La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid ha señalado, a través de un comunicado, que el Real Decreto “protege a los inquilinos con contratos vigentes” pero “desincentiva a los propietarios a poner nuevas viviendas en el mercado”.
Esto sería, para la cámara, un “enorme perjuicio para las personas que quieren empezar a alquilar desde este momento, especialmente los colectivos más vulnerables”. Alerta de que “se protege al inquilino de hoy, pero no al de mañana”.
Desde la Cámara de la Propiedad Urbana han mostrado “su profunda preocupación y rechazo” ante unas “nuevas medidas en materia de vivienda que “vuelven a poner el foco en la protección del inquilino que ya tiene contrato”.
Todo, añaden, “sin abordar el problema fundamental del mercado del alquiler que es “la falta de vivienda”.
La organización advierte de que las medidas pueden tener un efecto especialmente preocupante a corto y medio plazo: reducir todavía más el número de propietarios dispuestos a poner sus viviendas en alquiler, dificultando el acceso a quienes necesitan encontrar una vivienda y generando una mayor presión sobre los precios.
CAMPRUVA quiere dejar claro, además, que el Real Decreto “sólo afecta a viviendas y a los contratos de arrendamiento de vivienda, por lo que no resulta aplicable a locales comerciales ni a otros tipos de inmuebles”
Se protege al inquilino que ya tiene vivienda
CAMPRUVA considera que el Real Decreto parte de un planteamiento “desequilibrado” al “reforzar la protección de quienes ya disponen de un contrato de arrendamiento, mientras deja sin respuesta a quienes están intentando acceder al mercado”.
Tal y como recoge la norma, se “blindan determinadas condiciones de los contratos y se amplía la posibilidad de prolongar su duración, inicialmente durante dos años, pero con una extensión que puede llegar a convertirse en prácticamente indefinida en determinadas circunstancias”.
Para CAMPRUVA, el problema es evidente: si se dificulta al propietario recuperar su vivienda y aumenta la incertidumbre sobre cuándo podrá disponer de ella, habrá menos propietarios dispuestos a alquilarla.
“¿De qué sirve proteger al inquilino de hoy si las medidas hacen que mañana haya menos viviendas disponibles para alquilar? Estamos protegiendo a una parte del mercado mientras hacemos más difícil entrar en él a quienes todavía necesitan una vivienda”, denuncia la entidad.
La consecuencia puede ser “una menor oferta, mayores precios y un endurecimiento de las condiciones que los propietarios exijan a los futuros inquilinos”.
Se endurecen las condiciones para el propietario
La Cámara considera “especialmente preocupante” el tratamiento que reciben los propietarios en materia de preavisos. El nuevo escenario establece “seis meses de antelación para el propietario frente a dos meses para el inquilino”, una diferencia que CAMPRUVA considera “claramente desproporcionada”.
A ello se añade la obligación de afrontar, en determinados supuestos, una indemnización de al menos un año al inquilino y calculada a precio de mercado, con independencia de que la renta establecida en el contrato fuera inferior.
“No estamos hablando de pequeños ajustes. Estamos hablando de cambiar radicalmente el equilibrio de derechos y obligaciones entre las partes y de trasladar al propietario una incertidumbre que puede durar años. ¿Quién va a querer poner una vivienda en alquiler en estas condiciones?”, plantea la Cámara.
Para la Cámara de la Propiedad estas medidas “no solo afectan al gran propietario. También perjudican al pequeño propietario que dispone de una o dos viviendas y que puede decidir retirarlas del mercado ante la falta de seguridad jurídica”
Más del 90% de las viviendas, en manos de personas físicas
La Cámara de la Propiedad considera “imprescindible” desmontar la idea de que el problema de la vivienda puede abordarse pensando exclusivamente en grandes tenedores.
Los últimos datos del Catastro muestran que, de los aproximadamente 24 millones de viviendas existentes en España, las grandes empresas poseen alrededor de un millón, el 4,4% del parque residencial.
Las administraciones, fundaciones y otras entidades suman unas 550.000 viviendas, aproximadamente el 2%.
El resto, más del 90%, está en manos de personas físicas. Dentro de este colectivo, el 52% tiene una única vivienda, el 38% dispone de entre dos y cinco, el 2,5% posee entre seis y diez y apenas el 0,7% tiene más de diez.
“¿De verdad podemos seguir diseñando las políticas de vivienda como si todos los propietarios fueran grandes fondos? La realidad es exactamente la contraria. La mayoría son personas físicas y, en muchos casos, pequeños propietarios. Si se les genera inseguridad, serán ellos quienes decidan no poner sus viviendas en alquiler”, señala CAMPRUVA.
¿Realmente es solo una cuestión de precio?
La Cámara considera que el debate sobre el alquiler está “simplificándose de manera excesiva al plantearlo únicamente como una cuestión de precios”.
La evolución de los precios está condicionada por múltiples factores, entre ellos la inflación, situada en torno al 5%, pero también por un elemento fundamental: el desequilibrio entre una demanda elevada y una oferta insuficiente.
