooperación con Marruecos en materia migratoria y de control de fronteras no debe negociarse mediante contrapartidas que refuercen la capacidad agroexportadora del país vecino o incrementen la presión sobre los mercados agrícolas españoles y europeos.
Por ello, reclama que cualquier nuevo acuerdo cumpla cuatro condiciones.
La primera, que no se amplíen los contingentes, las preferencias arancelarias o las facilidades de acceso al mercado europeo para productos agrícolas sensibles sin una evaluación previa de su impacto sobre los productores comunitarios.
Además, pide que los fondos europeos o españoles no se destinen a aumentar la capacidad agroexportadora de producciones marroquíes que compiten directamente con las españolas sin garantías de reciprocidad social, ambiental y sanitaria.
También reclama una trazabilidad clara del origen de los productos, especialmente los procedentes del Sáhara Occidental, y la corrección de las deficiencias detectadas en la publicación de los datos aduaneros.
Por último, exige que se informe públicamente del contenido económico, comercial y sectorial de cualquier nuevo acuerdo con Marruecos y que el sector agrario sea consultado antes de su aprobación.