La convocatoria de una huelga general anunciada por los sindicatos llega con las urnas ya en el horizonte y con la patronal de Castilla y León poniendo el foco precisamente ahí: en el carácter político, más que laboral, de las reivindicaciones planteadas.
CEOE Castilla y León considera “difícilmente justificable trasladar a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica las consecuencias” de un paro que, a su juicio, responde fundamentalmente a cuestiones que quedan fuera del ámbito empresarial.
La organización empresarial no ha tardado en marcar distancias con la iniciativa de las organizaciones sindicales mayoritarias.
Y lo hace, además, cuando el país se encamina a unas elecciones generales anticipadas y los ciudadanos están llamados a las urnas el próximo 29 de noviembre.
Un contexto que, para la patronal, no es menor y que obliga a mirar con lupa una movilización cuyo trasfondo parece ir mucho más allá de las relaciones entre empresarios y trabajadores.
Así, después de un largo periodo de escasa movilización sindical, los sindicatos vuelven a levantar la voz y llaman a salir a la calle precisamente cuando el calendario político coloca unas elecciones a la vuelta de la esquina.
La coincidencia no pasa inadvertida para CEOE Castilla y León, que advierte de que una huelga planteada alrededor de asuntos como la vivienda o posibles cambios legislativos y presupuestarios parece dirigir su presión hacia decisiones que corresponden a las administraciones públicas, no a las empresas.
“Las cuestiones planteadas en relación con la vivienda y con posibles modificaciones legislativas o presupuestarias corresponden al ámbito de decisión y responsabilidad de las administraciones públicas”, sostiene la patronal autonómica.
Desde esta perspectiva, las empresas aparecen como el destinatario de un coste que no les corresponde. CEOE Castilla y León insiste en que el tejido productivo “no puede convertirse en destinatario indirecto de una protesta dirigida hacia decisiones que no forman parte de su ámbito de actuación ni dependen de ellas”.
“Utilizar la actividad productiva como instrumento de presión ante cuestiones de carácter político o legislativo supone trasladar al tejido empresarial un coste que no le corresponde y generar una incertidumbre añadida en el normal funcionamiento de la economía”, señalan desde CEOECyL.
Quejas de la patronal
Con las elecciones generales ya convocadas, la protesta sindical corre el riesgo, a ojos de los empresarios, de parecer más dirigida contra la oposición o contra determinadas decisiones políticas que contra el Gobierno de turno.
Al menos, la proximidad de la cita electoral introduce un elemento que difícilmente puede ignorarse.
CEOE Castilla y León considera “especialmente relevante” esta circunstancia y reclama que el proceso electoral se desarrolle “desde la normalidad democrática, el respeto institucional y la responsabilidad de todos los actores”.
Pero la patronal también baja el tono y pide esperar. Porque, de momento, hay más anuncio que concreción.
La huelga está pendiente de ratificación, no tiene fecha fijada y tampoco se ha formalizado el correspondiente preaviso. La información disponible, recuerdan los empresarios, sigue siendo limitada.
Por eso, la organización empresarial reclama “prudencia hasta” conocer los términos definitivos de la convocatoria. Será entonces, una vez definidos su alcance, objetivos y condiciones, cuando corresponda analizar con rigor tanto el contenido de la protesta como su encaje jurídico.
Mientras tanto, CEOE Castilla y León deja clara su posición. Defenderá “como siempre, la seguridad jurídica, la libertad de empresa y el normal funcionamiento de la actividad económica” y reclama que las empresas de la Comunidad no tengan que asumir las consecuencias de conflictos que, según sostiene, “exceden de su ámbito de responsabilidad”.