CAMPRUVA defiende que muchos propietarios estarían dispuestos a moderar el precio de sus viviendas si contaran con garantías suficientes y, sobre todo, con seguridad jurídica.
“¿Realmente el problema es únicamente el precio? Hay propietarios que estarían dispuestos a bajar sus expectativas si tuvieran garantías y supieran que las reglas no van a cambiar continuamente. Lo que desincentiva la oferta es la incertidumbre”, afirma la organización.
¿Quién paga las soluciones habitacionales?
CAMPRUVA reclama también respuestas concretas sobre uno de los aspectos que considera más preocupantes del nuevo escenario: la atención a las situaciones de vulnerabilidad.
La Cámara considera imprescindible definir con claridad qué se entiende por persona vulnerable, establecer criterios objetivos y determinar quién asume las consecuencias económicas de esa situación.
“También habría que preguntarse quién es vulnerable. Porque probablemente muchos propietarios de hoy también lo sean y dependan de los ingresos de una vivienda para hacer frente a sus propias obligaciones”, apunta.
El Real Decreto contempla soluciones habitacionales cuya gestión, según el modelo previsto, puede recaer en las comunidades autónomas a través de terceros. Sin embargo, CAMPRUVA considera que existen preguntas fundamentales que siguen sin respuesta: ¿quién va a pagar esas soluciones?, ¿con qué presupuesto?, ¿qué administración va a asumir el coste? y ¿qué recursos existen realmente para aplicarlas?
La Cámara considera especialmente preocupante que se aprueben nuevas obligaciones sin conocer todavía con qué presupuesto se van a financiar.
CAMPRUVA reclama asimismo saber si se ha reforzado suficientemente el sistema judicial para hacer frente a las situaciones derivadas de la aplicación de estas medidas.
“Si se incrementan las obligaciones de los propietarios, pero no se agilizan los procedimientos judiciales cuando surgen conflictos, se está trasladando todo el riesgo a una de las partes. No podemos pedir al propietario que asuma cada vez más obligaciones y después dejarle años esperando una solución”, denuncia.
Años de intervencionismo sin resolver el problema
La Cámara cuestiona además que, después de años de políticas intervencionistas en materia de vivienda, se vuelva a apostar por medidas que, a su juicio, no atacan el problema de fondo y pueden terminar agravándolo.
CAMPRUVA reclama una explicación sobre por qué se siguen adoptando medidas de este tipo después de comprobar que las políticas aplicadas hasta ahora no han conseguido aumentar de forma suficiente la oferta de vivienda en alquiler.
“¿Por qué, después de tantos años legislando sobre el mercado de la vivienda, seguimos recurriendo a las mismas recetas? Si las políticas intervencionistas no han conseguido resolver el problema de la oferta, insistir en ellas no parece la solución”, afirma la Cámara.
La organización cuestiona también que las nuevas medidas “sean fruto de una planificación a largo plazo y reclama un verdadero diálogo con todas las partes implicadas”.
“La vivienda no se puede legislar a golpe de improvisación ni pensando únicamente en una de las partes. Hay que escuchar al propietario y al inquilino y, sobre todo, hay que analizar qué consecuencias tendrá cada decisión dentro de cinco o diez años”, señala CAMPRUVA.
Menos propietarios dispuestos a invertir significa menos viviendas disponibles
Para la Cámara, una de las consecuencias más graves de este escenario es que puede “desincentivar la inversión en vivienda tanto entre los grandes propietarios como entre los pequeños”.
Si la rentabilidad y la seguridad de la inversión se reducen y aumenta la incertidumbre sobre la disponibilidad del inmueble, CAMPRUVA considera lógico que algunos propietarios opten por no alquilar, vender o buscar otras alternativas.
“Si queremos más vivienda en alquiler, no podemos castigar la decisión de poner una vivienda en el mercado. Hay que conseguir justo lo contrario: que al propietario le resulte atractivo alquilar, que tenga garantías y que sepa cuáles son las reglas del juego”, reclama.
CAMPRUVA pide dejar de mirar solo al inquilino de hoy
La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid considera que proteger al inquilino es compatible con proteger también la oferta y los derechos de los propietarios.
Por ello, reclama que las políticas de vivienda dejen de plantearse exclusivamente desde la perspectiva de quien ya tiene un contrato y tengan también en cuenta a quienes hoy no pueden acceder a una vivienda y a quienes necesitarán hacerlo en los próximos años.
“El verdadero fracaso sería conseguir que el inquilino de hoy esté más protegido mientras el inquilino de mañana no encuentra vivienda. Si queremos solucionar el problema, hay que aumentar la oferta, no reducirla”, concluye CAMPRUVA.
La organización reclama finalmente seguridad jurídica, estabilidad normativa, incentivos para poner viviendas en alquiler, soluciones habitacionales con financiación suficiente y un sistema judicial capaz de resolver los conflictos con rapidez, como condiciones imprescindibles para afrontar el problema de la vivienda.